Trece trimestres en rojo. Ese es el número que resume el paso de Ricardo Roa por la Presidencia de Ecopetrol. Desde que tomó posesión el 30 de abril de 2023 hasta el primer trimestre de 2026, la petrolera más importante del país no logró un solo trimestre con ganancias superiores a las del año anterior.
A esa cifra se sumaron este año dos procesos judiciales, tres rebajas de calificación crediticia y un historial de escándalos que terminó por sellar su salida definitiva, anunciada para el 30 de julio de 2026.
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13 trimestres seguidos en números rojos registró Ecopetrol bajo Ricardo Roa
La cuenta empieza en un buen momento, cuando en 2022, antes de que Roa llegara al cargo, Ecopetrol había crecido 100% en utilidades netas. Pero ese impulso se apagó rápido. En el primer trimestre de 2023, que coincidió con el primer reporte de resultados bajo la presidencia de Roa, la utilidad neta ya caía 13,9% frente al año anterior.
De ahí en adelante, la tendencia no se revirtió, ya que en el segundo trimestre de 2023 la utilidad se desplomó 61% frente al mismo periodo de 2022, la caída más fuerte de toda la serie. En el tercer trimestre bajó 46,5% y en el cuarto, la petrolera cerró con $4,2 billones en utilidad neta, por debajo de lo reportado un año atrás, en medio de menores precios del crudo.
El 2024 tampoco trajo alivio, cuando los cuatro trimestres registraron descensos frente a sus equivalentes de 2023, solo en el primero, la utilidad cayó 29,1%. En 2025 la historia se repitió con más fuerza todavía. El año completo cerró con una caída de 39,5% en la utilidad anual y el último trimestre registró una contracción cercana al 60% frente al mismo periodo de 2024.
El primer trimestre de 2026 no rompió la racha, aunque la desaceleró, cuando la utilidad neta bajó 7,7% frente al mismo periodo de 2025, con lo que se completaron 13 trimestres consecutivos a la baja. Antes de esta última cifra, un conteo de analistas ya advertía que, en los nueve trimestres anteriores, las ganancias de la petrolera habían caído a un ritmo promedio del 29,37%.
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Un primer trimestre golpeado por el dólar y el impuesto al patrimonio
Al ponerle lupa a los resultados recientes, que corresponden a los del primer trimestre de 2026, la tendencia es más marcada con $2,8 billones de utilidad neta, frente a los $3,1 billones del mismo periodo de 2025. Los ingresos llegaron a $28,6 billones, con una caída de 8,7%, y la producción del grupo se ubicó en 725.200 barriles diarios, 2,7% menos que un año atrás.
La compañía explicó parte de esa caída por un factor cambiario: aunque el precio internacional del petróleo, en especial el Brent, mostró cierta recuperación, la revaluación del peso le restó $2,6 billones a los ingresos. A eso se sumaron menores volúmenes vendidos en el mercado local, que bajaron 5,9% hasta 394.000 barriles diarios, y exportaciones por 509.400 barriles diarios, con una caída de 5,2%. En total, los volúmenes comercializados se redujeron 5,5%.
A ese panorama se sumó el impuesto al patrimonio creado por el Gobierno en 2026, que le costó a Ecopetrol $1,2 billones, según reconoció la propia empresa. La tarifa aplicada osciló entre 0,5% y 1,6%, siendo esta última la que pagan las compañías con actividad petrolera, como Ecopetrol y su filial Hocol.
Del total del tributo, 41% correspondió al segmento de refinación y petroquímicos, 34% a exploración y producción, 20% a transporte y logística, y 5% a transmisión de energía y vías. Analistas de Corficolombiana y Davivienda Corredores coincidieron en que este impuesto extraordinario tuvo un peso importante sobre el resultado final.
La lista de escándalos que rodean a Ricardo Roa
1. El apartamento con descuento y el tráfico de influencias
El caso que más golpeó la administración de Roa tiene que ver con la compra de un apartamento. Según la acusación formal que radicó la Fiscalía, el empresario Juan Guillermo Mancera intervino en el negocio mediante el cual Roa adquirió el apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá.
