Con sus acostumbrados ataques al sistema de salud que Colombia lleva construyendo 32 años, el Ministerio de Salud respondió este lunes al informe sobre acceso a medicamentos que presentó la Defensoría del Pueblo el pasado 5 de noviembre. Este documento habló del incremento en las tutelas de salud, las quejas ante la superintendencia del ramo y el incremento en el gasto del bolsillo para acceder a fármacos.
Le puede interesar: ¿La Superintendencia de Salud prepara cambio de agentes en las EPS intervenidas?
Como respuesta, el ministerio señaló que el sistema “enfrenta una crisis estructural heredada del modelo de aseguramiento instaurado (...) con la Ley 100 de 1993”, que, según consignaron, “convirtió la salud en un negocio y no en un derecho fundamental”.
Así mismo, expresó que esa ley “permitió que los recursos públicos quedaran en manos de intereses privados que hoy adeudan más de $32,9 billones a hospitales y clínicas” y que actualmente “el Estado está al día con sus pagos; son las EPS las que siguen jugando con la salud de la gente”.
Sin embargo, esta respuesta del Minsalud, además de estar llena de consignas, está llena de yerros que desconocen la historia, presente y cambios que ha tenido en las últimas décadas el sistema.
Medicamentos: ministerio olvida 12 años de regulación de precios
En medio de frases en las que se autoproclamó de estar “en la misma orilla que los pacientes, no del lado del negocio”, el ministerio aseguró que el aumento en el precio de los medicamentos “no obedece a fallas del Estado, sino a los sobrecostos impuestos por monopolios farmacéuticos y cadenas privadas que por años han especulado con la salud”.
Sin embargo, esa acusación de un “monopolio farmacéutico” contraviene una realidad en el país: que desde 2013 hay una política de regulación de precios. Esa normativa se enfoca en intervenir en aquellos artículos relevantes, en los que el mercado lo manejan pocas compañías. Es decir, están regularizados los precios de los medicamentos que, por esa dinámica del mercado, podrían ser muy caros.
Esta regulación consiste en un proceso en el que se promedian los precios a nivel mundial de determinado producto y con base en ese se baja el precio en Colombia. Por ejemplo, X medicina cuesta en el mundo $50.000, así que el trabajo del ministerio es poner el precio por debajo de ese precio.
Según una fuente que trabajó en la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del ministerio, entre 2013 y 2021 los fármacos regulado han bajado sus precios entre el 50 y el 71 %, lo cual permitió un ahorro de $5 billones.
Así las cosas, la ley y la ejecución de la misma imposibilita en la práctica que haya el “monopolio” del que habla el Minsalud. ¿Cómo puede haber sobrecostos en unos productos cuyo precio está regularizado?
Por dar un ejemplo, esa regularización ha permitido, entre otras cosas, que alrededor del 90 % de los medicamentos estén cubiertos por el plan de beneficios en salud (PBS). Esto quiere decir que ese porcentaje se mueve en el canal institucional, mientras que el restante 10 % se mueve por el comercial, que es por donde se podría generar “sobrecostos”.
El institucional es el canal de acceso a medicinas que se hace por las entidades promotoras de salud (EPS) por medio de los gestores farmacéuticos con los que celebra contratos; mientras que el comercial es el canal que se usa para acceder por dinero propio, como los que se comprar en las farmacias y droguerías. Lo que muestra esto es que el canal de acceso de la población a estos productos por donde podría inflarse costos es el menos usado.
Gobierno Petro no ha publicado lista de medicamentos
Según los actos administrativos de regulación de precios de medicamentos que están en la página del Minsalud, en lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro, este ministerio no ha publicado ninguna circular que actualice el listado de medicamentos que están sujetos al control de precios y que fija cuál es el valor máximo que se puede cobrar por estos.
La última circular emitido por la entidad en ese sentido data del 25 de julio de 2022 (últimas semanas del Gobierno de Iván Duque).
En 2023 se publicaron dos: en agosto para establecer la metodología para fijar el precio de medicamentos nuevos y otra en diciembre para modificar el periodo de reporte y plazo para el envío de información al Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed).
Y en 2024 publicaron dos: una en marzo para establecer la metodología para fijar precios y en mayo para actualizar el precio máximo de venta de los medicamentos sujetos al régimen de control directo de precio (distinta a establecer el listado de fármacos).
Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
Regístrate al newsletter