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El 3 de marzo de 2026, a cinco días de las elecciones legislativas, la Policía detuvo en las carreteras de La Guajira, a Luis Alfredo Acuña Vega. No era un ciudadano cualquiera. Era el escolta de la Unidad Nacional de Protección asignado al esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes. En el vehículo: $145 millones en efectivo, distribuidos en siete sobres de manila marcados con nombres de municipios y un corregimiento. Y encima, publicidad electoral de Daniel Restrepo Carmona, candidato conservador al Senado.
El caso resumía, en un solo automotor, todo lo que está mal con la política colombiana.
Restrepo no es un nombre que aparezca solo. Es el heredero político declarado del senador Carlos Andrés Trujillo, el parlamentario paisa que durante años construyó un poder electoral improbable: decenas de miles de votos en La Guajira, un departamento que no es el suyo, con una red de operadores locales tejida con paciencia y recursos que nunca nadie explicó del todo. Lacouture es parte de esa red.
Lo que ocurrió no fue una anomalía. Fue la fotografía de un sistema.
Trujillo lleva años siendo señalado. Olmedo López, el director de la UNGRD cuando estalló el escándalo por 40 carrotanques comprados con dineros públicos para llevar agua a La Guajira que nunca llegaron a ninguna parte, se desempeñó como secretario de Ambiente cuando Trujillo fue alcalde de Itagüí. Hay además una carretera en Uribia, inconclusa, adjudicada por $36.500 millones, sobre la que existen declaraciones ante la Fiscalía señalando que su contratación buscaba favorecer al propio Restrepo. Mismos nombres. Mismo departamento. Mismo patrón.
El desenlace judicial fue predecible. Un juez declaró ilegal la captura del escolta. Ordenó devolverle el dinero. Lo dejó ir. El abogado defensor explicó, con toda la calma del mundo, que tener efectivo en sobres no es delito. Técnicamente, tiene razón. En Colombia, la impunidad suele ser técnicamente correcta para quienes pueden contratar pomposos abogados.
Cinco días después, el 8 de marzo, los colombianos votaron. Daniel Restrepo obtuvo 122.380 votos en todo el país y ganó su curul en el Senado. En La Guajira, el departamento de los sobres, cosechó más de 13.000 votos — la segunda votación del Partido Conservador en ese territorio, solo detrás de Wadith Manzur, recientemente capturado por su presunta participación en el mismo escándalo de la UNGRD.
Es decir: los dos conservadores más votados en La Guajira tienen, cada uno, una sombra judicial encima por robarse recursos públicos que iban para atender a los más pobres de ese departamento.
La pregunta no es si hubo compra de votos. La pregunta es cuánto costó cada uno de esos 13.000 votos, quién pagó la cuenta, y si la justicia colombiana tendrá esta vez la voluntad de responderla. Las capturas ocurrieron. Las pruebas existen. Los nombres son públicos. Lo que falta no es información — lo que falta es consecuencia.
Porque en Colombia no hay democracia sin justicia electoral. Y hoy, la justicia electoral sigue siendo, en demasiados casos, una promesa que se declara ilegal antes de cumplirse.