El valor comercial del inmueble estaba calculado en $2.727 millones, pero Roa terminó comprándolo por $1.800 millones, un descuento cercano a $927 millones, equivalente a 34% por debajo del precio de mercado. Mancera, además, habría actuado como intermediario y garante de un pago en cuotas y sin intereses.
La propiedad se transfirió mediante escritura pública el 7 de diciembre de 2022, con una nota que indicaba que el vendedor ya había recibido la totalidad del dinero. Sin embargo, según la Fiscalía, los pagos reales se hicieron entre enero de 2023 y marzo de 2024, girados por la empresa Innova Mercadeo, vinculada a Mancera, a favor de Priscenton International, la propietaria del apartamento.
La compra se cerró meses antes de que Roa asumiera la Presidencia de Ecopetrol. Ya en el cargo, habría buscado “devolver” el favor impulsando que una empresa cercana a Mancera se quedara con el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, que se evaluaba en Hocol, la filial de exploración y producción donde Roa también presidía la junta directiva.
El contrato finalmente no se concretó, después de que visitas técnicas de la compañía recomendaran suspender la iniciativa. Aun así, la Fiscalía considera que la instrucción para favorecer al empresario ya configuró el delito de tráfico de influencias de servidor público. El caso ahora espera que un juez fije la fecha de la audiencia de acusación, antes de entrar a la etapa de juicio.
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2. Los $58.000 millones de la campaña Petro Presidente
El segundo proceso judicial contra Roa tiene que ver con su paso como gerente de la campaña Petro Presidente 2022, por presunta financiación irregular. Ya fue imputado por este caso y espera que la Fiscalía radique el escrito de acusación formal.
Una investigación de la revista Cambio reveló que, por tres cuentas bancarias a nombre de Roa, circularon más de 58.000 millones de pesos durante la campaña de 2022, una cifra que supera con creces tanto los topes legales de la época, $27.453 millones para primera vuelta y $12.840 millones para segunda vuelta, como los gastos que la campaña reportó oficialmente: $19.402 millones.
Los movimientos se concentraron entre febrero y julio de 2022, justo en el periodo de la consulta interpartidista, la primera vuelta y la segunda vuelta presidencial.
Roa abrió tres cuentas en la Cooperativa Financiera Confiar, la primera, el 26 de enero de 2022, días después de que Petro formalizara su inscripción como precandidato, recibió 11.406 millones de pesos entre febrero y marzo, antes de vaciarse en abril. La segunda, abierta el 6 de abril, movió 31.388 millones. Y la tercera, abierta el 1 de junio, cuando arrancó formalmente la campaña de segunda vuelta, recibió cerca de 11.754 millones, la mayoría en junio, el mes en que Petro ganó la presidencia.
En total, las tres cuentas de Confiar sumaron más de 54.500 millones de pesos en movimientos durante el año electoral. A esto se suman ingresos identificados en otras entidades: cerca de 3.397 millones de pesos en una cuenta de Bancolombia y aproximadamente 376 millones de pesos en cuentas de Davivienda. Los registros muestran un pico de más de 1.800 millones de pesos en junio de 2022, justo cuando se disputaba la segunda vuelta.
3. El contrato de 5,8 millones de dólares para vigilar a 70 funcionarios
Otro de los episodios que más ruido generó fue la revelación de un contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, que originalmente era por 875.000 dólares para medir el impacto de los escándalos de Roa en la imagen de Ecopetrol ante los mercados internacionales.
El 31 de diciembre de 2024, un otrosí elevó ese contrato a 5,8 millones de dólares, un cambio que, según información de El Tiempo, generó molestia dentro de la junta directiva.
Además, el objetivo del contrato terminó incluyendo una instrucción para retener, sin alterar ni destruir, cualquier tipo de información (correos, dispositivos, documentos físicos o electrónicos) relacionada con altos ejecutivos de la petrolera y sus filiales.
