Como ocurrió durante la primera vuelta presidencial, vuelven a surgir denuncias sobre presuntas presiones de las disidencias para influir en el voto a favor de Iván Cepeda. Aunque las intimidaciones de grupos armados contra la población son una práctica recurrente en varias regiones del país, cobran especial gravedad en época electoral. A menos de tres semanas de la segunda vuelta, ya comienzan a conocerse nuevos casos de presunto constreñimiento electoral.
Como en los municipios de Leiva, El Rosario y Policarpa, en Nariño, donde los habitantes aseguran que las disidencias estarían promoviendo la candidatura de Iván Cepeda mediante reuniones obligatorias y restricciones a la movilidad.
Según las denuncias reveladas por La FM, desde el pasado lunes comerciantes, líderes comunitarios y habitantes han sido convocados a encuentros en los que presuntamente se les indica por quién votar y cómo demostrarlo.
“Invitan a reuniones donde exigen votar por Iván Cepeda. Nos dicen que debemos llevar el teléfono celular y grabar un video diciendo nuestro nombre y que votamos por él para poder desplazarnos por el territorio”, relató uno de los denunciantes a la emisora.
Los testimonios señalan que los líderes comunales habrían recibido mensajes en los que se advierte que el certificado electoral está siendo exigido para movilizarse en algunas zonas bajo influencia de grupos armados.
“Hola, mi señor, muy buenos días, ¿cómo me le va? Una cosita, para recordarle a los presidentes y a la comunidad en general para que nos colabore enviando esta información a los comuneros, que para el tema de movilidad dentro del territorio se va a exigir el certificado electoral, sí, como se venía diciendo, y por medio de eso viene el tema de la carnetización también”, dice otro audio revelado por Semana.
El hombre que estaría detrás de las intimidaciones sería alias Indio Jiménez, señalado cabecilla del frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc, subordinado de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.
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Frente a los señalamientos, el propio Iván Cepeda rechazó cualquier vínculo entre su campaña y las presuntas presiones denunciadas. Durante una reciente visita a Pasto, el candidato aseguró que las acusaciones hacen parte de una estrategia para afectar su imagen y reiteró que rechaza cualquier intento de coacción sobre los votantes.
Las denuncias ahora quedan en manos de las autoridades, que deberán establecer el alcance de las presuntas amenazas y verificar si efectivamente grupos armados están intentando influir en la decisión de los electores en esta región del país.
Aunque no se trata de situaciones nuevas. Antes de la primera vuelta, este diario reveló que las disidencias de las Farc comandadas por “Calarcá” estaban carnetizando a los campesinos en departamentos como Guaviare, Meta y Caquetá, de esta manera controlar por dónde se mueven, si pagan extorsiones y hasta por quién vota.
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En ese momento, durante un consejo de seguridad, el Ejército y la gobernadora del Meta alertaron sobre esa práctica.
En el espacio —en donde participaron los alcaldes del sur del Meta y el norte del Guaviare— el El jefe de operaciones del Ejército, general Eric Rodríguez, expresó que “al sur del departamento, principalmente Guaviare, que son las Farc de Calarcá y de Mordisco, en el contexto de esta disputa por el territorio, no es solo el territorio de la población y se tiene evidencia de información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”.
Sobre este tema, EL COLOMBIANO conoció que la carnetización impuesta por grupos armados, a través de las JAC, se ha consolidado en zonas estratégicas del país, especialmente en el sur del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, donde disidencias de las Farc ejercen control territorial y poblacional. Esta práctica también se ha expandido al norte y nordeste de Antioquia, el sur de Bolívar y sectores de Urabá, mediante distintos frentes armados.
Además, aunque de forma menos visible, el Clan del Golfo ha implementado mecanismos similares en zonas de Antioquia. El documento sirve para demostrar quién es uno, de dónde viene, a qué familia pertenece y en qué vereda vive. Pero también sirve para algo más delicado: no despertar sospechas.
Las disidencias de las Farc encontraron en los carnés mucho más que un mecanismo de identificación. El analista de la Fundación Ideas para la Paz, Gerson Arias, dijo que el sistema se convirtió en una herramienta de control territorial, inteligencia y presión social que revive prácticas de las antiguas Farc de finales de los años noventa.
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Para Arias, la reactivación de esta estrategia por parte de estructuras ligadas a Calarcá representa, ahora, y que nació en 2020 de la mano de Iván Mordisco y Gentil Duarte, “un retroceso de 20 años” en las formas de dominación armada sobre las comunidades rurales.