La llegada de María Nohemí Arboleda al Ministerio de Minas y Energía, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, ha sido recibida con optimismo por los principales gremios del sector.
Gremios y expertos advirtieron que el nuevo Gobierno enfrentará un panorama marcado por riesgos de desabastecimiento de energía y gas, dificultades financieras en el mercado eléctrico, retrasos en proyectos estratégicos de infraestructura, pérdida de confianza para la inversión y la amenaza de un fenómeno de El Niño de gran intensidad. Al mismo tiempo, consideran que existe una oportunidad para convertir al sector energético en un motor de crecimiento económico e industrialización.
Ahora estas tareas quedarán en manos de la exgerente de XM (XM S.A. E.S.P.), que es la empresa privada encargada de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de la administración del Mercado de Energía Mayorista (MEM).
1. Garantizar la seguridad energética del país
El primer desafío será asegurar el abastecimiento de energía eléctrica y gas natural en un contexto de creciente incertidumbre. Para Andesco, la combinación entre la reducción de la producción nacional de gas, los retrasos en proyectos estratégicos y la posible llegada de uno de los fenómenos de El Niño más fuertes de la historia exige una respuesta inmediata.
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El gremio propone crear un Consejo Presidencial de Seguridad Energética que haga seguimiento semanal a las variables críticas del sistema, destrabe proyectos de generación eléctrica e importación de gas, reactive la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos, impulse campañas de ahorro y acelere proyectos como Sirius para recuperar la producción nacional de gas. Además, plantea ampliar la oferta de energía firme mediante subastas tecnológicamente neutrales.
En la misma línea, Catalina Rueda Callejas, directora ejecutiva del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA), aseguró que “la mejor forma de enfrentar una crisis energética es anticiparse a ella. No podemos esperar a que lleguen las restricciones para empezar a tomar decisiones”.
2. Resolver la crisis financiera del mercado eléctrico
El frente financiero aparece como uno de los mayores desafíos para la nueva administración. Andesco advirtió que la situación de la región Caribe es crítica, pues el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos requiere cerca de $6 billones para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios de Air-e. Además, las obligaciones derivadas de la intervención de la empresa superan los $2,7 billones.
Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), señaló que las acreencias de Air-e con las empresas del sector ascienden actualmente a $2,9 billones, de los cuales $1,8 billones corresponden a las empresas generadoras térmicas. Según el gremio, estos recursos son fundamentales para garantizar el capital de trabajo necesario para la compra de combustibles y preservar la confiabilidad del sistema, especialmente ante la proximidad de un nuevo fenómeno de El Niño.
El problema, sin embargo, va más allá de Air-e. Un análisis del profesor Sergio Cabrales muestra que la cartera del Mercado de Energía Mayorista (MEM) alcanzó los $3,4 billones al 10 de julio de 2026, reflejando una creciente presión sobre la liquidez de las empresas del sector eléctrico.
De acuerdo con el análisis, los generadores concentran el 57% de esa cartera, equivalente a $1,9 billones, seguidos por los transportadores con el 28%, los distribuidores con el 11% y los comercializadores con el 4%.
El estudio también advierte que las plantas térmicas reúnen el 79,8% de la cartera de los generadores, convirtiéndose en el segmento con mayor exposición financiera. Según Cabrales, esta concentración de la deuda incrementa el riesgo para la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente si se presenta un fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte, cuando la generación térmica tendría un papel determinante para atender la demanda de energía.
3. Recuperar la confianza para atraer inversiones
Otro de los desafíos será reconstruir la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en el sector energético.
Andesco considera necesario revisar normas que hoy generan incertidumbre, como la obligación de contratar el 95 % de la energía para las hidroeléctricas, las limitaciones ambientales sobre la operación de embalses y los cambios en la liquidación del Cargo por Confiabilidad. A su juicio, estas medidas han reducido la energía disponible y afectan el desarrollo de nuevos proyectos.
Por su parte, Castañeda afirmó que “el país necesita una agenda construida sobre decisiones técnicas, reglas estables y diálogo permanente entre el Gobierno y el sector. Cuando existe confianza para invertir y condiciones para operar, gana el sistema eléctrico, gana la economía y, sobre todo, ganan los usuarios”.
Andeg también pidió fortalecer la seguridad jurídica, restablecer la estabilidad institucional y consolidar una política minero-energética basada en evidencia y rigor técnico.
4. Destrabar la infraestructura energética
Los gremios coinciden en que buena parte de los problemas actuales tienen origen en los retrasos que enfrentan proyectos de generación, transmisión e importación de gas.
Andesco propone reactivar la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos y priorizar las iniciativas catalogadas como Proyectos de Interés Nacional y Estratégico para acelerar su ejecución.
CEERA, por su parte, considera indispensable eliminar los cuellos de botella regulatorios, ambientales, prediales y administrativos que hoy impiden la entrada oportuna de nueva infraestructura eléctrica. También plantea facilitar la participación de nuevos inversionistas, habilitar mecanismos como las conexiones compartidas y promover una mayor integración con los países vecinos.
5. Modernizar el mercado eléctrico
Más allá de atender la coyuntura, los gremios consideran que el nuevo Gobierno deberá impulsar reformas estructurales que aumenten la competitividad del sistema eléctrico.
Para CEERA, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 representa la oportunidad para modernizar el mercado, fortalecer la competencia y convertir el potencial hidroenergético colombiano en una verdadera política de Estado.
Entre las propuestas se encuentran la implementación de mercados intradiarios, herramientas para aumentar la flexibilidad operativa y mecanismos regulatorios que reconozcan adecuadamente el valor de la energía firme, con el propósito de incentivar nuevas inversiones y facilitar la incorporación de diferentes tecnologías de generación.
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6. Encontrar una solución para la región Caribe
La región Caribe continuará ocupando un lugar prioritario dentro de la agenda del Ministerio.
Andesco considera necesario definir un nuevo modelo de prestación del servicio eléctrico que permita sanear financieramente el sistema y, al mismo tiempo, incentive a los operadores a ofrecer un servicio de mayor calidad, teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas propias de esa región.
La organización considera que una solución estructural permitirá reducir la incertidumbre del mercado y mejorar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.
7. Garantizar decisiones técnicas y fortalecer las instituciones
Finalmente, los gremios insisten en que el éxito de la política energética dependerá de que las decisiones se adopten con criterios técnicos y no políticos.
Andesco propuso implementar procesos meritocráticos para la designación de directivos del sector y garantizar la independencia de las entidades encargadas de la regulación y supervisión.
En el mismo sentido, CEERA sostuvo que atender la coyuntura no puede seguir aplazando las reformas estructurales que el país ha identificado durante más de una década. Catalina Rueda Callejas, directora ejecutiva de CEERA, afirmó que “la construcción del Plan Nacional de Desarrollo será la oportunidad para modernizar el mercado eléctrico, fortalecer la competencia y convertir el enorme potencial hidroenergético de Colombia en una verdadera política de Estado”.
Los tres gremios coincidieron en que el sector energético colombiano cuenta con la infraestructura, el conocimiento técnico y la capacidad empresarial para responder a estos desafíos. Sin embargo, consideran que el nuevo Ministerio deberá actuar con rapidez para recuperar la confianza, garantizar el abastecimiento de energía y gas, acelerar la infraestructura pendiente y construir una política energética de largo plazo que permita responder al crecimiento de la demanda y fortalecer la competitividad del país.
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