Más de siete años después del devastador incendio que consumió el Bloque 27 de la Central Mayorista de Antioquia, conocido popularmente como Las Malvinas, la Alcaldía de Medellín y la Central Mayorista de Antioquia han sido condenadas —en primera instancia— a pagar una millonaria indemnización a los comerciantes afectados.
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El Juzgado 17 Administrativo Oral del Circuito de Medellín emitió este viernes, 6 de junio, un fallo de primera instancia que las declara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados por el siniestro, ocurrido en la noche del domingo 9 de julio de 2017, que se propagó hasta el amanecer del día siguiente.
La indemnización total asciende a la suma de $66.071.892.050. Según la sentencia, el Distrito de Medellín deberá asumir el 70% de este monto, mientras que la Central Mayorista responderá por el 30% restante. El juzgado desestimó la responsabilidad del Municipio de Itagüí.
Omisión y falta de mantenimiento, las causas
El fallo judicial se basa en una acción de grupo interpuesta el 5 de julio de 2019 por 160 comerciantes de los cerca de 400 afectados. Los demandantes argumentaron que el incendio, que se extendió por al menos cuatro horas, fue provocado por causas técnicas, sin intervención humana directa, específicamente por problemas en las redes eléctricas del lugar.
El fallo de más de 200 páginas concluyó que tanto el municipio de Medellín como la Central Mayorista faltaron a los deberes de vigilancia, control y mantenimiento de las instalaciones del Bloque 27. Se acreditó que, desde 2007 y en reiteradas ocasiones, las administraciones fueron alertadas sobre el mal estado de las redes eléctricas, fluctuaciones de voltaje, chispas y el riesgo inminente de incendio.
Pese a los reportes, que incluyeron comunicaciones detalladas sobre la obsolescencia del sistema y la sobrecarga, no se tomaron acciones concretas y eficaces para mitigar el riesgo, según la justicia.
El juzgado determinó que el incendio no fue un hecho inevitable o imprevisible (fuerza mayor), sino una consecuencia directa de la negligencia institucional y la inacción frente a una amenaza conocida y latente. La falta de planes de prevención y atención de incendios en el bloque también fue un factor considerado.
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Hay que destacar que el Bloque 27, aunque ubicado geográficamente en Itagüí, es propiedad del municipio de Medellín, al que le fue cedido a título gratuito por Empresas Varias de Medellín en 2013. El tribunal determinó que, como propietario de un bien de uso público destinado al comercio de productos de primera necesidad, el Municipio tenía el deber jurídico de protección, administración y mantenimiento. La Central Mayorista, como administradora del complejo, también fue considerada corresponsable por su deber de diligencia en la supervisión y articulación con el propietario.
Las defensas de las entidades, que alegaron culpa exclusiva de las víctimas por instalaciones irregulares o negligencia. y la existencia de fuerza mayor, fueron rechazadas por el juez.
Los perjuicios reconocidos
La sentencia condena al pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante (ganancia dejada de percibir) y perjuicios inmateriales en la modalidad de daño moral (aflicción y angustia). Aunque los demandantes buscaban también el reconocimiento de daño emergente (bienes perdidos), el juzgado se apartó del dictamen pericial para tasar este rubro, considerando que se basó en información poco confiable.
Para el lucro cesante consolidado (desde el incendio hasta la reubicación), el juzgado aplicó una presunción de ingreso equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente por cada demandante. La reubicación provisional en carpas se dio en diciembre de 2020, más de tres años después del incendio, periodo durante el cual los comerciantes enfrentaron condiciones precarias y reducción de ventas.
La indemnización por daño moral fue fijada en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los 196 demandantes identificados en la sentencia.
Distribución y futuro del pago
El monto de la indemnización colectiva deberá ser entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, administrado por el Defensor del Pueblo, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la providencia. Esta entidad se encargará de realizar los pagos individuales a los comerciantes.
En cuanto aquellos afectados por el incendio que no participaron en el proceso inicialmente, podrán presentarse ante la Defensoría del Pueblo dentro de los 20 días siguientes a la publicación de un aviso sobre la sentencia para acreditar su vínculo con el inmueble y su afectación (presentando facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento, u otros medios idóneos).
No obstante, esta decisión de primera instancia será apelada por la Alcaldía de Medellín, según le confirmó a EL COLOMBIANO Sebastián López, secretario General de la Alcaldía.
Cabe recordar que el bloque afectado fue reconstruido por las aseguradoras y entregado a la Alcaldía, que lo cedió en arriendo a la plaza, la cual a su vez lo subarrendó a los comerciantes originales a un precio mayor del que pagaban en 2017. Vanessa Calle, una comerciante, señaló en su momento que, aunque el nuevo canon sería más costoso ($1.800.000 a $2 millones frente a los $500.000 anteriores), tendrían más seguridad, comodidad y garantías.
Mientras la reconstrucción avanzaba, cientos de comerciantes permanecieron más de tres años casi a la intemperie, trabajando en carpas. Aunque el retorno al nuevo bloque estuvo listo para inicios de diciembre de 2020, la indemnización dictada busca reparar los daños económicos y morales sufridos durante y después de la emergencia de 2017.
