El ente de control lo halló responsable, en primera instancia, tras denuncias sobre maltrato laboral de parte de excontratistas de su unidad de apoyo en el periodo pasado.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Antioquia emitió un fallo de primera instancia contra el exconcejal de Medellín por el Partido Centro Democrático Julio Enrique González Villa, por lo que el político deberá pagar cerca de $100 millones.
El asunto se remonta a 2023, cuando varias exfuncionarias de la Unidad de Apoyo del entonces concejal González interpusieron una queja disciplinaria contra él a raíz de los malos tratos que alegaban recibir por parte del también jurista.
Las denuncias y el posterior proceso salieron a la luz pública gracias a las denuncias hechas por varios periodistas de la ciudad. Casualmente, tras estas, el excabildante salió del Centro Democrático, partido que anunció que iba a investigar los hechos.
En apartes de la sentencia se lee que, según las demandantes, entre el 17 de enero de 2022 y el 30 de abril de 2023, Villa las habría maltratado verbal y psicológicamente al realizar actos como tirar unos documentos en la cara de una de ellas, gritarles, e insultarlas llamándolas "brutas", "no sirven para nada", "no saben hacer un puto informe", "ustedes no tienen pienso" y "asistentes de mierda". Incluso, en el documento se mencionan presuntos tocamientos indebidos con carácter sexual y de petición de fotos en vestidos de baño y ropa interior.
“Así mismo, el 20 de abril de 2023 el Concejal González levantó la mano con la visible intención de golpear a otra de las contratistas”, aparece en la denuncia.
En un segundo cargo, las contratistas señalaron que González Villa las obligó a trabajar desde su empresa privada, una compañía de abogados ubicada en el barrio Castropol de El Poblado, donde las habría puesto a trabajar en otros procesos particulares que se llevaban a cabo en dicha oficina y que nada tenían que ver con el Concejo de Medellín.
Además, en igual periodo de tiempo, las mujeres manifestaron que González Villa, presuntamente, les indicaba que debían participar en actos proselitistas, como reuniones en favor del partido Centro Democrático y del en ese entonces candidato a la Alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez –pese a que no hacía parte del Centro Democrático–, así como en los plantones por la revocatoria al mandato de Daniel Quintero del 22 de febrero de 2022 y las marchas contra el presidente Petro.
Según el proceso, en un largo documento de por lo menos 219 páginas, González Villa se defendió. Ante la gravísima acusación de maltrato, el exconcejal dijo que no se trataban de malos tratos como lo indicaron las quejosas, “sino de exigencias para que el trabajo fuera de calidad. González resaltó que se está confundiendo malos tratos con llamadas de atención y exigencia”, reza en el documento de la sentencia.
“En relación con los presuntos actos de tirar los lentes o documentos en la cara, la defensa indica que no fue literalmente lo que sucedió, que más bien se trata de una afirmación en lenguaje coloquial cuando se trata de un acto carente de delicadeza”, se lee en otro aparte en la defensa de González.
Hay otro asunto y es que según el político, las pruebas que allegaron las quejosas en forma de mensajes de WhatsApp donde quedaban en firme los presuntos maltratos, para él no serían válidos toda vez que “no cumplen los presupuestos legales que deben cumplir los documentos para tener vocación probatoria”.
Frente al tema del trabajo extra desde su oficina privada, González dijo que no había pruebas de la presión sobre las contratistas para realizar dichas labores desde su oficina, aunque en los alegatos de defensa no se observó que negara dicho “trabajo extra”.
Mientras que de la presencia de las contratistas obligadas a ir a actos proselitistas, el político señaló en su extensa defensa que las quejosas debían –por hacer parte de sus obligaciones contractuales– apoyarlo en los eventos políticos que él les requiriera “por considerarlas necesarias para el desarrollo de sus funciones; para promover relaciones públicas y proyectar al Concejal; así como representar al Concejal en eventos sociales y políticos”.
“Las funciones que señalan las quejosas como 'por fuera de sus contratos' eran, de acuerdo con lo consignado en sus contratos, funciones/actividades/obligaciones que estaban en cabeza de ellas por su calidad de contratistas”, escribió la defensa de González.
Tras valorar las pruebas presentadas por las partes, en un documento de 94 páginas, la Procuraduría decidió sancionar en primera instancia por acoso laboral al exconcejal González Villa con una inhabilidad por un año para ejercer cargos públicos, esto por el maltrato que el Ministerio Público señala haber probado contra las exempleadas que hacían parte de su unidad de apoyo. De los otros dos cargos –el trabajo “extra” y la asistencia a los actos proselitistas– la Procuraduría los declaró “no probados y desvirtuados”.
Como el fallo es extemporáneo al período electoral del corporado, que terminó en diciembre de 2023, la Procuraduría usó el recurso de convertir la inhabilidad en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falta, por lo que de su bolsillo deberá pagar casi $102 millones.
Claro que al ser una sentencia de primera instancia las partes podrán apelarla. Por ahora, no se ha conocido pronunciamiento en este sentido por parte del exconcejal sancionado.
