El Ministerio de Minas y Energía iniciará procesos administrativos contra 70 estaciones de servicio en el país, tras detectar múltiples incumplimientos en materia laboral, técnica, operativa y en cuanto al precio de los combustibles.
La decisión se tomó luego de realizar 86 visitas de verificación en ciudades como Tumaco, Cúcuta, Medellín, Cali, Los Palmitos y Bogotá, con el objetivo de revisar las condiciones de operación de estos establecimientos.
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De acuerdo con los resultados, más del 75% de las estaciones inspeccionadas presentaron algún tipo de riesgo o incumplimiento, lo que encendió las alertas del Gobierno sobre la calidad del servicio y las condiciones para trabajadores y usuarios.
Fallas laborales, técnicas y de seguridad en la mira
Las inspecciones, lideradas por la Dirección de Hidrocarburos, se desarrollaron en el marco de la normativa vigente y de la Política de Trabajo Digno y Decente, impulsada junto con el Ministerio del Trabajo.
A partir de los hallazgos, el Gobierno busca garantizar condiciones seguras tanto para los empleados como para los consumidores, mediante la apertura de procesos que podrían derivar en sanciones si se confirman las irregularidades.
Incumplimiento en la reducción del precio de la gasolina
Además de las fallas operativas, las autoridades detectaron incumplimientos en la aplicación de la reducción del precio del combustible decretada por el Gobierno.
Tras la rebaja de $500 por galón en la gasolina corriente, establecida mediante la Circular 40006 del 1 de febrero de 2026, se realizaron 25 visitas adicionales en estaciones ubicadas en Tocancipá, Yumbo, Buenaventura y La Dorada.
En estas verificaciones, más del 20% de las estaciones no había aplicado la reducción, incumpliendo la instrucción oficial y afectando directamente a los consumidores.
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Acciones de inspección, vigilancia y control en gasolineras del país
El Ministerio reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de inspección, vigilancia y control en las estaciones de servicio del país.
El objetivo es asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios reales para los ciudadanos.