Siete grupos radicales enquistados en universidades públicas y cuatro células terroristas al acecho para adiestrar a los estudiantes, instrumentalizarlos en asonadas y acciones anarquistas, conforman una amenaza latente que cada tanto emerge de las sombras para aterrar a los habitantes de Bogotá.
Su presencia, a menudo clandestina, volvió a padecerse con violencia en el ataque del pasado 17 de octubre a la Embajada de EE.UU. Decenas de manifestantes se agolparon a las afueras de la sede diplomática y chocaron contra los escuadrones antimotines. Los encapuchados arremetieron con piedras, palos, machetes, bengalas y flechas, tan afiladas que perforaron las armaduras de los uniformados, dejando heridos a cuatro de ellos.
En ese momento, el presidente Gustavo Petro no tuvo más remedio que pronunciarse. “Ordené el máximo cuidado con la Embajada de EE.UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el ‘Congreso de los Pueblos’ para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la Policía que cuida la Embajada, con varios jóvenes heridos con flechas”, trinó.
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¿Cuál fue ese “grupo más radical” que mencionó el Jefe de Estado? Esta es la pregunta que ronda a las agencias de seguridad, en especial porque el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, interpuso una denuncia en Fiscalía por terrorismo, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y asonada, lo cual obliga a los investigadores a identificar a los responsables.
EL COLOMBIANO consultó a fuentes de Policía y Fuerzas Militares para conocer los factores de amenaza relacionados con grupos terroristas y movimientos radicales en la capital y su articulación.
Sospechas sobre el ELN
Como contexto, hay que recordar que el ataque afuera de la Embajada sucedió en instantes en que una organización civil, llamada Congreso de los Pueblos, desató una serie de protestas pacíficas en distintas ciudades, que incluyó la instalación de campamentos en el campus de la Universidad Nacional y sedes del Gobierno, como los ministerios del Interior y Agricultura, entre otras.
En esas incursiones en Bogotá participaron cerca de 2.000 personas de colectivos indígenas, afrodescendientes, campesinos, sindicales y feministas. Aunque sus reclamos eran sociales, al abrir una convocatoria a distintos grupos para que se sumaran a su causa, no pudieron evitar la infiltración de facciones radicales.
Según los investigadores, que hablaron bajo reserva de identidad por tratarse de una investigación en curso, el principal sospechoso de articular esa infiltración es el Frente de Guerra Urbano Nacional (FGUN), que pertenece al grupo terrorista ELN y se despliega en varias capitales.
“Su misión es organizar milicias en los centros urbanos, para cometer actos terroristas, secuestros, asesinatos y promocionar su doctrina de guerra de guerrillas”, relató uno de los agentes.
Su líder es Édgar Restrepo Benjumea, alias Mono Clinton, quien, al parecer, sigue dirigiéndolo desde la cárcel, donde purga una condena de 40 años por secuestro extorsivo, concierto para delinquir, financiación del terrorismo, rebelión y obtención de documento público falso.
El presidente Petro lo había designado como gestor de paz en el marco de los diálogos con el ELN, pero su salida de prisión quedó frenada cuando esa mesa de conversaciones se disolvió el año pasado. En las calles, su hombre de confianza es José Benigno Guzmán (“el Rolo”), un veterano insurgente con tres décadas de militancia. Los investigadores creen que “Mono Clinton” le encomendó hostigar blancos estratégicos en Bogotá, estaciones de Transmilenio, sedes de gobierno, bancos y comercio.
Una de las hipótesis que se maneja por parte de las autoridades es que el FGUN orquestó el ataque a la Embajada, no solo por su publicitado rechazo al “imperio yanqui”, sino como retaliación por el despliegue de la Fuerza Naval de EE.UU. en el mar Caribe, que está destruyendo embarcaciones del narcotráfico a punta de misiles. Algunas de esas lanchas, supuestamente, transportaban narcóticos del ELN, como la que fue destrozada en la madrugada del 17 de septiembre pasado.
“El Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un barco afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos”, reportó en ese entonces el secretario de Guerra de ese país, Pete Hegseth, añadiendo que hubo tres tripulantes muertos y que ese grupo es “el Al-Qaeda del hemisferio occidental”.
En Bogotá, el FGUN suele actuar en conjunto con otra célula guerrillera: el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), el cual saltó a la fama en el bajo mundo el 17 de junio de 2017, al participar en la detonación de una bomba que mató a tres civiles en el Centro Comercial Andino.
Una de sus presuntas líderes es la socióloga Violeta Arango Ramírez (“Violeta” o “Tatiana”), quien fue detenida el 3 de junio de 2022 en una operación de asalto al campamento de “Pirry”, un comandante del frente de guerra Darío Ramírez Castro del ELN, en el sur de Bolívar.
Un juez le otorgó la libertad condicionada, mientras enfrentaba el juicio oral por el atentado al C.C. Andino y la Presidencia también lo otorgó el estatus de gestora de paz.
