El Gobierno Nacional prepara una medida que podría cambiar el panorama del mercado automotor, subiendo entre $1,3 y $4 millones los precios de los modelos más vendidos. Así, un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) propone aumentar de 35% al 40% los aranceles a la importación para carros que funcionan con gasolina y diésel, y de 30% a 35% los de motocicletas que cumplan con esas mismas características.
El documento hace parte de la estrategia de “reindustrialización verde”, que busca desincentivar la entrada de vehículos contaminantes y promover la producción o el ensamblaje local de tecnologías más limpias, como los eléctricos o híbridos.
Aunque la medida aún está en consulta, el impacto potencial ya generó preocupación entre los gremios del sector automotor.
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¿Golpe al consumidor y a la libre competencia?
La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) fue la primera en pronunciarse. Su presidente ejecutivo, Andrés Chaves, calificó la medida como “una decisión sin sustento técnico ni económico” y advirtió que encarecerá los precios de los vehículos nuevos, limitará la oferta y golpeará a los consumidores.
“El decreto castiga el origen de los vehículos e impone barreras al libre comercio. No hay justificación técnica ni económica para tomar una decisión que encarezca los precios, limite la oferta y afecte la libre competencia”, afirmó Chaves.
De acuerdo con el gremio, el alza arancelaria desincentivaría la compra de automóviles nuevos, más seguros y con mejores estándares ambientales, lo que a la larga frenaría el proceso de modernización del parque automotor colombiano.
Además, el impacto recaería sobre marcas importadas de países sin tratados de libre comercio (TLC), como Japón o China, que hoy representan buena parte del mercado nacional.
En esa misma linea está la postura de la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) la cual recalcó que, de aprobarse el incremento arancelario, impactaría directamente los precios al consumidor final, lo que podría desacelerar la demanda de vehículos y generar efectos negativos en el empleo y la formalización del sector.
De acuerdo con el gremio, el aumento del gravamen tendría un efecto inmediato sobre el valor de los automotores y repuestos, afectando la capacidad de compra de los hogares e incluso poniendo en riesgo la recuperación que la industria automotriz ha mostrado durante 2025, tras años de caída en ventas.
“Medidas de este tipo deben evaluarse con una visión integral, considerando su impacto en la competitividad, el empleo y la formalización. La industria automotriz y de autopartes genera más de 70.000 empleos directos, aporta cerca del 2,5% al PIB industrial y dinamiza economías regionales a través de miles de pequeñas y medianas empresas que dependen del mantenimiento y la comercialización de partes”, explicó Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes.
El dirigente gremial añadió que el sector comparte el propósito de avanzar hacia una movilidad más limpia y sostenible, pero insistió en que esa transición debe hacerse de forma gradual, técnica y concertada con los actores de la cadena automotriz.
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¿Cuánto subirían los carros más vendidos?
En el caso del Mazda CX-30, su valor pasaría de $117,5 millones a $120,3 millones; el Kia Picanto subiría de $57,9 a $59,3 millones; y el Renault Duster, de $93,1 a $95,3 millones. Los modelos de gama alta o de trabajo también se verían impactados: la Toyota Hilux diésel, por ejemplo, pasaría de $175,9 millones a cerca de $180 millones. Aunque el porcentaje parezca marginal, representa un golpe sensible al bolsillo de los colombianos que planeaban comprar vehículo nuevo en 2025.
De acuerdo con Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco, los precios actuales ya incluyen un arancel del 35% y el IVA. Si el gravamen sube al 40%, en general los vehículos importados aumentarían entre $1,3 y $4 millones, dependiendo del modelo.
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Esto significa que un comprador de un Kia Picanto, uno de los vehículos más populares del país, pagaría alrededor de $1,3 millones más, mientras que una Toyota Hilux subiría más de $4 millones, afectando especialmente a los sectores productivos que usan este tipo de vehículos para trabajo y transporte.
Marcas con TLC, exentas del aumento
El texto del decreto aclara que la medida no aplicará a los vehículos provenientes de países con Tratados de Libre Comercio (TLC), que conservarán sus beneficios arancelarios preferenciales.
Esto significa que las marcas con origen en México, Estados Unidos o Corea del Sur no verían modificados sus costos de importación, mientras que modelos provenientes de Japón, China e India sí se verían afectados por el incremento al 40%.
Además, el decreto establece que, una vez expedido, comenzaría a regir entre 15 y 90 días después de su publicación definitiva, periodo durante el cual el Ministerio recibirá observaciones del sector automotor y de los gremios.
Aunque el Gobierno justifica la medida como una estrategia ambiental, los gremios sostienen que no existen estudios técnicos que demuestren que el aumento arancelario tendrá un efecto positivo en la reducción de emisiones. Por el contrario, advierten que podría frenar la renovación del parque automotor, prolongando el uso de vehículos más antiguos y contaminantes.
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