El hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), su prima Morena Verdi (20) y su amiga Lara Gutiérrez (15) en una vivienda de Florencio Varela, al sur de Buenos Aires, estremeció a Argentina. Las jóvenes habían salido juntas a lo que creían era una fiesta y fueron víctimas de una trampa mortal: torturadas, asesinadas y enterradas en un jardín.
El caso, atribuido a una banda narco transnacional, reavivó la indignación social frente a la escalada de feminicidios y la falta de políticas públicas efectivas.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reconoció que hubo “una estrategia premeditada para llevarlas a un lugar y matarlas”. Por ahora hay cuatro detenidos —dos hombres y dos mujeres entre 18 y 28 años—, vinculados a la casa donde fueron halladas las víctimas. La hipótesis principal apunta a una “venganza narco”.
Familiares y vecinos marcharon en el barrio donde fueron vistas por última vez. En simultáneo, organizaciones feministas y sociales convocaron a movilizaciones en distintas ciudades bajo la consigna “Ni Una Menos”. En Plaza Flores, cientos de personas expresaron dolor y rabia frente al triple crimen.
“Hoy hay tres familias rotas y van a haber muchas más si no componemos el tejido social que está roto. Si no nos hacemos cargo de que esto no le pasa a cualquiera: les pasa a las pobres. Son las pobres los sujetos descartables de este gobierno nacional”, denunció Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, quien también cuestionó la revictimización mediática: “Basta de indagar en nuestras vidas, basta de hacernos creer que nos merecemos la muerte”.
Alejandra Rodríguez, del colectivo Yo No Fui, añadió: “Todo esto sucede por la precariedad de la vida a la que nos están empujando estas políticas de la muerte, este Estado que se corrió de nuestras vidas”.
El crimen se produce en un contexto alarmante. Entre enero y agosto de 2025, Argentina registró 164 feminicidios, según el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano. En paralelo, los crímenes de odio crecieron un 70 % en comparación con el año anterior.
Mariana Castro Castro, socióloga especializada en género de la Universidad Javeriana, explicó a EL COLOMBIANO que las violencias de género se agravan en los cuerpos más empobrecidos y racializados:
“Las mujeres de clases bajas son especialmente vulnerables porque suelen enfrentar más inseguridad, menos autonomía económica y un fuerte estigma social sobre su moralidad sexual. Esto hace que la justicia tampoco actúe con la misma celeridad ni el mismo interés que en los casos de mujeres de clase alta. Existe una aporofobia institucional que limita su acceso a la justicia”.
La socióloga también explica que aunque las mujeres de clase alta también experimentan violencia machista, su capital intelectual y económico les permite, no solo identificarse como víctimas, sino salir de los entornos de las que las violentan de manera más sencilla.
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En el caso de Brenda, Lara y Morena, el debate ha sido álgido y revictimizante. Según las primeras hipótesis, las mujeres y la adolescente ejercían actividades relacionadas con la prostitución como una forma de rebuscarse la vida. Eso las habría llevado a círculos peligrosos y las puso en el ojo del huracán.
Sin embargo, colectivos feministas piden no perder el foco: las redes de narcotráfico en Argentina son culpables de trata de personas y abuso sexual de menores; además de las actividades narco.
Desde una mirada abolicionista de la prostitución, los carteles de protesta rezaban: “sin clientes no hay trata”. Los reclamos incluían voces recordando que, bajo ninguna circunstancia, un hombre (narco o no) debía buscar a una menor de 15 años como Lara para tener relaciones sexuales.
Castro Castro le explicó a EL COLOMBIANO que aquel debate no solo es revictimizante, sino también una muestra de cómo las violencias basadas en género son atravesadas por otras experiencias sociales como la clase y la raza.
“Existe mucho prejuicio y discriminación hacia las mujeres de clase baja, jóvenes especialmente si están en contextos de prostitución porque tenemos la idea de juzgar a las mujeres con base a su moralidad sexual”, explicó, y agregó que este tipo de juzgamientos llevan a conclusiones opresivas. “Si no tienen la moralidad sexual que nosotros pensamos que las hace mujeres de bien o mujeres mujeres recatadas, entonces muchos piensan que merecen las violencias que se les ejercen”, agregó.
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En la cultura popular, esto se conoce como el Madonna Horror Complex. La experta explicó que también lleva el nombre de “el complejo de santas y putas, que es la idea de que hay mujeres buenas, que son mujeres para casarse, para tener hijos, para presentarle a la familia; y hay mujeres malas que son mujeres que son para el desaforo sexual”.
El colectivo AMMAR se pronunció al respecto desde las movilizaciones en Argentina: “Todos indagando si eran putas o viudas negras. Qué mierda importa, ¿acaso son merecedoras de terminar asesinadas en una bolsa? No hay buenas o malas víctimas. Hay femicidios”.
Distintos colectivos feministas alertaron que el desmantelamiento de programas de género en Argentina ha debilitado la protección estatal. Viviana Norman, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, advirtió que “cada 36 horas una mujer es asesinada” y que la falta de políticas con enfoque de género interseccional deja a las más vulnerables expuestas a redes de trata, narcotráfico y violencia patriarcal.
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Castro lo resume así: “No basta con que exista normativa. El problema está en la aplicación. Los feminicidios están tipificados, pero no se investigan debidamente ni se toman en serio”.
La socióloga añadió que “lo urgente es garantizar acceso real a la justicia, capacitar a funcionarios y dejar de cuestionar la moralidad de las víctimas. La única política efectiva a largo plazo es entender cómo se forman los feminicidas y combatir las lógicas que sostienen la violencia machista”.
Mientras tanto, la indignación sigue creciendo. En Plaza Flores, una bandera negra resumía el sentimiento colectivo: “Basta de matarnos. Todas las vidas importan”.
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