Este lunes 31 de agosto, cuando todo estaba listo para que la justicia y la ciudadanía comenzaran a escuchar la argumentación de los cargos que la Fiscalía le iba a formular a Miguel Quintero, hermano mayor del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, un vicio legal, según unos, o una argucia jurídica, dirían otros, dio al traste con la audiencia de imputación; en consecuencia, esta tendrá que ser reprogramada.
La diligencia estaba planteada de manera virtual para iniciar a las 2:10 p.m. en el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías. No obstante, a las 2:12 p.m. la oficial mayor del despacho les informó a los asistentes que debían desconectarse y que recibirían un nuevo “link” porque el escenario ya no sería este sino el Juzgado 39.
La razón, explicó, era que la juez había acreditado una incapacidad. Sin embargo, despejó dudas que eran apenas obvias considerando que ya la cita se había aplazado dos veces e indicó que “la audiencia sí se va a realizar”.
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A las 3:12 p.m. una auxiliar del juzgado 39 empezó a verificar que estuvieran las partes involucradas y a las 3:55 p.m. la jueza dio inicio formal.
Junto con Miguel Quintero estaban convocados también el exdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Álvaro Alonso Villada García; Sebastián Ortega, hijo de un influyente político de Bello, y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del AMVA y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín.
Los cargos que pretende sustentar la Fiscalía contra ellos son interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. Pero además se daba por seguro que pedirá medida de aseguramiento mientras que se desarrolla el proceso.
En la presentación de los abogados ocurrió algo determinante porque Santiago Trespalacios, quien defiende a Quintero, aprovechó para presentar una inquietud sobre la legalidad de la audiencia.
Su argumento era que una nueva norma determina que cuando se suspende una diligencia de este tipo, que no es de carácter urgente sino programada, debe ser el mismo juzgado que la tenía el que fije nueva fecha y hora. Se refería a la decisión de haber reasignado al juzgado 39 la audiencia que hasta último momento tenía bajo su cargo el Juzgado 27 penal.
La juez suspendió momentáneamente y encendió de nuevo la transmisión para dejar que opinaran tanto del Ministerio Público, la Fiscalía, quienes representan al AMVA —que está acreditada como víctima en los procesos de presunta corrupción en su interior— y los defensores de los posibles imputados.
Como era de esperarse, la fiscal 40 de la Unidad de delitos contra la Administración Pública y el abogado del AMVA argumentaron por qué sí debía continuar el trámite atendiendo a que no se estaba vulnerando ningún derecho fundamental y que debe prevalecer el “interés general que lleva a la debida administración de justicia”.
“Evidentemente, cuando uno hace una revisión, inclusive el propio acuerdo hace distinción entre lo que denomina reasignación y audiencias frustradas que es lo que ocurrió aquí, y al hablar de reasignación, esta es un cambio por una circunstancia de fuerza mayor, que es la incapacidad de la titular del despacho que tenía asignada esta audiencia”, agregó el abogado del Área, Majer Nayi Abushihab.
En cambio, los abogados de los procesados recalcaron que había que acatar el Acuerdo PCSJA26-12570 del Consejo Superior de la Judicatura, que entró en vigencia el 18 de agosto, y la juez avaló sus argumentos.
Entre ellos estaba la distinción entre una audiencia programada y una urgente, toda vez que la primera no involucra vencimiento de términos ni una “urgencia constitucional”.
De hecho, ese habría sido el razonamiento que esgrimió la Fiscalía para solicitar el primer aplazamiento de la diligencia, según anotó:
“Si bien considero que estas audiencias deben realizarse (como sabemos hay un interés público, como lo indicó la delegada de la Fiscalía), nosotros como jueces no podemos saltarnos la normatividad y las reglas que se han establecido para que se realicen las audiencias, en este caso ese acuerdo”, dijo la juez al indicar que el Centro de Servicios Judiciales se pasó por alto un apartado del citado Acuerdo.
En consecuencia, declaró fallida la diligencia y dijo que devolvería el caso a esa instancia para que reprograme la audiencia en el mismo juzgado 27. Deberá hacerse, siguiendo el Acuerdo del CSJ, en los próximos cinco días hábiles.
Tres aplazamientos
La audiencia de ayer había sido programada inicialmente para el 3 de agosto, pero el delegado de la Fiscalía pidió que se postergara con el fin de dar el tiempo para preparar bien la imputación. Después, el 25 de agosto fue la defensa de Villada la que hizo la solicitud.
Esta es una nueva arista del proceso por la presunta contratación direccionada entre el AMVA y el cuerpo de bomberos de Itagüí, por valor cercano a $18.000 millones y con un detrimento posible de $2.481 millones.
Testigos han mencionado en pasadas diligencias que Miguel Quintero, Villada y otros funcionarios, unidos con Ortega, se habrían confabulado para controlar la contratación en el Área, siendo el primero la cabeza de la organización, y que cobraban coimas del 20%, siendo la mitad para el hermano del entonces alcalde y lo demás para el resto. Este esquema se habría repetido en otras entidades del Distrito.
Aunque la audiencia se frustró, sería un hito en los escándalos por presunta corrupción que lleva la justicia el haber visto en un estrado a alguien de la entraña del exalcalde de Medellín, que además ha sido esquivo a dar la cara.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué se aplazó por tercera vez la audiencia de imputación a Miguel Quintero?
- La diligencia se cayó por una combinación de factores: la jueza inicial del Juzgado 27 Penal se incapacitó, el Centro de Servicios reasignó el caso al Juzgado 39, y la defensa alegó que dicha reasignación violó el
Acuerdo PCSJA26-12570 del Consejo Superior de la Judicatura, argumento que la nueva jueza terminó respaldando.
- ¿Quiénes más están involucrados en esta audiencia de imputación?
- Junto a Miguel Quintero están citados
Álvaro Alonso Villada García, exdirector financiero del Área Metropolitana (AMVA);
Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del AMVA y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín; y
Sebastián Ortega, hijo de un influyente político del municipio de Bello.
- ¿En qué consiste el caso de corrupción del AMVA?
- Se investiga el presunto direccionamiento de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por cerca de
$18.000 millones, con un posible detrimento patrimonial de
$2.481 millones. Se señala el cobro de presuntas coimas del 20%.
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