El auxilio de transporte subió 23 % al pasar de $162.000 a $200.000 para 2025. Con esto incluido, el mínimo quedó en $1.623.500. Estos son los pros y contra.
Luego de cinco sesiones de la Comisión Permanente de Concertación, dos encuentros de la subcomisión de productividad y alrededor de 15 reuniones bilaterales, las partes —representantes de sindicatos y empresarios— no lograron llegar a un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para 2025, por lo que finalmente fue decretado por el Gobierno Nacional.
Fue el 24 de diciembre, en medio de una novena celebrada en el colegio La Salle, en Zipaquirá, Cundinamarca, que el presidente Gustavo Petro anunció la cifra oficial: el alza del salario mínimo que regirá en el país a partir del primero de enero de 2025 será de 9,54 %. Esto representa un aumento de $123.500 frente a 2024 —sin el auxilio de transporte—, lo que significa que la nueva asignación será de $1.423.500.
Ahora, el subsidio del transporte fue incrementado en $38.000, pasando de $162.000 a $200.000, un alza de 23 %. Esto quiere decir que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el transporte, quedará en $1.623.500 el próximo año.
La base de cotización para salud y pensión lo calculan las empresas según el salario mensual del trabajador, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente (SMLV) o superior a 25 SMLV.
En cuanto a salud, el aporte total es del 12,5%: de este porcentaje, el empleador paga el 8,5% con base al salario del empleado, que para este año equivalía a $110.500, de los cuales 4%, $52.000, los asume el trabajador con su sueldo. Con este incremento, a la empresa le correspondería pagar $120.955.
Para pensión se debe realizar una contribución del 16%, donde el empleador aporta el 12%, es decir, $156.000, de los cuales el trabajador pone 4%, que son $52.000. Con el ajuste para 2025, las empresas tendrán que poner $113.840.
Sobre la ARL, el valor depende del nivel de riesgo asociado al trabajo. El aporte para una ARL de nivel 1 sería de $7.428.
Otros pagos adicionales que deben hacer las empresas están relacionados con las prestaciones sociales: las dos primas de servicios que se pagan al año (junio y diciembre), las cesantías, que se deben consignar al fondo privado (AFP) o la Fondo Nacional de Ahorro (FNA), y los intereses a las cesantías que se pagan una vez al inicio de cada año (30 de enero).
Con lo anterior, el costo de un empleado, con parafiscales, llegaría a $1.865.216 al mes. Sin embargo, hay otros pagos adicionales que deben hacer las empresas y que están relacionados con las prestaciones sociales: las dos primas de servicios que se pagan al año (junio y diciembre); las cesantías, que se deben consignar al fondo privado (AFP) o la Fondo Nacional de Ahorro (FNA), y los intereses a las cesantías que se pagan una vez al inicio de cada año.
En total, sumando estas prestaciones sociales más los parafiscales, cada trabajador le costaría a una empresa alrededor de $2.417.000 a partir del próximo año.
El incremento que decretó el presidente Petro ha sido motivo de diversos debates: unos a favor, apelando a los derechos de los trabajadores; y otros en contra, argumentando los costos que tendrán que asumir las empresas y la informalidad.
De hecho, una de las críticas ha sido que el alza se dio por encima de la inflación, que se proyecta en alrededor del 5,1% para el total de 2024 (la cifra se revelará en enero de 2025). Así, en términos reales, el aumento se ubicaría en 4,4%, similar al de 2022, cuando fue de 4,2%.
Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “este aumento es uno de los más altos del siglo en términos reales (descontando la inflación)”. Y recordó que el porcentaje que se decretó en 2022 “generó efectos negativos en el mercado laboral y los precios, al aumentar la inflación durante ese año y el siguiente (...) El aumento del salario mínimo para 2025 es de los más altos del siglo en términos reales”.
Desde la óptica de Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, con este incremento del 9,54%, junto al “desmesurado” aumento del auxilio de transporte (18% real) “podemos esperar un 2025 con mayor inflación, altas tasas de interés por más tiempo y un deterioro en el mercado laboral”.
Sobre la informalidad y el desempleo que se podría generar, Mejía afirmó que, si bien el dato que decretó el Gobierno luce como una buena noticia para los trabajadores formales que ganan un salario mínimo, en la práctica tendría dos efectos primordiales. “Uno, al encarecer sustancialmente el costo del empleo formal, inducirá aún más la contratación informal, especialmente en las microempresas; y dos, presionará al alza la inflación, retrasando la reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República”, dijo
Al respecto, desde el Observatorio de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana indicaron que esta alza del salario solo le aplicará al 17% de los trabajadores de Colombia. “El aumento del salario mínimo solo le aplica al 14% que gana exactamente el mínimo; a menos del 1% que ganan más de 10 salarios mínimos y tienen salario integral; a los empleados públicos (más de 500.000) que no negociarán un incremento menor, y a los congresistas y altos funcionarios del Estado”.
De esta manera, concluyeron, el restante de los empleados, es decir, el 83%, “estaría viviendo entre la informalidad, precariedad y aumentos menores. El 2025 no será un año de ganancias en formalización, probablemente va a ser un año donde aumente el desempleo y la no participación”.
Sin embargo, desde la otra orilla opinan que no es cierto que el incremento del mínimo lleve a más pobreza y desempleo.
Enrique Correa De La Hoz, socio fundador del Centro de Estudios Laborales Correa de la Hoz y doctor en Derecho del Trabajo, explicó que experiencias internacionales, como las de Brasil y México, muestran resultados opuestos.
“En Brasil, los incrementos reales del salario mínimo durante el gobierno de Lula da Silva redujeron la pobreza extrema y mejoraron la distribución del ingreso. En México, aumentos del 78% en el salario mínimo, entre 2018 y 2023, disminuyeron la pobreza laboral, fortaleciendo la capacidad de consumo sin afectar la estabilidad económica. En Colombia, los incrementos reales y significativos del mínimo son necesarios para combatir la pobreza laboral y dinamizar la economía”, comentó.
Añadió que al fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, se dinamiza el consumo interno y se impulsan sectores clave como los alimentos, el comercio y los servicios: “En un país donde las desigualdades de ingreso están profundamente arraigadas y donde el 44% de la desigualdad se encuentra determinada por circunstancias desde el nacimiento, incrementar el salario mínimo es una herramienta clave para reducir estas brechas y promover una mayor equidad económica”.
A la par del salario mínimo, hay una serie de precios de bienes y servicios que se fijan con base en este incremento y que se harán efectivos desde los primeros días de enero.
Entre ellos está el copago de las EPS, que son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del servicio demandado. También aumentarán los pasajes de transporte público y algunas multas de tránsito, como las fotomultas y el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat). Otros servicios son la pensión mínima y aportes voluntarios; las tarifas judiciales y legales, como las tasas notariales.
Cabe resaltar que el mínimo también es la base para calcular cuánto debe ser la remuneración para quienes reciben un pago diario, como las empleadas domésticas que laboran por días o los jornaleros.
Gloría Ramírez, ministra del Trabajo, aseguró que van a seguir revisando para que algunos bienes, servicios y artículos se desindexen. Estima que serán aproximadamente 200 los productos desindexados. “Ya ratificamos los 188 productos, y le hemos solicitado a Hacienda para que nos diga qué otros productos y bienes pueden ser desindexados”, declaró.
