La Refinería de Cartagena (Reficar) podría detener sus operaciones en los próximos 15 días. La razón: un concepto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que obliga a Ecopetrol, su casa matriz, a pagar el 19% de IVA por la importación de gasolina y diésel.
La medida implica un cambio sustancial en la forma en que la petrolera asumía el tributo. Hasta mayo de este año, el impuesto que Ecopetrol pagaba por las compras externas de combustibles era del 5%.
Con el nuevo concepto, la tasa sube a 19% y se aplica de forma retroactiva, lo que genera una presunta deuda de $1,5 billones entre 2022 y 2024.
Reficar opera bajo el régimen de zona franca, lo que significa que todo el combustible que vende en el país se considera una importación. La Dian sostiene que Ecopetrol no cobró el IVA correspondiente en las ventas internas de gasolina y diésel, lo que habría afectado la recaudación tributaria nacional.
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La postura de la USO: “Una tormenta perfecta contra Ecopetrol”
Frente a lo anterior, la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más representativo del sector petrolero en Colombia, encendió las alarmas ante lo que considera un ataque simultáneo a los principales pilares de Ecopetrol.
En un comunicado, la organización denunció que el cobro de $1,5 billones en IVA por parte de la DIAN contra Reficar pone en riesgo no solo la operación de la refinería, sino también la estabilidad laboral de 4.600 trabajadores y el abastecimiento energético del país, especialmente en la Costa Caribe.
Para la USO, el cobro del IVA del 19% constituye un acto “arbitrario y desproporcionado”, derivado de una auto interpretación del Estatuto Tributario por parte de la autoridad fiscal.
Según el sindicato, la Dian aplicó el concepto sin un sustento jurídico sólido y con retroactividad sobre los años 2022 a 2024, a pesar de que Reficar siempre operó bajo un régimen de zona franca.
“La decisión de la Dian puede llevar al embargo de las cuentas de Reficar, obligándola a detener su operación, lo que sería un golpe directo a la infraestructura energética nacional”, advirtió la USO.
La USO también contextualiza el cobro dentro de un panorama más amplio que denomina “la tormenta perfecta contra Ecopetrol”. Este escenario estaría conformado por tres decisiones del Gobierno que, en conjunto, comprometen la estabilidad de la principal empresa estatal del país:
1. La venta del Permian, el activo petrolero más rentable de Ecopetrol en Estados Unidos.
2. El cobro retroactivo del IVA de la Dian a Reficar, que amenaza con paralizar la refinería.
3. La negación constante de licencias ambientales por parte de la ANLA, que dificulta la exploración y producción de hidrocarburos.
Para la USO, estas acciones no son hechos aislados, sino un patrón de decisiones que están debilitando progresivamente a la petrolera estatal.
“La suma de estas medidas puede conducir a la quiebra de Ecopetrol y con ella a la pérdida del patrimonio energético más importante que tienen los colombianos”, advirtió la organización sindical.
“No se trata solo de defender una empresa, sino de proteger la principal riqueza del país. Si se detiene Reficar, se apaga el corazón energético de Colombia”, enfatizó la Junta Nacional del sindicato.
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La Andi alerta por el impacto fiscal y energético
Desde el sector empresarial, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) también criticó la medida.
“Desangrar a Reficar y a Ecopetrol para llevarse los recursos al Gobierno nacional no solo es una torpeza, sino probablemente el mayor daño a los activos de la Nación”, advirtió Bruce Mac Master, presidenta de la Dian.
La Andi agregó que restringir la capacidad operativa de las dos principales proveedoras de combustibles del país sería un error estratégico, con consecuencias graves para la estabilidad energética, la competitividad y el empleo.
El abogado Alejandro Linares Castillo, apoderado de la refinería, advirtió que un embargo de cuentas “provocaría el cese de operaciones en un plazo entre 7 y 11 días, poniendo en riesgo el suministro nacional de combustibles”.
Si Reficar se apaga, dejaría de procesar 200.000 barriles diarios, con pérdidas cercanas a US$23 millones mensuales en EBITDA. Además, el impacto fiscal sería significativo: el Distrito de Cartagena dejaría de recibir $146.000 millones anuales en impuestos locales, y se perderían 2.500 empleos directos e indirectos.
El eventual cierre también pondría en aprietos a Ecopetrol. Algunos de sus bonos incluyen cláusulas que se activarían automáticamente si una filial sufre un embargo, lo que podría hacer exigible de inmediato la deuda total de la petrolera, estimada en $120 billones.
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