Según la Fiscalía, esa instrucción habría derivado en la interceptación de comunicaciones de al menos 70 altos funcionarios de Ecopetrol y filiales como Hocol y Cenit, con el argumento de buscar al “topo” que filtraba información a los medios.
Entre las personas señaladas como sujetas a esa “retención selectiva” están Luis Alberto Zuleta, entonces miembro de la junta directiva; Rafael Ernesto Guzmán Ayala, vicepresidente ejecutivo; Nicolás Azcuénaga Ramírez, vicepresidente de nuevos negocios; Fabio Ortega, gerente de nuevos negocios en Hocol; Alberto Enrique Consuegra, vicepresidente ejecutivo operativo; Elsa Jeanneth Jaimes, vicepresidenta Costa Afuera; y Germán González, secretario general. Todo indica que la renuncia de la entonces miembro de junta Mónica de Greiff estuvo relacionada con su oposición a ese otrosí, quien se sintió traicionada por la decisión.
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4. 42 millones de dólares por unas plantas que debían ser gratis
Una investigación periodística reveló que Ecopetrol pagó 42 millones de dólares en junio de 2024 por las plantas de energía Termomorichal I y II, en Campo Rubiales, cuando en teoría debían haberse transferido sin costo desde 2016, tras la salida de Pacific Rubiales del negocio.
La operación involucró al fallecido empresario William Vélez y al empresario Serafino Iácono. Aunque inicialmente se buscaba una transferencia gratuita, la empresa de Vélez exigió más de 40 millones de dólares; tras un nuevo análisis jurídico y un concepto externo, Ecopetrol terminó pagando.
El 49% de Termomorichal S.A.S. pertenece a Genser Power Inc., una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Un informe confidencial de cumplimiento de Ecopetrol, fechado el 23 de octubre de 2024, identificó como beneficiarios reales de esa sociedad a Leopoldo Alejandro Betancourt López y Francisco Convit Guruceaga, ambos fundadores de Derwick Associates, la empresa venezolana acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de sobornar a funcionarios de PDVSA para obtener contratos sobrevalorados por 2.900 millones de dólares en total.
Convit está formalmente imputado en Estados Unidos desde 2018 y hoy es prófugo. Betancourt, identificado en el mismo expediente como “Conspirador No. 2”, fue detenido dos veces en Londres durante 2025, la última bajo una orden de extradición solicitada por Suiza, y tiene fijada una audiencia de extradición para el 5 de mayo de 2026. En la misma red aparece Harry Sargeant III, señalado en el Congreso de Estados Unidos por “pillaje de guerra” y desautorizado públicamente por Donald Trump en febrero de 2026.
Un informe anterior de la firma Control Risks, elaborado para Ecopetrol en marzo de 2024, ya había identificado como beneficiarios finales del Grupo Genser a los empresarios venezolanos José Francisco Arata, Miguel de la Campa y el propio Serafino Iácono, todos exdirectivos de Pacific Rubiales, a través de otra sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, Blue Pacific Asset Corporation.
Iácono aparece además como un nodo central en otra conexión, es dueño de la firma que le vendió el apartamento a Roa, y su nombre está ligado a Pablo Navarro, actual CEO de LNG Energy en Colombia y antiguo ejecutivo de Bank of America que trabajó con él en los tiempos de Pacific Rubiales. Iácono ha insistido en que, para el momento del pago de los 42 millones de dólares, ya no era socio de Genser.
Asimismo, para junio de 2024, la junta directiva de Ecopetrol incluía a cinco miembros designados por el Gobierno Petro en marzo de ese año, Ángela María Robledo, Tatiana Roa, Guillermo García Realpe, Álvaro Torres Macías y Edwin Palma, que debieron revisar y aprobar tanto la transacción como los informes de debida diligencia que la sustentaban. La exigencia pesa especialmente porque Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York y está sujeta a las normas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), lo que obligaba a la junta a conocer o poder conocer tanto el informe de Control Risks de marzo de 2024 como el documento interno de octubre de ese año.
