En 2019 iban 4.700 demandas y hoy son más de 11.400. De estas, 1.681 tienen un riesgo mayor del 50% de perderse.
Tras la exposición que hizo el nuevo secretario General de Medellín —Sebastián Gómez— ante el Concejo de la ciudad, uno no sabe que es más grave: que la saliente alcaldía no haya dejado un consolidado de las demandas contra el Distrito perdidas o que tampoco le haya dicho a la administración entrante cuánta plata valen estas y si ya se están pagando.
“No tengo un levantamiento de la información claro porque el secretario general Fabio García Trujillo renunció el 20 de diciembre y no me dio ese dato. No existe un consolidado de sentencias pendientes por pagar por parte del Distrito. Situación que es grave toda vez que hoy podemos estar generando intereses moratorios por no pagar sentencias o arriesgarnos a que nos embarguen cuentas o bienes por esta misma demora en pagos”, aseguró Gómez a EL COLOMBIANO.
Y es que este dato hace parte del panorama que dejó la saliente administración en materia de demandas que enfrenta en los estrados judiciales y que dejó un aumento del 140% en las demandas efectuadas entre 2020 y 2023, comparadas con el cuatrienio anterior, así como un incremento del 138% de incremento del valor de las pretensiones económicas de las mismas.
“A finales de 2019 habían 4.700 demandas contra la Alcaldía. Hoy encontramos que para finales de 2023 ya llegaban a las 11.400 demandas, de estas hay 1.681 con riesgo mayor del 50% de fallarse contra el Distrito. ¿Eso que puede decir? Que hubo situaciones que derivaron en esas demandas o que no se hizo una debida prevención. De otro lado, a 2019 las pretensiones activas económicas contra el Distrito llegaban a los $3,6 billones, hoy ascienden a $8,7 billones. Mejor dicho, sí hoy se perdieran todas las demandas en contra, tendríamos que pagar esa plata que es más que todo el presupuesto que tiene el distrito para todo el año”, explicó el secretario quien indicó que por ahora deberá enfrentar el aluvión de demandas con apenas 32 abogados de carrera de su despacho.
Las diferentes demandas que hay contra la alcaldía abarcan desde lo macro a lo micro. Por ejemplo, se cuentan las demandas que interponen los ciudadanos cuyos vehículos resultaron afectados por algún hueco —o las reclamaciones administrativas de algún maestro— hasta acciones de grupo como las entabladas por los damnificados de los edificios Space o Continental Towers.
“Principalmente son nulidades y restablecimientos que generalmente buscan pretensiones laborales, por ejemplo, hay casi 5.000 demandas de docentes, o temas de reparaciones indirectas por daños. También tenemos la demanda del Metro contra el Distrito por los $78.000 millones por el Fondo de Estabilización Tarifaria o la reclamación de EPM por más de $115.000 millones por subsidios de acueducto, alumbrado y un auspicio de gas con intereses moratorios”, agregó Sánchez.
Según el secretario, el número de demandas es llamativo teniendo en cuenta que en el cómputo histórico de las diferentes administraciones de la ciudad la cifra rara vez superaba las 5.000 demandas. Una posible hipótesis del aumento tendría que ver con la falta de liderazgo en la Secretaría General, reflejada en que en el pasado cuatrienio contó con cinco secretarios y nueve subsecretarios. Además, en que varias de las demandas contra el Distrito irónicamente son interpuestas por otras dependencias del conglomerado de Medellín (que en plata blanca son la misma Alcaldía) lo que denota de la falta de articulación.
Hay otros asuntos legales que preocupan al secretario Gómez sobre el desempeño de la pasada Secretaría General, uno de ellos es que en el pasado cuatrienio solo se efectuaron ocho acciones de repetición. A grosso modo, estas acciones obligan al funcionario del que se evidencie que cometió un error que le costó plata al Distrito, tener que resarcirla de su propio bolsillo.
“Me causa extrañeza que hayan tan pocas. Estos procesos fueron radicados entre 2020 y 2023 y solo hay cuatro repeticiones de 2020, una de 2021 y tres de 2023”, apuntó Gómez.
El secretario también llamó la atención sobre los enredos legales que tendría el sonado caso del lote Aguas Vivas. Este señaló que el abogado de la Secretaría a cargo del proceso desestimó ante el comité de conciliación pagar por la demanda de $40.000 millones interpuesta por los particulares —allegados al exgobernador Luis Pérez— que antes fungían como dueños de Aguas Vivas contra el Distrito.
Para el abogado no había porqué pagar lo pedido. Tres veces el jurista le señaló al Comité de Conciliación negarse a conciliar esta demanda pero el Comité insistió y terminó accediendo a pagar los $40.000 millones.
Finalmente, por la cuantía del acuerdo de conciliación este llegó al Tribunal Administrativo de Antioquia el cual también negó el pago de las pretensiones de los particulares. Aún así, la subsecretaria de defensa del Distrito Alethia Arango apeló la decisión contra el Consejo de Estado contraviniendo los intereses del distrito, pero este también negó el pago.
“Ella ordenó a los abogados de carrera apelar, pero ellos no lo hicieron. Entonces la apelación aparece a su nombre”. Hoy en día y “misteriosamente” los dueños de Aguas Vivas no vieron un peso de la demanda, pero recuperaron el lote.
Gómez también llamó la atención sobre los enredos legales que tendría el negocio con la Clínica de La 80.
“Resulta que el distrito invirtió cerca de $24.000 millones en infraestructura para adecuar la Clínica de La 80 durante la pandemia. Pero esta terminó en manos de un privado que pagó apenas $12.000 millones a 36 cuotas y sin intereses moratorios. Lo preocupante es que las secretarias Andreé Uribe, Karen Delgado y Natalia Jiménez dijeron que el Comité de Conciliación del Distrito había aceptado ese acuerdo económico y fueron a una notaría a corroborar eso en el Contrato de Transacción con el privado. Pero resulta que el Comité, en su sesión del 11 de mayo de 2022 no adoptó ninguna decisión”, explicó Gómez.
EL COLOMBIANO buscó al exsecretario García y a la subsecretaria Arango para conocer su versión de los hechos sobre las delicadas denuncias, sin embargo, al cierre de la edición no habían emitido respuesta.
Por su parte, Gómez indicó que su oficina está en una contrarreloj revisando sentencia por sentencia para conocer la magnitud del problema que actualmente tiene el distrito, pues según los abogados de carrera durante seis meses le intentaron entregar las sentencias a García pero no hubo quien las recibiera en la saliente administración.
Gómez también dijo que pondrá en conocimiento de las autoridades y los entes judiciales los hallazgos que a su juicio ameritan ser investigados por la justicia.
