Desde la medianoche de este domingo, 1° de febrero, entró en vigor una de las medidas más duras en la relación bilateral reciente: Colombia y Ecuador comenzaron a aplicarse aranceles del 30% a sus productos.
La decisión golpea de lleno un intercambio comercial que supera los 2.800 millones de dólares al año y abre un escenario de alta incertidumbre para empresas, transportadores y consumidores en ambos lados de la frontera.
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Transportadores y comerciantes en la frontera protestan
La frontera entre Colombia y Ecuador se ha convertido en un foco de alta presión comercial y logística, con decenas de camiones acumulados a ambos lados del límite binacional en un intento por despachar mercancías antes de las nuevas restricciones.
En este contexto, transportadores de ambos países anunciaron una movilización binacional como un llamado urgente al diálogo entre los gobiernos. Desde la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño convocaron la Marcha por la Dignidad Fronteriza, una movilización prevista para reunir a más de 1.000 camioneros y transportadores el próximo martes 3 de febrero de 2026.
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“Queremos que los dos gobiernos nos escuchen y una forma de hacernos visibles es hacer una caravana vehicular y una caminata, donde colombianos y ecuatorianos convergeremos en el puente internacional de Rumichaca. Es inaudito que, en el marco de la Comunidad Andina y siendo un mercado libre, existan estas restricciones. La mejor y más rápida forma de solucionarlo es por la vía del diálogo”, advirtió Manuel Romo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño, a Caracol Radio.
Flujo comercial en la frontera podría caer hasta 40%, alertan gremios y transportadores
Gremios empresariales y transportadores advierten que el flujo comercial en la frontera podría caer hasta en un 40%, un impacto que afectaría de forma directa a los negocios de regiones como Ipiales y Nariño y que, además, podría incrementar los riesgos de inseguridad y contrabando ante un mayor uso de pasos irregulares.
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“Esto no solamente pone en riesgo la seguridad de la frontera, sino también todos esos negocios y socios comerciales que se tienen y con estos aranceles nos hacen menos competitivos”, afirmó Alfredo Buchelli, director de Fenalco Nariño.
El dirigente gremial explicó que Colombia exporta significativamente más de lo que importa desde Ecuador, por lo que el mayor impacto recaerá sobre los bienes que se envían al país vecino. Añadió que varias empresas colombianas compiten con productos similares a los que Ecuador adquiere desde Perú y que, con un sobrecosto del 30%, la oferta colombiana pierde atractivo frente a la peruana.
A su juicio, el resultado podría ser una especie de suma cero: Ecuador buscará productos sustitutos y Colombia hará lo mismo, pero el verdadero problema será la pérdida de exportaciones ya consolidadas y la necesidad de abrir nuevos mercados, un proceso que requiere tiempo y mayores costos.
Seguridad y balanza comercial, los argumentos de Ecuador
Sin previo aviso, el pasado 21 de enero y en medio de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que a partir del 1° de febrero impondría un arancel o “tasa de seguridad” del 30% a productos colombianos.
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La decisión fue presentada como una respuesta a “la falta de cooperación en la frontera” y hasta “que exista un compromiso real por parte de Colombia para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal, con la misma seriedad y determinación que Ecuador ha asumido en la protección de su territorio”. A esto se sumó una balanza comercial desfavorable para Ecuador, cuyo déficit comercial supera los 1.000 millones de dólares anuales.
El mandatario ecuatoriano acusó al presidente Gustavo Petro de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de cocaína que sale desde Colombia hacia Ecuador, país que se ha convertido en una plataforma clave para el envío de droga por vía marítima a Estados Unidos y Europa, en un contexto de creciente violencia interna.
La respuesta de Colombia
La reacción del Gobierno colombiano fue inmediata y se materializó en la imposición de un arancel del 30% a cerca de 50 productos ecuatorianos, entre ellos alimentos básicos como frijoles, arroz y plátano, además de aceites, azúcar, llantas, calzado, tubos de aluminio, envases, alcoholes etílicos e insecticidas.
A esto se sumó la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica. Según cifras de Analdex, ese país es el sexto destino de las exportaciones colombianas y el segundo mercado para los envíos no minero-energéticos.
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La disputa por energía y petróleo
Una de las decisiones más contundentes adoptadas por el Gobierno colombiano fue la suspensión de la venta de energía eléctrica.
Aunque la medida está justificada en la priorización de la demanda local y en la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico colombiano ante escenarios de menor generación y mayor presión sobre la oferta, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reconoció que “cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos”.
Las consecuencias de esta decisión comenzaron a sentirse en Ecuador, con sobrecostos diarios cercanos a los 2 millones de dólares, debido a la necesidad de sustituir la energía colombiana por alternativas de generación más costosas, como la térmica.
Pero esto no quedó ahí. Como un boomerang, Ecuador adoptó una medida que impacta directamente al sector petrolero colombiano: aumentó en 900% la tarifa por el transporte de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), elevando el costo de 3 a 30 dólares por barril.
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De acuerdo con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por este oleoducto circulan diariamente cerca de 30.000 barriles de petróleo, de los cuales al menos 10.000 pertenecen a la petrolera colombiana. El fuerte incremento tarifario, advirtió, encarece de manera significativa la operación y afecta la competitividad del crudo colombiano que utiliza esta ruta de exportación.
Por ahora, estas medidas cruzadas dejan claro que, mientras no se restablezcan el diálogo y la confianza entre los dos gobiernos, los costos continuarán trasladándose a las empresas, los transportadores y las finanzas públicas, con el riesgo de profundizar el deterioro de una relación bilateral estratégica para la región.
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