Los investigadores tampoco descartan la participación en la asonada de dos células residuales de la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc (RUAN), otra facción miliciana que se desmovilizó con el Acuerdo de La Habana.
Según las pesquisas, dos puñados de exintegrantes de esa organización siguen activos: unos trabajando para la Segunda Marquetalia y otros para el Estado Mayor Central (EMC), las principales disidencias farianas. Las cuatro células terroristas se articulan con los grupos juveniles radicales, conformando una peligrosa red al servicio de los intereses de los grupos armados.
Los grupos juveniles radicales
EL COLOMBIANO también tuvo acceso a información reservada de Inteligencia y de las Fuerzas Militares, en la cual se identifica a siete organizaciones clandestinas catalogadas como “grupos radicales”, entre las que hay facciones anarquistas e insurgentes camufladas dentro de las universidades públicas de la capital.
Según uno de los reportes, los claustros en los que se han detectado actividades de estos grupos son la Universidad Nacional, en la localidad de Teusaquillo; la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en Candelaria; la Universidad Pedagógica, en Chapinero, y en las sedes de la Universidad Distrital: Macarena (Santa Fe), Tecnológica (Ciudad Bolívar) e Ingeniería (Chapinero).
La lista inicia con el Movimiento Jaime Bateman Cayón, inspirado en la doctrina de la antigua agrupación M-19. Fuentes policiales indicaron que varios encapuchados asociados a ese colectivo participaron, el pasado 28 de marzo, en un bloqueo a la Avenida Circunvalar con la calle 26B, en inmediaciones de la Distrital de Macarena, que terminó en un enfrentamiento contra el escuadrón antimotines.
Otro grupo reseñado, que también fundamenta sus acciones en los postulados del M-19, es la Brigada Rebelde Andrés Almarales. Su base está en la U. Nacional, pero la Fiscalía tiene información sobre redes de este grupo más allá de Bogotá, en centros académicos de Medellín, Popayán, Ibagué, Pereira y Pasto.
El listado continúa con el grupo A-K Alkombate, que surgió en 2017 entre jóvenes radicales de la U. Pedagógica. Las fuentes policiales manifestaron que sus miembros reciben entrenamiento en explosivos y armas no convencionales por parte del ELN, como las bazucas artesanales que los hicieron “famosos” en 2019, durante la primera fase del llamado “estallido social”.
Los menos conocidos con el Movimiento Revolucionario 21 de Noviembre (MR-21N) y el Movimiento 25 de Noviembre (M25N); el primero conmemora un paro nacional de 2019 y el segundo es de corte feminista radical, de acuerdo con los agentes, y se constituyó para honrar la efeméride anual de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Integrantes de estos dos grupos han participado en ataques a la Fuerza Pública y la población civil, incluso contras las iglesias”, relató uno de los entrevistados.
La Coordinadora Clandestina Simón Bolívar, con infiltrados en la Distrital, actúa presuntamente como milicia del frente 10° de las disidencias de las Farc, cuya base de operaciones está en el departamento de Arauca y en Venezuela. “Participaron en desmanes en los estallidos sociales de 2019 y 2021”, según un investigador.
Las fuentes militares y policiales coincidieron en que el grupo radical más peligroso es el llamado Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MBNC), que tiene tentáculos en la Nacional, la Distrital y la Pedagógica. Esta facción fue creada en 2000 por el antiguo Secretariado de las Farc para agrupar a sus milicias en la capital. Tras desmovilizarse en 2016, se integró al Estado Mayor Central, la disidencia que comanda “Iván Mordisco”.
Eso implica que esta estructura acumula 25 años de experiencia en infiltración, sabotaje, reclutamiento de jóvenes, vandalismo, asonada y adoctrinamiento. Según el análisis de inteligencia policial, el MBNC está en una dinámica de expansión, con el propósito de absorber a los otros grupos radicales universitarios y crear una coalición que le facilite dar golpes simultáneas en distintos puntos de la ciudad y del país, aumentando así su capacidad de daño.
Tampoco se descarta que este intento por integrar a los demás bajo su mando provoque conflictos entre las agrupaciones extremistas, derivando en actos de violencia.
Las redes terroristas en Bogotá operan entonces en tres niveles: arriba, están los frentes del ELN y las disidencias; en el medio, estos grupos juveniles radicales, y abajo, los integrantes camuflados en algunos movimientos sociales que convocan protestas.
“La información en esos tres niveles es compartimentada, no todos saben los mismos planes ni conocen a los demás integrantes, lo que dificulta judicializarlos”, reconoció un agente.
La postura del Gobierno va en procura de no estigmatizar a los movimientos estudiantiles, tal cual se acordó en una mesa de conversaciones con el Congreso de los Pueblos, pero es claro que hay un peligro rondando en Bogotá, al acecho de estudiantes para reclutar y en busca de brechas de seguridad para desatar el caos.
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25
años de antigüedad tiene el llamado Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.
40
años de cárcel es la condena que pesa sobre “Mono Clinton”, el jefe urbano del ELN.
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