Una investigación dio a conocer el monto perteneciente a fondos públicos que se utilizó en Estados Unidos para resolver de forma extrajudicial acusaciones por presunto acoso sexual que involucraba a congresistas de ese país. Los pagos se realizaban a través de una cuenta del Departamento del Tesoro.
La denuncia la hizo Nancy Mace, representante a la Cámara por el estado de Carolina del Sur y perteneciente al Partido Republicano. Según la congresista, se han pagado más de 300.000 dólares en acuerdos confidenciales por acoso sexual en nombre de nueve exmiembros de la Cámara de Representantes o sus oficinas.
Lea también: El movimiento me too (yo también) no es nuevo, tiene 10 años
Dentro de los señalados están John Conyers, del Partido Demócrata, y Blake Farenthold, del Partido Republicano, quienes renunciaron tras enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada.
Los señalamientos de Mace se complementan con una investigación realizada por el medio CNN que analizó más de 1.000 páginas de expedientes, incluyendo notas de abogados y denuncias formales. Dichas investigaciones datan de tratos realizados entre el 1 de enero de 1996 y el 12 de diciembre de 2018 donde la Oficina de Derechos Laborales del Congreso (OCWR por sus siglas en inglés) aprobó un total de 349 indemnizaciones o acuerdos por diversas quejas contra oficinas legislativas.
De ese listado, hay 80 casos resueltos por oficinas de la Cámara o el Senado y siete derivaron en pagos específicamente por acoso sexual. Los beneficiados fueron John Conyers, quien, según los documentos, tiene desembolsos por más de 27.000 dólares por indemnización y 50.000 dólares por acuerdo extrajudicial.
El otro beneficiado fue Blake Farenthold, quien, según los documentos analizados por el medio estadounidense, tuvo acuerdos que completan un total de 84.000 dólares. El representante negó las acusaciones pero se disculpó por crear un ambiente laboral hostil y prometió devolver el dinero de los contribuyentes.
La investigación también reveló que 23 expedientes de acuerdos fueron destruidos siguiendo una política de retención de registros implementada en 2013 para alinear a la OCWR con las prácticas habituales del Gobierno.
Esas compensaciones se dieron como una medida para “evitar las molestias de un litigio prolongado y los gastos que dicho litigio supondría” tanto para las partes involucradas como para el erario. Los pactos solían ser confidenciales y generalmente no implicaban que el legislador o la oficina acusada admitieran haber cometido irregularidades.
¿Los congresistas aún pueden disponer de recursos públicos en acusaciones por acoso sexual?
En la actualidad, los legisladores enfrentan una combinación de barreras legales para el uso de fondos públicos, esto gracias a cambios normativos impulsados por el movimiento #MeToo en el año 2018.
Los congresistas ya no pueden depender de fondos públicos para pagar acuerdos extrajudiciales por acoso sexual, es decir, de llegar a un acuerdo, el costo no puede ser trasladado a los contribuyentes.
Desde que esta iniciativa entró en vigor, la Comisión de Ética de la Cámara ha informado que no ha recibido ninguna nueva notificación sobre acuerdos o indemnizaciones por acoso sexual que involucren a miembros del Congreso.
También, en algunos casos se ha exigido la devolución del dinero y la representante Nancy Mace emitió una citación judicial para obligar a revelar documentos que antes estaban ocultos y emitió una citación judicial para que la OCWR entregue la información.
Siga leyendo: Denuncias por acoso sexual en el Congreso norteamericano salpica a senador de origen colombiano
Regístrate al newsletter