Además, el alto tribunal, en el borrador de ponencia, fija que se compulsen copias contra dos de estos congresistas procesados por hechos diferentes a los que compila el expediente; y contra un tercero mencionado en la investigación.
Entre los investigados están los congresistas Wadith Manzur, recién elegido al Senado con más de 110.000 votos, y Karen Manrique, reelecta a la Cámara con 5.640 votos, para curules de paz. Además de Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y el excongresista Juan Diego Muñoz.
Por su presunta participación en esta red clientelar, Manzur, Manrique, Bitar, Peinado y Gallo, así como el excongresista Muñoz, fueron imputados por el delito de cohecho impropio.
La ponencia, que comprende cerca de 1.000 páginas, como ha dado a conocer El Tiempo, ha enfrentado extensas discusiones en la Sala de Instrucción, lo que llevó a la designación de dos conjueces para destrabar la discusión. Se trata de Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado.
La Corte también compulsaría copias para investigar otros hechos relacionados y a un tercero mencionado en la investigación. La decisión final sobre la acusación y prisión se debería tomar en la siguiente sesión, tras el análisis de los nuevos argumentos legales presentados.
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Según el tribunal, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los congresistas supuestamente habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).
Las declaraciones que hoy tienen en la mira a varios congresistas comenzaron a rendirse formalmente el 5 de junio de 2024, cuando Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), compareció por primera vez en interrogatorio por el escándalo de corrupción en esa entidad.
Ese día acudió, acompañado de su abogado José Luis Moreno, ante la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, junto con dos funcionarios de apoyo. Para entonces, apenas habían transcurrido cinco meses desde que el escándalo se hizo público.
Estas diligencias judiciales, hoy determinantes porque la Corte Suprema se prepara para adoptar decisiones frente a congresistas mencionados en el proceso, permiten reconstruir las acusaciones que los exfuncionarios han formulado bajo juramento contra representantes a la Cámara y senadores.
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El 12 de junio de 2024, en uno de los interrogatorios ante la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector de Gestión del Riesgo mencionó por primera vez a Karen Manrique, representante a la Cámara por Arauca elegida a través de las Curules de Paz, y a Wadith Manzur, del Partido Conservador.
La fiscal le preguntó: “¿Qué congresista era el delegado para hablar con los demás?”.
Olmedo López explicó que Karen Manrique fue mencionada en el contexto de la negociación con el ministro Luis Fernando Velasco, hoy preso por el caso, como enlace entre el Gobierno y el Congreso para decisiones relacionadas con la gestión del riesgo.
La negociación, en sus palabras, se realizaba directamente en el Ministerio del Interior, donde se definían los contratos y luego se asignaba un congresista para informar sobre los avances. En una reunión con Velasco surgió la necesidad de reemplazar a Manrique como enlace.
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Ella habría sugerido un nombre, pero fue interrumpida, y se decidió que Wadith Manzur, también representante a la Cámara hoy bajo investigación, asumiera el rol junto con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ambos presos por el caso.
Tras ello, Olmedo López contactó a Sneyder Pinilla, subdirector, mediante videollamada desde el despacho del ministro el 15 de diciembre de 2023 a las 8:42 a. m., para ponerlo al tanto de la reunión, los participantes y las instrucciones impartidas, integrándolo virtualmente sin interrumpir la sesión dirigida por Bonilla, con la asistencia de Benavides y Olmedo López.
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