Un juez de Medellín impuso este viernes la primera condena por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana , que tiene contra las cuerdas a varios altos funcionarios de ese ente y figuras cercanas al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero .
La primera condena corresponde a un contador que confesó haber falsificado varios documentos y se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía.
Según trascendió, el implicado es Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien accedió a colaborar con la justicia y cumplir una sentencia en la cárcel.
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Durante las diligencias judiciales, el contador confesó haber elaborado y utilizado por lo menos 15 documentos falsos, como cuentas de cobro y soportes documentales, que, según dijo, fueron empleados para respaldar el desembolso de recursos públicos por bienes o servicios que nunca se habrían prestado.
Para la Fiscalía, dicha información es clave, ya que comenzaría a arrojar más claridades de un sofisticado sistema con el que se desgranaron las arcas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el pasado periodo de gobierno.
Tras llegar al preacuerdo con la Fiscalía, el contador fue sentenciado a 19 meses de cárcel por el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.
Así va el caso
El escándalo por los contratos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí es uno de los casos de presunta corrupción más sensibles que avanza en la justicia.
Vale recordar que las primeras denuncias salieron a flote en 2021, cuando organizaciones ciudadanas como la Veeduría Todos Por Medellín alertaron de presuntas irregularidades en la compra de kits y unas capacitaciones impartidas por los Bomberos de Itagüí, financiadas a través de un convenio interadministrativo firmado con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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En el cuatrienio pasado esta entidad estaba en manos del exdirector Juan David Palacio Cardona, postulado por el exalcalde Daniel Quintero para ese cargo.
En diciembre de 2021, EL COLOMBIANO también investigó el tema y documentó varios elementos que llamaron la atención en esos contratos.
Uno de los más importantes tenía que ver con los criterios empleados por el Amva para escoger concretamente a los Bomberos de Itagüí, que pese a estar dentro de los más grandes del Valle de Aburrá, no tenían una capacidad técnica significativamente superior a la de sus pares.
La escogencia de los Bomberos de Itagüí también resultó llamativa, ya que uno de sus principales líderes era el cuestionado político Misael Cadavid, quien en noviembre de 2021 ya había estado en la palestra pública por un audio en el que aseguraba haber obtenido supuestos apoyos del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para su aspiración a la Cámara de Representantes.
“Te cuento que el lunes pasado, ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía. ¿Por qué no le envías tu hojita de vida a (...)? Porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si te conseguimos algo bueno para ti”, se escuchaba en uno de esos audios, publicados por los medios Cuestión Pública, Vorágine y La Liga Contra el Silencio.
Posteriormente, Cadavid fue capturado y ahora es uno de los implicados que logró un principio de oportunidad con la Fiscalía para colaborar con la justicia.
Los contratos en cuestión ascendían inicialmente a los $17.645 millones, incluyendo objetos como cursos de atención prehospitalaria, implementos contra la covid-19, un viaje al extranjero para 25 socorristas, talleres y seminarios para los ciudadanos y hasta la entrega de 3.000 paquetes de camisetas, gorras y tapabocas.
En gran parte de esos contratos, la Veeduría Todos Por Medellín sostuvo haber encontrado indicios de la existencia de sobrecostos, falencias en las labores de interventoría y actividades que se habrían realizado sin contar con soportes.
La malversación, según la organización ciudadana, ascendería a los $6.000 millones.
Pese a que entonces tanto los socorristas como el Área Metropolitana desestimaron los señalamientos, el caso llegó a manos de la Fiscalía, que llevó a juicio a varios implicados en dichos contratos y continúa investigando para esclarecer lo ocurrido.
Otros implicados en el caso son Miguel Quintero, exconcejal de Medellín y hermano del exalcalde Daniel Quintero; Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán, el hijo de un influyente político de Bello; y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del AMVA y exsecretaria de Medio Ambiente en el pasado cuatrienio.
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