La sombra del uso político de los recursos del sistema de salud se hace cada vez más nítida. El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha metido al menos $8,2 billones a financiar equipos básico de salud (EBS). Estos son grupos integrados por profesionales y técnicos del sector que recorren zonas rurales y apartadas para llevar atención en salud a las comunidades y asegurar que la gente pueda acceder a servicios desde su casa.
Los datos públicos del Ministerio de Salud señalan que desde agosto de 2022, han asignado $8,21 billones para las transferencias presupuestales a las entidades territoriales —a los hospitales públicos— para contratar EBS. De ese valor, según la información disponible, se han ejecutado $1,17 billones, lo que corresponde solo al 14,2 % del total; mientras que el valor pagado ha sido de $1,11 billones.
Así mismo, el Gobierno ha destinado $16,7 billones para el apoyo a programas de desarrollo de la salud–Ley 100 de 1993. Estos son los recursos que se usan para pagar proyectos de promoción y prevención e infraestructura hospitalaria pública.
Sin embargo, una investigación de La Silla Vacía advirtió que esas inversiones billonarias están siendo usadas con fines electorales en regiones donde el ministro Guillermo Jaramillo tiene una tradición política y presencia de aliados, como es el caso del municipio de Líbano (Tolima).
En esa población, la figura del exministro Alfonso Jaramillo Salazar es exaltada con homenajes públicos, mientras su hijo, el actual ministro de Salud mantiene una fuerte influencia política. De hecho, dice el reportaje mencionado, el hospital regional que lleva el nombre del padre del funcionario fue intervenido por la superintendencia del ramo a mediados de 2023 y, desde entonces, ha recibido millonarios recursos para financiar los EBS.
El Gobierno Petro ha transferido a hospitales públicos $8,2 billones para sostener estos equipos, aun cuando la atención preventiva hace parte de las obligaciones de las entidades promotoras de salud (EPS). Esta estrategia coincide con el eje central de la frustrada reforma a la salud del presidente Petro, que buscaba reducir el papel de gestión del riesgo financiero de las aseguradoras y fortalecer la red hospitalaria pública. Sin embargo, la ejecución de esos fondos carece de controles robustos que eviten prácticas clientelistas.
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