A solo una semana del cambio de Gobierno, una nueva controversia surgió por la adjudicación de contratos de infraestructura vial en La Guajira por cerca de $3,2 billones.
El equipo de empalme del mandatario electo hizo pública una solicitud para que el gobierno Petro se abstenga de firmar los contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Vías (Invías), al considerar que se trata de decisiones de gran impacto fiscal que condicionarán la gestión de la próxima administración.
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La petición se refiere a 10 contratos de obra y seis de interventoría destinados a la construcción y mejoramiento de vías terciarias en municipios como Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure, cuyos compromisos presupuestales se extenderían mediante vigencias futuras hasta el año 2035.
Según el equipo del gobierno entrante, siete de los contratos corresponden a proyectos en Uribia por cerca de $2 billones, mientras que los otros tres, para Riohacha, Maicao y Manaure, suman aproximadamente $1,1 billones. A ello se agregan seis contratos de interventoría por alrededor de $204.000 millones.
En un comunicado, el equipo de De la Espriella sostuvo que un gobierno que está próximo a concluir su mandato “debería concentrarse en garantizar una transición ordenada y transparente”, en lugar de acelerar contrataciones que serán ejecutadas y administradas por la siguiente administración.
Además, anunció que una vez asuma funciones revisará la estructuración de los procesos, la conformación de los consorcios adjudicatarios, la competencia entre oferentes y la viabilidad técnica, jurídica y financiera de cada contrato.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, respaldó la solicitud y afirmó que la preocupación no está dirigida contra las obras para las comunidades rurales, sino frente al momento en que fueron adjudicadas: el 27 de julio.
“No nos oponemos a las vías terciarias; exigimos que decisiones billonarias no se tomen mientras el Gobierno hace maletas para dejar el poder”, señaló. También indicó que la nueva administración realizará una revisión integral de los proyectos y que aquellas obras que demuestren solidez técnica y beneficio para las comunidades continuarán, mientras que, de encontrarse irregularidades, se adoptarán las medidas correspondientes.
Gobierno saliente defiende la contratación
Las críticas fueron respondidas por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien defendió la legalidad del proceso y aseguró que las adjudicaciones obedecen a una planeación iniciada desde finales de 2025.
La funcionaria sostuvo que los contratos cuentan con respaldo jurídico, técnico y financiero, y fueron estructurados conforme a la Ley de Contratación Pública, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las demás normas aplicables.
Frente a los cuestionamientos por el uso de vigencias futuras, Rojas explicó que se trata de un mecanismo habitual en proyectos de infraestructura y recordó que también se emplea en concesiones viales.
Asimismo, afirmó que las obras fueron adjudicadas mediante una licitación pública con participación de empresas que acreditaron los requisitos.
La ministra también argumentó que los proyectos responden a compromisos adquiridos con las comunidades de La Guajira y al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional de Colombia ordenó adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y poblaciones vulnerables del departamento.
Rojas habló en respuesta a lo que dijo la ministra designada Elsa Noguera: “Las vías terciarias serán una prioridad (...). Pero lo que muchos colombianos tienen derecho a preguntarse es por qué, a pocos días de terminar su mandato, el gobierno saliente adjudica contratos del Invías por más de $3,2 billones de pesos, comprometiendo recursos públicos y vigencias futuras hasta 2035”.
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Bloque de preguntas y respuestas
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- El equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, solicitó suspender la firma de 10 contratos de obra y seis de interventoría por $3,2 billones al considerar que comprometerían vigencias futuras hasta 2035 y limitarían la gestión de la nueva administración.
- ¿Cuánto valen los contratos de Invías cuestionados por el gobierno entrante?
- Los contratos suman cerca de $3,2 billones. Incluyen 10 contratos para obras de vías terciarias y seis contratos de interventoría en municipios de La Guajira como Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure.
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- La ministra María Fernanda Rojas defendió la legalidad de la contratación y afirmó que los proyectos fueron planeados desde finales de 2025, cuentan con respaldo jurídico, técnico y financiero y fueron adjudicados mediante licitación pública con todas las garantías.
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- El equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, solicitó suspender la firma de 10 contratos de obra y seis de interventoría por $3,2 billones al considerar que comprometerían vigencias futuras hasta 2035 y limitarían la gestión de la nueva administración.
- ¿Cuánto valen los contratos de Invías cuestionados por el gobierno entrante?
- Los contratos suman cerca de $3,2 billones. Incluyen 10 contratos para obras de vías terciarias y seis contratos de interventoría en municipios de La Guajira como Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure.
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- La ministra María Fernanda Rojas defendió la legalidad de la contratación y afirmó que los proyectos fueron planeados desde finales de 2025, cuentan con respaldo jurídico, técnico y financiero y fueron adjudicados mediante licitación pública con todas las garantías.
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