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Llevo más de dos años escribiendo esta columna en El Colombiano, desde que empecé a opinar en los pasillos de la Facultad de Derecho. Escribir y dejar constancia de lo que uno piensa en cada momento es, para mí, un ejercicio de supervivencia racional. Por eso agradezco al Panel de Cifras y Conceptos por reconocerme como uno de los columnistas destacados de Antioquia. Dicho esto, sigamos.
Esta es la tercera entrega sobre el Global Risks Report 2026 del WEF y Colombia. En la columna anterior revisé la fractura del multilateralismo. Hoy hablaré de la polarización de valores, que el WEF ubica entre los riesgos de mayor severidad a corto plazo.
El primer caso es la Unidad Nacional de Protección. Su nuevo director, Didier Blanco, llegó sin experiencia en seguridad personal, pero con un historial público de publicaciones agresivas contra opositores. Lo notable es que las dudas sobre su imparcialidad vinieron hasta de congresistas de la propia coalición de gobierno: Rafael Nieto Loaiza y Daniel Briceño, ambos del Centro Democrático, advirtieron que no sentían garantías frente a la entidad que decide, con criterios técnicos que deberían ser neutrales, quién recibe protección del Estado y quién no. Eso es exactamente lo que el WEF describe como el mecanismo de la polarización: cuando una institución diseñada para proteger la vida empieza a percibirse como un instrumento político, la confianza se erosiona.
El segundo caso, más grave por su alcance constitucional, es la JEP. El recorte del 90% a su presupuesto, anunciado desde julio, ya generó una advertencia del magistrado Alejandro Ramelli. Mientras escribo esta columna, el Congreso vota el monto del Presupuesto 2027 —el plazo vence el martes, un día antes de que se publique esta columna—. Ramelli volvió a advertir que un recorte adicional de $125.000 millones dejaría a la Jurisdicción sin capacidad de monitorear sentencias ni cerrar investigaciones, en la fase más crítica de los macrocasos activos. No es un ajuste administrativo cualquiera: es la jurisdicción que Colombia se dio a sí misma para no resolver otra vez el conflicto por las armas. Quedan preguntas sin responder, y las dejo abiertas porque nadie en el Gobierno las ha contestado: ¿qué pasa con las víctimas que ya tienen sentencia en firme? ¿Con los excombatientes que ya cumplieron su parte del Acuerdo? Y si además salimos de la CPI, ¿de quién dependerá esa garantía cuando la justicia interna no llegue?
Aquí aparece una contradicción: mientras se estrangula presupuestalmente a la JEP, el Gobierno radicó un presupuesto 2027 de $634,9 billones —$59,2 billones más que la versión de Petro—, tras prometer en campaña reducir el Estado en 40%. No sobra el dinero: sobran las excusas.
Reconozco que la JEP tiene fallas legítimas de lentitud y resultados. Pero asfixiarla no es reformarla: es transferir el costo a las víctimas.
En la próxima columna entro de lleno a esa contradicción fiscal: la deuda, la gira a Washington y un presupuesto que crece mientras el discurso oficial insiste en la austeridad.
