La noche del miércoles 8 de abril, Ecopetrol emitió un comunicado de cuatro párrafos ante la Superintendencia Financiera con el foco de que Standard & Poor’s Global Ratings había rebajado su calificación crediticia de BB a BB–.
En el texto, la empresa lo presentó como un efecto casi mecánico de la rebaja soberana de Colombia, que esa misma jornada pasó de BB a BB-, tocando niveles no vistos desde 1993.
A su vez, la petrolera destacó que su perfil crediticio individual (SACP) se mantuvo en bb+. Punto. Cuatro párrafos. Sin más. Lo que no dijo Ecopetrol es lo que resulta verdaderamente revelador.
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El hueco de 8,85 billones de pesos que no apareció en el comunicado
El informe original de S&P, al que accedió El Tiempo, contiene diez hallazgos adicionales que pintan un cuadro radicalmente distinto al del escueto comunicado oficial.
El más contundente tiene que ver con el flujo de caja. La agencia señala textualmente que el flujo de caja discrecional respecto a la deuda (DCF/deuda) de Ecopetrol cerró en –5,0%, muy por debajo de la expectativa de +2,5% que la propia calificadora había proyectado.
Para quienes no son expertos en finanzas corporativas, esa diferencia puede sonar técnica. Pero aplicada a la deuda total de la compañía, que supera los $118 billones, la historia se vuelve alarmante.
Sergio Cabrales, docente de la Universidad de los Andes y experto en asuntos minero-energéticos, lo tradujo así: “El flujo de caja discrecional sobre deuda cayó a –5,0%, muy por debajo del 2,5% esperado, implicando un consumo adicional cercano a $5,9 billones y una brecha cercana a $8,85 billones frente a lo proyectado”.
En otras palabras, en lugar de generar cerca de $2,95 billones de caja libre después de gastos de capital y dividendos, Ecopetrol consumió casi $9 billones más de lo previsto, según S&P. Una brecha equivalente a unos 2.100 millones de dólares. El comunicado oficial no mencionó esto con una sola palabra.
El gobierno Petro como fuente de presión financiera: lo que S&P dejó escrito
Pero la caja no es el único foco de alarma. El informe de la calificadora identifica al accionista mayoritario, el Gobierno nacional, con el 88,49% de las acciones, como una fuente activa de presión financiera sobre la compañía.
S&P constata que los dividendos que Ecopetrol le gira al Estado representan de manera consistente entre el 40% y el 60% del ingreso neto de la empresa.
Y advierte que “la tendencia continua del Gobierno a maximizar los pagos de dividendos, junto con sus desafíos fiscales en curso, plantea la posibilidad de restricciones sobre la flexibilidad financiera futura de Ecopetrol”.
Los números respaldan la alarma. En 2024, Ecopetrol distribuyó dividendos por $15,6 billones frente a una utilidad neta de apenas $14,9 billones, la empresa pagó más de lo que ganó.
Y lo que vino después no ayudó a despejar el horizonte, en la Asamblea de Accionistas de marzo de 2026, por iniciativa del Ministerio de Hacienda, el dividendo propuesto por la junta directiva fue elevado de $110 a $121 por acción. El comunicado del 8 de abril tampoco mencionó los dividendos.
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El acuerdo del FEPC: lo que Ecopetrol vendió como buena noticia, S&P leyó al revés
Hay otro episodio que ilustra con precisión la brecha entre la narrativa oficial de la petrolera y la lectura de los mercados. El 1 de abril de 2026, Ecopetrol anunció como “información relevante” la firma de un acuerdo con la Nación para el pago de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) del primer trimestre de 2025, por aproximadamente $1,6 billones.
La empresa lo presentó como una buena señal, el reconocimiento pleno de una obligación pendiente del Gobierno.
Pero S&P leyó exactamente lo contrario. La calificadora advierte que el hecho de que ese pago se realice mediante emisión de Títulos de Tesorería (TES) en lugar de efectivo “sugiere una consolidación fiscal y expectativas de ingresos más débiles para la administración actual”.
Y, en el mismo párrafo, añade la implicación directa para Ecopetrol: “Esto sugiere menos flexibilidad para Ecopetrol de reducir los dividendos si fuera necesario”. Lo que la empresa celebró como una noticia de cobro, la calificadora la interpretó como una señal de fragilidad fiscal del accionista mayoritario.
La gobernanza, el talón de Aquiles que nadie quiere nombrar
Si el flujo de caja y los dividendos preocupan, lo que más debería ocupar la atención es lo que S&P señala sobre el gobierno corporativo.
En la tabla de Rating Component Scores del informe, en su página 3, la agencia descompone el perfil crediticio individual en varios factores: el riesgo del negocio aparece como “satisfactorio”, el riesgo financiero como “significativo”, y el resultado combinado se ubica en bbb–, que técnicamente equivale a grado de inversión.
Pero a ese resultado base la calificadora aplica seis modificadores. Diversificación, estructura de capital, política financiera y liquidez aparecen como neutros.
El análisis comparativo, en cambio, figura como negativo, ni siquiera neutral. Y la gestión y gobernanza, que es en últimas la valoración de cómo opera la junta directiva de la compañía, termina hundiendo la calificación individual por debajo del grado de inversión.
La gobernanza, en este contexto, es la capacidad de la junta directiva de actuar con autonomía, criterio técnico e independencia frente al accionista controlante. Esa independencia, según múltiples señales documentadas, ha estado en entredicho en la era del gobierno Petro, con decisiones estratégicas de la empresa que han seguido las directrices de Casa de Nariño antes que los análisis de sus propios equipos técnicos.
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Lo que S&P pide para mejorar: cuatro condiciones, y la junta es una de ellas
El informe establece cuatro condiciones concretas para que la calificación individual de Ecopetrol pueda mejorar a bbb– en los próximos 12 meses.
Tres son financieras, una producción petrolera superior a las expectativas, en 2025 la empresa promedió 745.000 barriles diarios, todavía por debajo de la meta de 750.000; ratios de deuda neta ajustada sobre Ebitda por debajo de 2,0 veces; y una mejora en los flujos de efectivo después de capex y dividendos.
La cuarta condición apunta directo a la sala de juntas, “más miembros independientes en la junta y mejora de la rotación de los mismos”.
Hoy, la junta de Ecopetrol tiene cuatro miembros independientes y cinco no independientes, una composición que la propia S&P identifica como un obstáculo estructural para una mejora del rating. Que de cuatro condiciones explícitas de mejora, una sea la composición y renovación de la junta, dice mucho sobre dónde la calificadora cree que está el problema real.
La calificadora fue igual de explícita sobre los factores que podrían empeorar la nota, como un debilitamiento del desempeño financiero que lleve la deuda neta ajustada sobre Ebitda a niveles consistentemente cercanos a 3,0 veces; caídas en la producción o índices de reemplazo de reservas por debajo del 100%; o la priorización de salidas de efectivo hacia dividendos por encima del gasto de capital necesario para el mantenimiento y crecimiento del negocio.
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