El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió el Decreto 1166 de 2025, una norma que busca acelerar la ejecución de programas de mejoramiento y autoconstrucción de vivienda.
El texto, del 4 de noviembre de 2025, establece que ya no será obligatorio tramitar una licencia de construcción para este tipo de proyectos. En su lugar, bastará con certificaciones emitidas por un profesional, quien deberá garantizar el cumplimiento de las normas técnicas, urbanísticas y estructurales.
Según el Ejecutivo, el objetivo es simplificar trámites y facilitar el acceso a subsidios, especialmente en zonas rurales o municipios con baja capacidad institucional. Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas entre gremios, expertos y exdirigentes del sector, que advierten que la desregulación del licenciamiento pone en riesgo la seguridad de las familias y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
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“Una norma muy grave”: Sandra Forero, concejal de Bogotá y expresidenta de Camacol
Una de las voces más críticas ha sido la de Sandra Forero, concejal de Bogotá y expresidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), quien alertó sobre las implicaciones técnicas y sociales de la medida.
“El Decreto 1166 es muy grave, sobre todo en un país donde casi 5 millones de hogares viven en déficit de vivienda, tanto cuantitativo como cualitativo. Desregular la exigencia de licencia significa dejar la seguridad de los hogares en manos de personas no idóneas y de los entes territoriales. Es jugar con la confianza de las familias colombianas”, afirmó Forero.
La concejal explicó que la licencia de construcción no es un trámite menor, sino la herramienta que garantiza que los proyectos cumplan con las normas de sismoresistencia y seguridad estructural.
Al eliminarla, dijo, se deja la verificación en manos de certificaciones individuales, lo que podría abrir la puerta a la informalidad y poner en riesgo vidas humanas.
Hay $12,5 billones de pesos en juego
El decreto también reabre el debate sobre la ejecución de recursos para vivienda social. El Gobierno se comprometió a desarrollar 400.000 mejoramientos de vivienda, pero hasta ahora solo se han entregado subsidios a 50.000 hogares. Cada subsidio equivale a unos $32 millones, lo que representa una inversión total superior a los $12,5 billones.
“Van a usar la plata del Estado para financiar proyectos sin licencia, posiblemente en zonas de alto riesgo o sin cumplimiento de normas sismo resistentes. Es un riesgo fiscal y social enorme”, advirtió Forero.
La concejal también señaló que la medida resulta contradictoria frente al debilitamiento de programas formales como Mi Casa Ya, que ha sufrido recortes presupuestales.
“¿Cómo es posible que haya dinero para proyectos sin licencia, pero no para continuar con Mi Casa Ya? Si se hubieran cumplido los 50.000 subsidios anuales, el costo no superaría los $10,8 billones”, puntualizó.
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¿Qué dice la norma?
El Decreto 1166 firmado por el Presidente de la República, modifica el Decreto 1077 de 2015, incorporando una nueva sección que regula las condiciones especiales para la ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva y construcción en sitio propio.
En la práctica, el decreto autoriza que este tipo de intervenciones puedan realizarse sin necesidad de tramitar una licencia de construcción, requisito que hasta ahora era obligatorio según la Ley 388 de 1997 y la Ley 1796 de 2016 (Ley de Responsabilidad Constructora).
La norma indica que, en lugar de la licencia, bastará con certificaciones técnicas emitidas por un profesional, quien deberá garantizar que el proyecto cumple con los requisitos estructurales, urbanísticos y ambientales.
El documento argumenta que esta flexibilización busca facilitar el acceso a subsidios de mejoramiento y acelerar la ejecución de los programas de vivienda social, en especial en zonas rurales o municipios con baja capacidad institucional.
Además, sustenta en el artículo 51 de la Constitución Política, que reconoce el derecho a una vivienda digna, y en la Ley 2079 de 2021, que ordena promover mecanismos para reducir el déficit habitacional en el país.
Tres riesgos que advierten la experta
El análisis técnico de Forero mencionó tres grandes riesgos derivados del Decreto 1166: el primero de ellos es fiscal, pues los recursos públicos podrían ejecutarse en proyectos sin control ni respaldo técnico.
El segundo tiene que ver con lo social, porque las familias beneficiarias podrían habitar viviendas sin condiciones seguras o adecuadas.
Por último, el toca el tema estructural, ya que al eliminar la revisión formal de las licencias, no se garantiza el cumplimiento de la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).
A ello se suma que muchos municipios carecen de personal especializado para verificar las certificaciones que reemplazarían las licencias, lo que aumenta el riesgo de fallas, improvisación o incluso corrupción.
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Una política de vivienda con señales contradictorias
Cabe acotar que el Decreto 1166 llega en un momento de incertidumbre en la política habitacional del Gobierno. Colombia mantiene un déficit de casi cinco millones de hogares, según cifras del Dane, de los cuales más del 70 % corresponde a problemas cualitativos (viviendas en mal estado o sin servicios básicos).
Sin embargo, la ejecución de programas como Mi Casa Ya o los proyectos de mejoramiento se ha estancado por falta de planeación y recursos. Para Forero el país necesita más vivienda formal y segura, no menos control. “Desregular los controles no resuelve el déficit, solo agrava los riesgos”, enfatizó la concejal.
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