En medio de la instalación de la Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral que se celebró esta mañana en Medellín, Gutiérrez señaló que “hoy más que nunca tenemos que cuidar la democracia y estar unidos en la defensa institucional de Colombia”. Criticó lo que, a su juicio, es una falta de respeto del presidente Petro por las instituciones, las decisiones judiciales y, particularmente, por la decisión del Congreso de hundir su consulta popular, tomada “en democracia de acuerdo a la Constitución” y a las reglas de separación de poderes.
Según el alcalde, el “libreto” del presidente cuando algo no le gusta es siempre el mismo: “Hacerse la víctima, llamar a que se tomen las calles y generar básicamente un caos en las ciudades”.
El alcalde de Medellín cuestionó abiertamente la intención detrás de los llamados a la movilización. “¿Qué es lo que pretende? Incendiar el país, así como lo hicieron ya hace pocos años”.
Gutiérrez señaló una distinción entre la protesta legítima, que se respeta y garantiza, y aquellos que “se amparan en la protesta para poner en riesgo a las demás personas, para destruir el patrimonio público y privado”.
Subrayó que en Medellín no permitirán que esto suceda y que están firmes en “poner orden en nuestras ciudades”,
Para Gutiérrez, lo que está haciendo el presidente Petro es “muy peligroso” y “absolutamente populista”, y lamentó que sea el propio presidente, quien debería garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley y proteger a todos los ciudadanos, el que “llame y justamente quien trate de generar el desorden e incendiar las ciudades”.
Atribuyó esta actitud a “ansias de quedarse en el poder” y las calificó como “actitudes dictatoriales” con el objetivo de “incendiar el país”.
Para él, con o sin la aprobación de la consulta popular, el llamado del Gobierno Nacional a tomarse las calles se habría hecho de igual manera.
Finalmente, el mandatario también envió un mensaje a gobernadores, alcaldes y, especialmente, a la fuerza pública: “El hecho de que una persona ostente una dignidad no significa que puede ordenarles hacer lo contrario que dice la Constitución y la ley”.
El supuesto fraude y el llamado a las calles
Tras el hundimiento de la consulta popular en una sesión en la que los parlamentarios por pocos se van a los golpes, el presidente Gustavo Petro denunció que la consulta “No se hundió (...) La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970”.
Petro señaló al senador Efraín Cepeda, presidente del Senado, de cerrar la votación a sabiendas de que votos a favor estaban ingresando y calificó, sin pruebas, la situación como un “fraude evidente y la burla a la Constitución” y llamó al pueblo a “contestar”, a no callarse, y a convocar “de inmediato” a los movimientos sociales y centrales obreras a las calles.
Les ordenó a las fuerzas militares y a la policía no usar la fuerza contra el pueblo, sino cuidar los edificios institucionales y garantizar la convivencia. También le solicitó al Senado poner nuevamente en votación la consulta popular y manifestó estar listo para acatar lo que el pueblo decida. Además, anunció que el gobierno volverá a presentar la consulta popular, incluyendo una pregunta adicional sobre la reforma a la salud, que el legislativo, en democracia y cumplimiento de la ley, ya le ha negado en diferentes oportunidades.
Como era de esperarse, desde la Central Unitaria de trabajadores, CUT, ya aseguraron que estarán firmes a atender el llamado del presidente.
“Desde ya, la Central Unitaria de Trabajadores se pone en pie de alerta frente a la necesidad y conveniencia que tenemos para realizar movilizaciones sociales muy rápidamente, para protestar especialmente contra el fraude que se fraguó en el Senado de la República”, señaló Fabio Arias, presidente del sindicato.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, uno de los protagonistas de la pelotera en el Congreso, también calificó la votación de “fraudulenta” y acusó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y al secretario general, Diego González, de incurrir en “delitos, en falta de ética y moral”.
En respuesta, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, negó las acusaciones de fraude y defendió la legalidad de la votación y la actuación del secretario. Afirmó que “La democracia habló en el Senado de la república” y señaló que una consulta popular no era conveniente y que servía únicamente para fines políticos o politiqueros, pretendiendo gastar casi un billón de pesos.
En medio de esta jornada agitada, el Senado también votó por revivir la reforma laboral que había sido archivada previamente. Esta iniciativa pasará ahora a ser debatida en la Comisión Cuarta del Senado.
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Esa comisión es presidida por la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano. Allí fue donde se hundió el Presupuesto General de la Nación (PGN) del Gobierno el año pasado tras argumentarse que estaba desfinanciado.
Este periodo legislativo irá hasta el hasta el 20 de junio, restan unas cinco semanas o 35 días para que dicha comisión discuta el proyecto.
En ese orden, el proyecto tendrá que surtir dos debates más: primero en Comisión Cuarta para luego ser tramitada en la plenaria del Senado donde enfrentaría su último y cuarto debate.
Si ese proyecto logra superar esos dos debates, entonces se convertiría en ley.
