La empresa de Grupo Argos salió en defensa de la actual concesión Autopistas del Café y advirtió de los riesgos para inversiones por cambios en peajes y contratos.
Una de las obsesiones que desde hace varios meses tiene el presidente Gustavo Petro son las concesiones viales y, en particular, las casetas de peaje en las que se recoge el dinero que sirve para pagar las obligaciones del concedente (el Gobierno Nacional) contrae con el concesionario (constructor y operador de la vía).
Entre los puntos de mira del mandatario están desde hace un tiempo la llamada concesión vial Autopistas del Café y la Iniciativa Privada (IP) Conexión Centro que están a cargo de Odinsa, la filial de concesiones del Grupo Argos.
La discusión sobre el futuro de Autopistas del Café y la IP volvió al centro del debate nacional tras las protestas ocurridas en Caldas contra los peajes y las propuestas para implementar tarifas diferenciales en el corredor vial.
En medio de ese escenario, Gustavo Ordóñez, director ejecutivo de Odinsa Vías, defendió el modelo de concesión y aseguró que la región necesita mantener un esquema de asociación público-privada para ejecutar nuevas inversiones estimadas en $7 billones.
El empresario reiteró que la actual concesión (Autopistas del Café), de primera generación, terminará definitivamente en 2027 y no podrá extenderse más allá de ese plazo.
“No estamos pensando en dar continuidad al contrato actual. Lo que presentamos al Gobierno fue una nueva iniciativa privada con infraestructura adicional para la región”, explicó.
La propuesta impulsada por Odinsa denominada Conexión Centro contempla la construcción y mejoramiento de infraestructura vial en Caldas, Risaralda y Quindío.
Según Ordóñez, el proyecto incluye 77 kilómetros de dobles calzadas, una variante de Calarcá de 5,8 kilómetros, 15 nuevas intersecciones, ampliación de otras cinco, 32 kilómetros de pasos urbanos y 50 kilómetros de ciclorrutas.
Además, plantea el mantenimiento de 334 kilómetros de calzada sencilla y la creación de subcuentas regionales por $180.000 millones para financiar obras definidas por las gobernaciones.
La iniciativa privada fue presentada hace cerca de 6 años y actualmente sigue en evaluación de factibilidad por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Ordóñez afirmó que el cronograma ideal es que la actual concesión termine en 2027 y que ese mismo año arranque una nueva concesión de quinta generación (5G) mediante licitación pública.
“El escenario más eficiente es que se alineen los tiempos de terminación de Autopistas del Café y el inicio de Conexión Centro”, señaló.
Uno de los principales focos de controversia ha sido el sistema de peajes del corredor, que actualmente opera con seis peajes y siete estaciones de cobro.
Ordóñez explicó que la propuesta inicial de la concesión contemplaba únicamente incrementos indexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque posteriormente se evaluaron escenarios de reducción y unificación de tarifas entre los trayectos Manizales–Pereira y Pereira–Armenia.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro planteó públicamente alternativas para reducir algunas tarifas en Caldas e incluso habló en su momento de una eventual compra estatal de la concesión.
Sin embargo, según Ordóñez, la discusión evolucionó y actualmente el Gobierno analiza la posibilidad de compensar con recursos públicos la diferencia entre las tarifas actuales y las reducidas para algunos usuarios.
“Ya no se habla de terminar anticipadamente la concesión, sino de asumir con presupuesto nacional las tarifas diferenciales”, afirmó.
Aclaró, no obstante, que todavía no existe una resolución formal del Ministerio de Transporte que establezca esas tarifas ni las condiciones para acceder a ellas.
El empresario advirtió que una reducción drástica de tarifas, como la posibilidad de bajar algunos peajes de cerca de $17.000 a alrededor de $700, implicaría que el Estado deba cubrir casi la totalidad de los ingresos dejados de percibir.
Autopistas del Café, explicó, opera bajo un esquema de ingreso mínimo garantizado propio de las concesiones de primera generación.
“Si el recaudo queda por debajo del ingreso mínimo, el Estado tendría que compensar la diferencia”, indicó.
Ordóñez aseguró que actualmente la concesión genera excedentes cercanos a $21.000 millones que suelen destinarse a mantenimiento y obras complementarias en la región.
En este punto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, precisó que hay una cuenta de excedentes de la concesión, administrada por la ANI. “Esa herramienta existe justo para medidas como las tarifas diferenciales.
En Autopistas del Café, las categorías 1 y 2 de comunidades de la zona de influencia de los peajes y con condiciones especiales recibirán el beneficio, pasarán de pagar $17.800 y más a solo $700. Sobre las demás categorías y condiciones, la mesa de diálogo continúa. Esta disminución del pago es hasta que finalice la reversión de la concesión cuyo contrato termina en 2027”.
Las manifestaciones iniciadas desde el 15 de mayo han tenido efectos económicos sobre la operación del corredor.
Según Odinsa, los bloqueos y la reducción del tráfico ya provocan pérdidas cercanas a $1.700 millones por menor recaudo en peajes.
Ordóñez explicó que muchas personas han dejado de movilizarse entre Manizales y Pereira por temor a quedar atrapadas en las protestas.
El directivo sostuvo además que el rechazo al modelo concesional no representa una posición mayoritaria en el Eje Cafetero, sino la postura de algunos sectores específicos en Caldas.
Frente a las críticas de algunos manifestantes que aseguran no ver inversiones en la vía, Ordóñez defendió el cumplimiento del contrato.
Explicó que las principales obras de infraestructura fueron ejecutadas entre 2005 y 2012 y que actualmente la concesión se encuentra en una etapa enfocada en operación y mantenimiento. “El contrato está cumplido en el 100% de sus obligaciones”, aseguró.
Añadió que las autoridades de interventoría y la ANI pueden certificar el cumplimiento de las inversiones pactadas.
Ordóñez también manifestó preocupación por el impacto que la incertidumbre alrededor de las concesiones podría generar sobre la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
La compañía participa actualmente en otros proyectos estratégicos como la ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado, el proyecto aeroportuario de Bayunca, cerca de Cartagena, y la propia iniciativa Conexión Centro.
“Si las condiciones contractuales pueden modificarse rápidamente por presión política o social, eso genera incertidumbre sobre la estabilidad jurídica del modelo concesional”, sostuvo.
Mientras la ANI continúa evaluando la iniciativa privada, el futuro del principal corredor vial del Eje Cafetero sigue en discusión entre el Gobierno, las comunidades, los gremios y los inversionistas del sector infraestructura.
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