Piden más atención del Estado y medidas de reparación concretas. Hay un primer avance: por fin condenaron cinco implicados. Mientras tanto, el tiempo corre: a Gabriel Boric le quedan meses para cumplir su promesa.
Con pancartas negras, consignas de dolor y una esperanza aún viva, decenas de víctimas de adopciones ilegales durante la dictadura de Augusto Pinochet se congregaron este jueves frente al Palacio de La Moneda para exigir al gobierno que acelere la creación de un banco público de ADN, una promesa anunciada por el presidente Gabriel Boric en su reciente discurso ante el Congreso.
La iniciativa busca ofrecer a las víctimas una vía extrajudicial para conocer sus orígenes, facilitando el reencuentro de miles de familias separadas por una de las tramas más oscuras del régimen militar (1973–1990). La mayoría de los casos afectó a madres jóvenes y de escasos recursos, cuyos hijos e hijas fueron sustraídos al nacer bajo engaños o directamente robados, para luego ser dados en adopción irregular a familias extranjeras.
“Nos drogaron, nos mintieron, nos robaron a nuestros hijos”, coreaban los manifestantes convocados por la Fundación Hijos y Madres del Silencio, organización que desde hace años impulsa la visibilización de estos crímenes.
Aunque valoraron el anuncio presidencial, exigieron que la medida se implemente antes del término del mandato de Boric, en marzo de 2026. “De lo contrario, quedará como otra promesa más enterrada por la burocracia y el olvido”, dijo Marisol Rodríguez, fundadora de la ONG. Rodríguez, quien busca a su hermano desaparecido en 1972, comparó el banco genético propuesto con el que mantienen las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina.
“Chile también necesita una herramienta estatal, eficaz y digna, que no obligue a pasar por juicios largos y dolorosos. Hay personas apropiadas que quieren saber de dónde vienen, pero sin dañar a quienes los criaron”, señaló.
Aunque hay registros de adopciones irregulares desde los años 60, fue durante la dictadura cuando se consolidó una red sistemática que involucró a funcionarios públicos, personal médico, religiosos y autoridades migratorias. Según cifras del Poder Judicial, cerca de 20.000 niños y niñas fueron sacados del país mediante adopciones ilegales, y solo alrededor de 1.000 han logrado reencontrarse con sus familias biológicas.
Esta semana, Chile vivió un hito judicial en la materia: por primera vez, un juez acreditó la existencia de una red de adopciones ilegales y procesó a cinco personas por sustracción de menores. Las víctimas esperan que este avance impulse la voluntad política para que la verdad avance con la misma determinación.
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María Inés Soto, quien busca a su hija desaparecida desde 1967, expresó su esperanza ante el anuncio, aunque no ocultó su escepticismo. “Esto ya se intentó en 2020 y no pasó nada. Esta vez, queremos resultados, no gestos simbólicos”, dijo.
Las víctimas urgieron al Estado a establecer protocolos claros, garantizar la confidencialidad de las consultas genéticas y brindar apoyo psicológico a quienes decidan buscar su origen. También llamaron a quienes tengan información sobre estos casos a colaborar.
“Hay madres que se están muriendo sin saber qué pasó con sus hijos. No tenemos más tiempo que perder”, dijo Nilda, quien en 1974 dio a luz a una hija sana que los médicos declararon enferma para luego arrebatársela.
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