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5. La vía Puerto Gaitán-Rubiales y los $213.000 millones redistribuidos
Otra investigación reveló que Ecopetrol habría frenado una licitación del Invías para la vía Puerto Gaitán-Rubiales, clave porque por ella se transporta el 30% del petróleo del país, para luego redistribuir $213.000 millones entre entidades locales.
El proyecto se había acordado en 2022 con una bolsa de $512.000 millones, pero hoy solo tiene ocho kilómetros pavimentados y un tramo de 27 kilómetros sin financiación. Los recursos quedaron en manos del Invías, la Agencia de Infraestructura del Meta y la Alcaldía de Puerto Gaitán, con contratos adjudicados a firmas vinculadas a políticos regionales y señalamientos de posibles sobrecostos y falta de competencia.
6. Julián Caicedo y la injerencia en decisiones internas
El constructor Johny Giraldo, encargado de remodelar el apartamento de Roa, denunció en entrevista con el periodista Daniel Coronell irregularidades en los pagos de esa obra. Según Giraldo, la remodelación costó cerca de $2.300 millones, de los cuales él recibió unos $2.000 millones, presuntamente entregados en efectivo y en cajas, con la intermediación del abogado Hernando Ballesteros y de un tercero vinculado al fallecido William Vélez.
Giraldo dijo desconocer el origen de esos recursos y afirmó que Julián Caicedo, pareja de Roa, tendría influencia en decisiones internas de la petrolera. El constructor aseguró temer por su vida y responsabilizó tanto a Roa como a Caicedo si le llegara a pasar algo.
A esta lista se suman otros episodios señalados por distintos medios como la presión de Roa para que Jorge Carrillo llegara a la presidencia de la filial ISA pese a no cumplir, según los cuestionamientos, con el perfil requerido, y la decisión de que Ecopetrol desistiera de participar en el Proyecto Oslo, una iniciativa con potencial para aumentar las reservas de la empresa y comparable en magnitud al negocio que en su momento llevó a la compra de ISA, tras una petición expresa del presidente Gustavo Petro.
7. El caso Helistar
La Fiscalía 21 Especializada en delitos contra la administración pública asumió además la investigación penal contra Roa y otros altos funcionarios de Ecopetrol por presuntas irregularidades contractuales que habrían favorecido a la empresa Helistar. El caso partió de una denuncia de la firma Helicol, que asegura que se habría diseñado un esquema de contratación con “pliegos a la medida de Helistar” que impidió una competencia real por el contrato.
Las calificadoras prendieron las alarmas por Ecopetrol
1. Fitch: una gobernanza que se debilita
A finales de 2025, Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia positiva de Ecopetrol, pero advirtió sobre un deterioro en su gobierno corporativo. “Gobernanza debilitada”, señaló la agencia, que puso el foco en decisiones sobre adquisiciones estratégicas y en la composición de la junta directiva.
Fitch reconoció la solidez de los estatutos que protegen la independencia frente al accionista mayoritario, pero advirtió que decisiones recientes generaban dudas sobre el nivel real de esa independencia.
La calificadora citó como ejemplo la renuncia de los entonces miembros de junta Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, anunciada a finales de agosto de 2025, en medio de las investigaciones contra Roa por su papel como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Para Fitch, ese ruido institucional podía terminar afectando la capacidad de la empresa para sumar reservas, mantener su producción y acceder al mercado de bonos en buenas condiciones.
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2. S&P baja la nota de BB a BB-
El 8 de abril de 2026, tras el recorte de la calificación soberana de Colombia, S&P Global Ratings bajó la nota de Ecopetrol de BB a BB-. La agencia explicó que la calificación de la petrolera está “limitada por el perfil crediticio del soberano”, ya que el Gobierno posee el 88,49% de las acciones y depende de sus dividendos y regalías para financiar el presupuesto nacional. Solo el año pasado, Ecopetrol le transfirió cerca de $11,5 billones a la Nación.
