Más de 40 personas habrían salido afectadas por la presunta estafa de una firma inmobiliaria que ofrecía sus servicios en Medellín.
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Entre las víctimas reportadas hay tanto personas que acudieron a esa empresa para poner bajo su administración bienes inmuebles, como otros que lo hicieron en calidad de arrendatarios.
La investigación al respecto fue asumida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la información recopilada, la modalidad del timo consistía en recibir las propiedades para su administración y captar dineros de arriendo o anticipos sin trasladarlos a los propietarios o sin entregar los inmuebles ofrecidos.
Las víctimas señalan que, ante los reclamos que ellos les hacían, la empresa argumentaba problemas financieros o bancarios para justificar el incumplimiento de pagos.
Mientras que la dependencia municipal, en articulación con la Inspección de Protección al Consumidor, se ocupa del proceso administrativo para determinar posibles sanciones en ese campo, la instancia investigativa de carácter judicial tiene entre sus manos la indagación para ver si existe mérito para abrir una indagación de tipo penal.
Por lo pronto, las autoridades han recibido 25 quejas formales, han impuesto 17 sanciones y mantienen 6 procesos administrativos en curso, según informó la subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia de Medellín, Laura Hernández.
Fuera de eso, añadió, se adelantan actuaciones que derivaron en la cancelación de la matrícula de la agencia, mientras la investigación penal continúa para establecer responsabilidades.
“Aquí hay un mensaje claro: en Medellín no vamos a admitir que se juegue con el patrimonio de la gente ni que se abuse de la confianza ciudadana. De manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, avanzamos en estas investigaciones para establecer responsabilidades penales, mientras desde lo administrativo seguimos aplicando la ley, incluso con esa posibilidad de cancelar la matrícula de esta agencia”, dijo la subsecretaria Hernández.
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Sin embargo, el nombre de la compañía involucrada en la conducta presuntamente irregular no fue revelado. La funcionaria reiteró el llamado a los ciudadanos para que estén alerta a prevenir esta clase de engaños, verificando que las agencias de arrendamientos que contacten cuenten con registro formal, dirección física validada ante la Alcaldía de Medellín, historial de funcionamiento y referencias comprobables.
Por su parte, agentes vinculados con el gremio de los bienes raíces recomendaron verificar que la empresa inmobiliaria con la que se contrata el manejo de una casa, local u otro tipo de bien inmueble cuenta con la respectiva matrícula que acredite la legalidad de su operación.
También, revisar que tenga trayectoria comprobada con un buen número de años de funcionamiento, experiencia comprobable y una operación bien estructurada.
Igualmente, es importante verificar si está afiliada a la Lonja de Propiedad Raíz, lo cual implica que está sujeta a seguimiento.
Umbral Propiedad Raíz señaló algunas conductas que deben encender las alertas como si le piden dinero antes de mostrar el inmueble; si muestran los trámites como urgentes o le indican un negocio como si fuera la última oportunidad, pero sobre todo si el contrato no es claro.
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