Con el calendario electoral en marcha, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha comenzado a concentrar decisiones de alto impacto económico, político e institucional que, vistas en conjunto, configuran una estrategia de fuerte visibilidad pública. Sin embargo, analistas señalan que varias de ellas son improbables, inviables o, incluso, traerían consecuencias negativas para la economía del país, que ya se encuentra en una crisis fiscal. Al final de todo, de llegar a fracasar, está la estrategia que ha aplicado el presidente: asegurar que los enemigos del pueblo no lo dejan gobernar.
Salario mínimo: ¿inviable?
Como en años recientes, la mesa de concertación entre empresarios, sindicatos y Gobierno cerró sin acuerdo, y el ajuste fue fijado por decreto. El incremento del 23,7% llevó el salario mensual a $1.750.905, cifra que asciende a $2.000.000 con el subsidio de transporte. El aumento no solo es uno de los más altos en términos nominales, sino que representa el mayor incremento real en al menos dos décadas.
Desde el punto de vista técnico, el salario mínimo suele ajustarse con base en la inflación esperada y la productividad laboral. Con una inflación estimada de cierre de 2025 cercana al 5,26% y una productividad de 0,91%, el referente teórico apuntaba a un aumento cercano al 6,2%. La diferencia entre ese cálculo y el ajuste decretado supera los 17 puntos porcentuales, el mayor desvío registrado. El impacto se amplifica si se tiene en cuenta la reducción gradual de la jornada laboral: desde julio de 2026, la semana será de 42 horas, lo que implica que el salario mínimo por hora aumentará cerca del 28,5%.
Para los trabajadores que devengan el mínimo, el incremento representa una mejora inmediata en el ingreso. Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, supone un aumento significativo de costos.
Presidente vs el Congreso
La relación entre el Ejecutivo y el Congreso atraviesa uno de sus momentos más tensos en medio de un escenario fiscal restrictivo. A pocos días de cerrar la vigencia de 2025, el Gobierno oficializó un recorte adicional superior a $4,2 billones al Presupuesto General de la Nación, mediante un decreto expedido el 31 de diciembre. La decisión se sumó a los cerca de $12 billones que ya habían sido aplazados desde comienzos del año, en un contexto marcado por un recaudo tributario inferior al esperado y por el fracaso del proyecto de Ley de Financiamiento en el Legislativo.
El propio decreto reconoció las limitaciones de caja del Estado y dejó constancia de que los ingresos efectivos no alcanzaron para cubrir todos los compromisos inicialmente aprobados. A noviembre de 2025, los ingresos tributarios se ubicaron por debajo de las metas trazadas por el Ministerio de Hacienda, obligando al Gobierno a hacer ajustes directos sobre apropiaciones vigentes. En el documento se señala de manera explícita que la no aprobación de la Ley de Financiamiento —con la que se buscaban alrededor de $12 billones adicionales— fue uno de los factores determinantes del recorte. La Presidencia de la República también registró recortes por más de $122.000 millones, con ajustes en recursos destinados al Fondo Colombia en Paz y programas de derechos humanos.
Además, en medio de la polémica por la declaratoria de emergencia económica, comenzó a circular un borrador de decreto que busca eliminar una prima de servicios de la que gozan los congresistas y que representa ingresos cercanos a los $16 millones mensuales. El documento, que se encuentra en elaboración en el Ministerio de Hacienda, sostiene que la remuneración de los legisladores resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población.
Aunque su aplicación depende de decisiones del propio Legislativo, el anuncio refuerza una narrativa que ha sido constante durante su mandato: la confrontación con una corporación desprestigiada ante la opinión pública. Analistas coinciden en que, más allá de su viabilidad jurídica inmediata, la propuesta funciona como un mensaje político que profundiza la distancia entre el Ejecutivo y el Congreso en un año electoral.
El fantasma constituyente
Esa confrontación institucional también se refleja en la insistencia del Gobierno en convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque el presidente ha asegurado que el proceso no interferirá con las elecciones de 2026, el calendario propuesto coincide con hitos clave del ciclo electoral, como la elección del Congreso y la inscripción de candidaturas presidenciales.
Para varios analistas, la Constituyente tiene menos posibilidades reales de materializarse que de convertirse en una plataforma de movilización política. El debate constitucional, sostienen, le permite al Gobierno aglutinar a su base, mantener la agenda pública en clave de polarización y proyectar una narrativa de “bloqueo institucional” frente a sus reformas. Otros advierten que el contenido de la propuesta y su timing apuntan más a incidir en la campaña electoral que a un proceso constituyente viable en términos jurídicos y políticos.
Baja ejecución
Mientras tanto, los cuestionamientos sobre la ejecución del Gobierno se han hecho más visibles. Datos oficiales y denuncias desde el Congreso muestran rezagos significativos en varias carteras, entre ellas el Ministerio de Igualdad, cuya ejecución presupuestal ha sido objeto de críticas por parte de legisladores que señalan diferencias entre recursos comprometidos y recursos efectivamente ejecutados. Estas alertas se suman a una percepción creciente de desorden administrativo y dificultades para acceder a información pública actualizada.
En ese contexto, la transparencia se ha convertido en otro frente de debate. Exfuncionarios y analistas advierten que la falta de información clara y oportuna sobre contratos, ejecución y resultados aumenta los riesgos de corrupción y debilita la confianza institucional. Aunque el Gobierno ha defendido sus políticas anticorrupción y la creación de plataformas de control ciudadano, también se han señalado rezagos en la actualización de datos oficiales y un aumento de acciones judiciales para acceder a información pública.
El lío en la UdeA
A estas tensiones se suma el conflicto alrededor de la Universidad de Antioquia. La decisión del Gobierno nacional de remover al rector John Jairo Arboleda, formalizada mediante resolución del Ministerio de Educación, abrió un debate sobre la autonomía universitaria y el alcance de la inspección y vigilancia estatal. El Ejecutivo argumentó incumplimientos en planes de mejoramiento y saneamiento financiero; desde la Gobernación de Antioquia y sectores académicos se anunció una batalla jurídica para revertir la medida, que consideran arbitraria.
El episodio se produjo tras meses de tensiones entre la universidad y el Gobierno central, marcados por cambios en la representación del Ministerio en el Consejo Superior, la designación de una inspectora in situ y advertencias formales sobre la situación administrativa de la institución. El posterior anuncio de nuevos recursos para la universidad reavivó el debate sobre el uso del presupuesto como herramienta política.
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