Los mismos senderos de la Comuna 13 por donde los grupos armados llevaron a inicios de la década de 2000 a sus víctimas para matarlas y borrar su rastro se convertirán en un monumento a los desaparecidos.
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El proyecto que pretende resignificar ese sector fue presentado el miércoles en el marco de una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que ha dictado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para preservar ese lugar donde habrían inhumado a más de 500 personas en un periodo dramático para esta ciudad y en particular para su zona centro occidental en la primera década de este siglo.
Esa época se caracterizó por el hostigamiento a los pobladores por grupos de milicias ligados en forma variable con la guerrilla, y por parte de paramilitares, pero también por varias operaciones militares en las cuales la Justicia y la Comisión de la Verdad han documentado la connivencia entre los irregulares y miembros de la Fuerza Pública.
La diligencia de este 5 de agosto contó con la participación de cuatro magistrados de la JEP (entre ellos su presidente, Alejandro Ramelli) con un grupo nutrido de víctimas, más los funcionarios que informaron cómo han cumplido con los mandatos que los obligan.
El magistrado Gustavo Salazar, quien preside la investigación de la Comuna 13, informó que a finales de este mes concluirá la quinta fase de la búsqueda en La Escombrera y La Arenera, y que se preparan para iniciar inmediatamente una sexta etapa en el llamado “polígono ampliado”, donde hasta ahora han encontrado tres de los siete cuerpos que van exhumados. El balance muestra que han excavado 63.000 metros cúbicos de desechos de construcción.
La intervención que viene se haría en un terreno cercano a 3.000 m² y exigiría manipular aproximadamente 32.000 m³ de material, pero antes habrá que hacer un manejo técnico de las aguas que discurren por el terreno y que pueden generar riesgo. Todo esto demoraría entre 16 y 20 meses, según un vocero de la firma que hace las excavaciones. La JEP tiene dispuestos dos equipos forenses que serían reforzados en ese mismo perímetro con profesionales de la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Por los testimonios de exintegrantes del bloque Cacique Nutibara, estiman que en ese espacio podría haber entre 50 y 60 osamentas, aunque según Salazar serían incluso más. La presencia de una víctima de la Zona Nororiental entre los siete cuerpos encontrados hasta ahora “confirma que La Escombrera fue un sitio de inhumación ilegal para toda la ciudad, no solo para la Comuna 13”, afirmó.
En el recinto se escucharon varias opiniones que reflejaron incertidumbre frente a la financiación futura, bajo la coyuntura del cambio de presidente de la República.
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“Es importante aclarar que las órdenes judiciales obligan a las instituciones, no están sujetas al cambio de un gobierno específico”, aclaró Ramelli.
En particular, el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, pidió que la JEP haga un llamado al Gobierno Nacional saliente (de Gustavo Petro), pues según él, ha incumplido con el desembolso de recursos y tampoco dejó apropiado con qué contribuir en lo que falta de 2026; mucho menos apropió vigencias futuras que garanticen la operación luego.
“Se requieren fondos para maquinaria amarilla, apoyo psicológico y jurídico a las madres buscadoras, logística y el monitoreo del sistema de seguimiento del movimiento de tierras”, dijo.
Luz Elena Galeano, directora de la asociación Mujeres Caminando por la Verdad, enfatizó en que las labores en el “polígono ampliado responden a una exigencia” y que también solicitan que se trabaje con mayor celeridad para la búsqueda de los desaparecidos.
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