El exarquero de la Selección Colombia, René Higuita, perdió un predio ubicado en el barrio El Poblado, de Medellín, luego de que un juez ordenara la extinción del derecho de dominio sobre el inmueble después de concluir que su origen está ligado a recursos provenientes del Cartel de Medellín.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que durante el proceso acreditó que la propiedad fue adquirida inicialmente con dineros producto del narcotráfico y posteriormente hizo parte de un esquema de testaferrato para ocultar su origen ilícito.
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La investigación sobre el predio de Higuita
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer que el inmueble fue comprado originalmente por Gustavo Cuartas Rendón, quien habría actuado como testaferro de los hermanos William Moncada y Gerardo “Kiko” Moncada, integrantes del Cartel de Medellín.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, documentos y dictámenes periciales que, según indicó, demostraron las maniobras utilizadas para encubrir la verdadera procedencia del bien.
Entre las pruebas se encuentra un estudio grafológico que concluyó que una de las firmas utilizadas en una escritura pública era falsa. Además, la investigación permitió reconstruir una serie de transferencias de dominio mediante las cuales el inmueble terminó registrado a nombre del exfutbolista José René Higuita Zapata y de un familiar.
El origen ilícito del inmueble
En la sentencia, el juzgado concluyó que el predio hizo parte de un esquema de lavado y ocultamiento de bienes provenientes del narcotráfico, razón por la cual decretó la extinción del derecho de dominio.
Con esta decisión, el inmueble pasará a manos del Estado, al quedar acreditado que su origen está relacionado con recursos obtenidos por integrantes del Cartel de Medellín.
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El proceso se prolongó durante varios años, tiempo en el que Higuita buscó demostrar que había adquirido el inmueble de buena fe y sin conocimiento del origen ilícito de la propiedad. Sin embargo, las pruebas aportadas por la Fiscalía llevaron al juez a mantener la medida de extinción de dominio.
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