S&P mantuvo el perfil crediticio individual de la empresa, es decir, su fortaleza como negocio, sin contar el efecto del Estado, en bb+, reconociendo que la probabilidad de respaldo del Gobierno en momentos de estrés sigue siendo “muy alta”. Pero mientras el país recibió una perspectiva estable, Ecopetrol quedó con perspectiva negativa.
La agencia señaló tres focos de riesgo, un gobierno corporativo calificado como “moderadamente negativo” en medio de la incertidumbre judicial de Roa y la falta de mayoría independiente en la junta (solo cuatro de nueve miembros lo son); una producción estancada, que en 2025 promedió 745.000 barriles diarios, por debajo de la meta de 750.000; y el riesgo de priorizar el pago de dividendos por encima de la inversión necesaria para mantener y crecer las reservas.
Para S&P, el problema central sigue siendo la gobernanza, porque la influencia de instrucciones desde la Casa de Nariño sobre las decisiones de una junta que, en teoría, es autónoma.
3. Moody’s también recorta la nota
Menos de 20 días después del golpe de S&P, Moody’s redujo la calificación global de Ecopetrol de Ba1 a Ba2 y cambió la perspectiva de estable a negativa. La calificación individual del negocio se mantuvo en b1, lo que indica que, por sí sola, la empresa conserva fundamentos razonablemente sólidos.
El informe también señaló la rotación de altos directivos durante los últimos 12 a 18 meses como un factor que “subraya la exposición de la empresa al riesgo de gobierno corporativo relacionado con el Estado”. Este análisis coincidió con la salida temporal de Roa de la presidencia, el directivo inició vacaciones el 7 de abril de 2026 y, al terminarlas, tomó una licencia no remunerada de 30 días que extendió su ausencia hasta finales de junio, sin que quedara claro su futuro en la junta de la filial ISA.
En el frente financiero, Moody’s advirtió sobre el riesgo de que Ecopetrol financie con deuda de corto plazo operaciones como la compra de activos en Brasil, valorada en más de 1.000 millones de dólares, y proyectó que el flujo de caja libre podría seguir en terreno negativo hacia 2026, en medio de altos niveles de inversión, pago de dividendos y posibles atrasos relacionados con el FEPC. La combinación de esos factores, advirtió la calificadora, podría traducirse en una liquidez más ajustada entre 2026 y 2027.
Las razones de la salida de Roa
Así las cosas, la combinación de 13 trimestres de resultados a la baja, tres rebajas de calificación crediticia y una batería de investigaciones judiciales terminó por definir el desenlace.
Roa tomó posesión el 30 de abril de 2023. En mayo de 2025 se conoció el proceso por el contrato con Covington & Burling y se reveló que las utilidades de Ecopetrol habían caído más de 44% desde su llegada. En junio de ese año, Roa denunció amenazas de muerte y filtraciones internas, mientras se hacía pública la denuncia sobre la compra del apartamento.
En agosto, el expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, denunció persecución e irregularidades bajo su gestión. En noviembre, el Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña Petro Presidente, de la que Roa fue gerente, por violar los topes de financiación en 1,4 millones de dólares. En febrero de 2026 llegó la imputación penal de la Fiscalía.
Roa inició vacaciones el 7 de abril de 2026 y encadenó una licencia no remunerada de 30 días que estiró su ausencia hasta finales de junio. Mientras tanto, la Fiscalía radicó la acusación formal por tráfico de influencias en el caso del apartamento y avanzó en el proceso por la financiación irregular de la campaña de 2022.
Roa ha insistido en su inocencia en ambos procesos, ha dicho que comparecerá ante la justicia y que no tiene planes de salir del país. El 30 de julio de 2026 se confirmó su salida definitiva de la presidencia de Ecopetrol, en medio de un historial de escándalos que las calificadoras internacionales ya venían advirtiendo desde hace más de un año.
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