Este jueves se realizó una nueva audiencia del caso de Aguas Vivas, el escándalo que tiene en el banquillo al exalcalde Daniel Quintero y a varios altos exfuncionarios de su gobierno por presuntamente intentar beneficiar a un privado con un lote ubicado en Las Palmas.
Este 20 de agosto la diligencia se reanudó luego de que el pasado 6 de este mismo mes la Fiscalía General de la Nación sustentara su desacuerdo ante una nulidad que se declaró en la imputación de los delitos.
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Vale recordar que a mediados de julio, la jueza 22 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento había establecido que el ente acusador no había sido claro en los delitos que le estaba imputando a los 13 procesados y pidió ajustar ese acto.
Luego de que la Fiscalía interviniera en las audiencias que se han venido realizando, este jueves el turno fue para el apoderado de las víctimas, cuya representación es liderada por la Alcaldía de Medellín.
En representación del Distrito intervino el abogado Alfonso Cadavid, quien en una exposición que duró varias horas también defendió el actuar de la Fiscalía y consideró que en el caso se ha documentado de forma muy amplia que hubo actuaciones irregulares.
Los argumentos de la Alcaldía
A lo largo de su exposición, el apoderado cuestionó la decisión de declarar la nulidad de la imputación, e hizo énfasis en casos como los del exsecretario Fabio Andrés García Trujillo y el exalcalde Daniel Quintero Calle.
Adentrándose en detalles técnicos, el apoderado cuestionó, por ejemplo, las razones que llevaron a la jueza de primera instancia a establecer que la Fiscalía no explicó por qué la Resolución 202250110923 del 26 de octubre de 2022 (que terminó unilateralmente el contrato de cesión gratuita) era contraria a la ley.
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Cadavid fue enfático en señalar que la Fiscalía sí cumplió con su deber de explicación. Citando las grabaciones de las audiencias de abril de 2025, recordó que la fiscal del caso leyó y sustentó la violación de las normas aplicables a ese caso.
Otro de los argumentos del abogado fue que no existió confusión por parte de la Fiscalía entre la “terminación unilateral” y la “condición resolutoria tácita”, uno de los elementos mencionados por la jueza para no validar la imputación en julio pasado.
El abogado consideró que el ente demostró cómo los antiguos dueños del predio fueron quienes habrían incumplido el contrato al no realizar las adecuaciones internas del terreno (caminos, bancas, etc.) para el disfrute de la comunidad y lo que era legalmente procedente era sancionarlos.
Bajo esa óptica, señaló que se habría configurado una desviación de poder por parte de los funcionarios que emitieron una resolución para devolverles el predio y, además, buscaron la forma de pagarles recursos.
El apoderado argumentó que el predio ya era un bien de uso público desde diciembre de 2019. Por lo tanto, el entonces alcalde Daniel Quintero tenía la obligación de custodiarlo. Sin embargo, el exsecretario García Trujillo presuntamente abusó de su cargo y dispuso materialmente del lote para reintegrarlo al patrimonio de los particulares, configurando así una apropiación en favor de terceros por un valor superior a los $42.719 millones.
El abogado también se refirió a los casos de los demás imputados y, en el mismo sentido, respaldó las intervenciones de la Fiscalía.
Finalmente, Cadavid expresó que el proceso penal es progresivo y que las exigencias de claridad y prueba van aumentando en cada etapa, por lo que consideró que la Fiscalía había sido amplia en su exposición y que, a medida que avance el juicio, el ente acusador desglosará en mayor nivel de detalle las pruebas.
Concluida la exposición tanto de la Fiscalía como de las víctimas, ahora corresponde la intervención de los defensores de los 13 procesados.
Dado que se trata de un grupo tan amplio, los abogados solicitaron fijar una nueva fecha para continuar con la audiencia.
La próxima cita quedó programada para el lunes 14 de septiembre a las 8:30 de la mañana y un segundo espacio para el jueves 15 de octubre a las 1:30 de la tarde.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿En qué consiste el escándalo del caso Aguas Vivas?
- Es un proceso judicial por presunta corrupción que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a otros 12 exfuncionarios de su administración, quienes son señalados de intentar beneficiar a un privado con la devolución irregular de un millonario lote ubicado en el sector de Las Palmas.
- ¿Cuál fue la postura de la Alcaldía de Medellín en la reciente audiencia?
- Actuando en calidad de víctima, la Alcaldía respaldó a la Fiscalía General de la Nación y solicitó que se avale la imputación de delitos contra los 13 procesados, cuestionando la decisión de una jueza que había declarado la nulidad de dicha imputación a mediados de julio.
- ¿Cuándo continuarán las audiencias por este escándalo?
- Una vez concluidas las intervenciones de la Fiscalía y la Alcaldía, el turno será para la defensa de los 13 procesados. Las próximas diligencias judiciales quedaron programadas para el lunes 14 de septiembre a las 8:30 a. m. y el jueves 15 de octubre a las 1:30 p. m.
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