La plata para pagar esa logística se giró a Plaza Mayor y saldría de impuestos de los colombianos.
Un gran montaje para recibir a los marchantes que movilizó el Gobierno Nacional desde todos los rincones del país, poniendo en ello todos los recursos posibles (logísticos y económicos) y con una convocatoria respaldada por todos los ministerios, es el que se instaló en la Plaza de Bolívar en Bogotá y que hoy, al final de la tarde, será el escenario desde el cual el presidente Gustavo Petro les hablará a los colombianos.
Con esa asistencia masiva, el presidente busca medir su popularidad, que está a la baja, y presionar para que sus lánguidas reformas vuelvan a caminar en el Congreso.
Tal ha sido el esfuerzo que el “gobierno del cambio” no ha escatimado en gastos. Prueba de ello es que el 14 de junio de 2023 el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) firmó un convenio con Plaza Mayor para manejar la logística de los eventos de Presidencia por un valor de $10 mil millones. De ese macro contrato 230-23 salió el millonario convenio para la logística de la marcha en Bogotá por valor de $263 millones que fue firmado hace cuatro días.
Y es que pareciera que el mandatario tiene todas sus cartas puestas en este gran evento. Todos los ministerios se han movido bajo la premisa de llenar las calles este miércoles, esperando que el pobre balance de marchas pasadas sea solo una sombra que no acompañe la jornada y que la desaprobación de Petro, que alcanzó niveles inéditos, se quede en las cifras de las encuestas.
Desde hace casi una semana, ministerios y entidades del orden nacional se volcaron a aceitar toda la maquinaria de la movilización a favor de Petro, luego de que este enfatizara que había que mostrar músculo y los instó a moverse en las regiones para agitar a la gente como muestra de respaldo. Tanto así que desde este martes a las calles bogotanas llegaron indígenas de La Guajira, Catatumbo, Amazonas, Putumayo y Cauca para sumarse a la “Marcha por la Vida”, y se espera que marchen alrededor de 15.000 indígenas en toda la jornada.
Pero además, como parte de esa estrategia, el Gobierno convocó asambleas regionales campesinas que se han realizado en La Guajira, Magdalena, Cesar y Antioquia como antesala de la movilización.
Para la convocatoria el Gobierno ha echado mano de propaganda masiva en redes sociales, reuniones con gremios, convocatorias, acuerdos y promesas para una marcha con todo pago.
El operador de la tarima
En el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) quedó consignado el contrato por 263‘109.000 pesos para la logística de las movilizaciones de este miércoles.
Esos recursos para pagar la gran tarima en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, desde donde Petro espera dar uno de sus discursos sobre las reformas sociales, salieron de Presidencia a Plaza Mayor en Medellín mediante una contratación directa.
Y no es la primera vez que el Gobierno contrata con Plaza Mayor para organizar diversas actividades de la Presidencia no solo en Medellín sino en el resto del país. De hecho fue Plaza Mayor el operador logístico para la posesión del mandatario en agosto de 2022.
Dentro de los rubros que tendrá que cubrir el actual contrato están las luces, las vallas, los brigadistas, las pantallas, los refrigerios, el sonido, todo un montaje que según habitantes de la zona es de los más grandes que se han instalado en la Plaza Bolívar.
Según el documento en Secop II, Plaza Mayor tendría una empresa contratista encargada de ejecutar el contrato: la Fundación Cultura Popular. Incluso se puede ver la propuesta que presentó la fundación en la que se expone que en total gastarían $239’190.000, una diferencia de $23’919.000 con respecto al valor final que se giró desde Presidencia.
Ante la falta de claridad y las presuntas irregularidades que incluso denunció el congresista Jota Pe Hernández, EL COLOMBIANO consultó a la Fundación Cultura Popular y su representante legal, Henry Jiménez, aseguró que la fundación no ha firmado ningún contrato. “Pasamos la cotización pero la oferta no quedó seleccionada”.
Consultamos a Plaza Mayor sobre el contratista final para ejecutar esos recursos, pero la entidad le dijo a este diario que no iban a pronunciarse porque la vocería la tenía el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) de quienes tampoco tuvimos respuesta.
Este contrato se conoció el mismo día en que salió a flote otro convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y RTVC por $15.475 millones para llevar la logística de eventos en los próximos cuatro meses incluyendo transporte, desayunos, vestuario, publicidad y transmisiones.
Varios sectores políticos criticaron que la movilización a favor de Petro se haya financiado con recursos públicos. “Es inaceptable que los ministerios y el gobierno estén hoy desplegados para financiar una movilización que nada tiene que ver con los fines del gobierno. Nos vienen con la sorpresa de que los colombianos les tenemos que pagar la movilización para salir a hacer política a 30 días de elecciones”, denunció el representante opositor Hernán Cadavid.
En todo caso, la movilización es un hecho. Falta ver si Petro logra el respaldo suficiente para impulsar las reformas y desvirtuar la idea de que se está quedando solo.
