Resulta llamativo que justo cuando el Congreso se apresta a retomar el debate de la controvertida reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro, fue divulgado un informe de la Contraloría General de la República que evidencia que 26 Entidades Promotoras de Salud (EPS) suman una deuda que asciende a los $25 billones con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y proveedores. A ello se suma que solo cinco EPS cumplen con el manejo de sus reservas técnicas.
La revelación del informe –que ha sido cuestionado por expertos como el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien sostuvo que se confunde “un problema estructural de sostenibilidad con un problema de liquidez–, le dio gasolina al presidente Gustavo Petro, quien este lunes insistió en la necesidad de su reforma e incluso alertó en tono de amenaza que “detener el cambio solo nos hundiría en la violencia”.
Cabe recordar que desde junio pasado tumbaron al contralor general Carlos Hernán Rodríguez, y desde entonces está encargado Carlos Mario Zuluaga, su segundo en la entidad. Tanto Rodríguez –desde su casa en la carrera 7a con 90 en Bogotá– como Zuluaga, según lo han advertido conocedores de la política, se han dedicado a movimientos burocráticos para mantener el poder en la Contraloría. De hecho, juristas no se explican cómo ocho meses después, el Congreso no ha convocado para elegir a un nuevo contralor en propiedad.
En ese orden de ideas, la publicación del informe sobre las EPS, que le da gasolina al presidente Gustavo Petro para seguir promoviendo su batalla contra el sistema de salud actual, ha sido entendida como una manera de ganar réditos ante la Casa de Nariño para lograr mantener el statu quo en el cual se encuentra la poderosa entidad de control.
En un extenso mensaje en la red social X (antes Twitter), Petro reclamó que el actual sistema de salud fue promovido por la derecha y no es más que un “barril sin fondo” que se alimenta de dinero público. “La derecha colombiana dice que lo que hay es que darle más dinero público a este barril sin fondo que construyeron desde 1993 y que llaman sistema de salud”, dijo el mandatario. Estas frases explosivas, que no son nuevas en Petro, han sido desmentidas por decenas de estudios y encuestas que destacan el sistema colombiano.
Según el Jefe de Estado, este sistema de intermediación privada de recursos públicos construyó un “mercado en la salud que dejó la red pública hospitalaria de todo el país destruida y a la mayor parte de la población sin atención adecuada”.
“El faltante, dice la Contraloría, es de $25 billones desde que se obligó a crear en las EPS las reservas técnicas como toda aseguradora debe hacer, cosa que evadieron, y en la deuda que no pagan a los hospitales y clínicas, dato que no está traído a valor presente, subvalorándolo”, declaró el mandatario, quien aseguró que los recursos públicos inyectados al sistema se volvieron “patrimonio” de los dueños de más de 130 EPS.
“Se transformaron en jets privados, campos de golf, casas lujosas, clínicas privadas localizadas en las zonas más pudientes del país, en armas de paramilitares, en fondos clandestinos electorales y dejaron millones de personas muertas que se podían salvar con la tecnología adecuada”, agregó el Jefe de Estado.
Al aprovechar la palomilla, Petro insistió en su propuesta de reforma a la salud, que ya superó su primera vuelta en el Congreso tras su paso por la Cámara y ahora será discutida en el Senado. De acuerdo con el mandatario, se trata de “una nueva forma” de administrar los recursos de la salud, “dejándolos de supeditar al mercado y poniéndolo al servicio del derecho de la gente”.
En esa línea, destacó que la reforma, en primer lugar, crea “un sistema fuerte preventivo público a escala nacional”, de cara a disminuir la enfermedad y abaratar el costo público del derecho a la salud. En segundo lugar, un sistema que elimina la intermediación financiera, girando directamente los recursos al sistema clínico y hospitalario. Finalmente, un aumento del personal “mejorando sus salarios y estabilidad y aumentando la oferta educativa en todo el país”.
Sin embargo, Petro criticó que “la extrema derecha” sabotea el proyecto buscando que la intermediación privada financiera se mantenga y aumenten los dineros públicos hacia ella. Por ello, alertó que las finanzas del Estado “están a punto de colapso”, al tiempo que alegó que el presupuesto se convirtió en “un simple sistema de transferencias” de los recursos públicos a los sectores más ricos del país, catalogándolo como “el verdadero cartel nacional de la contratación”.
“Si ustedes suman las transferencias públicas que se hacen a las EPS, con las transferencias públicas a fondos privados de pensiones, también agotados, con las de las concesiones de carreteras profundamente deficitarias, con el déficit de las comercializadoras eléctricas, con las trasferencias al fondo de estabilización de combustibles para subsidiar gasolina y diésel, y al gran déficit presupuestario que creció por financiar la respuesta al covid con la deuda pública y no desde la emisión como hicieron los países del norte; entonces sabrán que las finanzas del Estado están a punto de colapso”, manifestó.
Al salir en defensa indirecta también de sus otras reformas, Petro sostuvo que hay personas “sin derecho a la salud, a la pensión, a la educación o sin el derecho simplemente a vivir”, advirtiendo que Colombia es “uno de los países más desiguales de la tierra que se han construido”.
“Con justicia y decisión popular se puede corregir este entuerto histórico o él nos llevará simplemente a la violencia. Mantener el subsidio a la extracción en grande del carbón, contraviniendo a la humanidad, permitiendo la deducibilidad de las regalías, o impidiendo las reformas sociales, no es el camino. Detener el cambio necesario solo nos hundiría en la violencia”, concluyó, al defender además su acuerdo nacional, “para transformar lo que ya no nos sirve y pasar a una fase más justa y productiva como sociedad humana”.
En contraste
El contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga –quien permanece en condición de encargado desde junio pasado, a la espera de que el Congreso escoja a un funcionario en propiedad–, señaló que solo cinco EPS tienen solvencia económica para operar y que de los $25 billones que adeudan, “$11 billones corresponden a las deudas de las EPS a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)”.
En diálogo con la emisora La FM, Zuluaga declaró que las deudas específicas de EPS con proveedores de medicamentos, servicios tecnológicos y otras entidades, suman $11.3 billones: “Se pone en riesgo la prestación del servicio a pacientes que juegan con dos variables, la variable de la denegación del servicio y las demandas que ponen los colombianos en tutelas para la atención del servicio. Esa esas variables no pueden ser con las que jueguen la EPS para que los recursos alcancen”.
Entre las EPS que no cumplen con el manejo de sus reservas técnicas se cuentan Famisanar, Sanitas, Compensar, Emssanar, S.O.S, Sura, Comfenalco Valle, Mallamas, Capresoca EPS, Pijaos Salud o Comfachocó. “El 80% de la población afiliada está en EPS con dificultades financieras”, precisó Zuluaga.
Con todo, el informe fue cuestionado por el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien sostuvo que hay un problema de insuficiencia de recursos en el sistema y que la siniestralidad de muchas EPS está por encima de 100 %.
“Es paradójica actitud del gobierno. Incumplen los pagos al sistema (como lo dijo la Corte) y después se asombran de las consecuencias (en este caso de la imposibilidad de constituir un ahorro habida cuenta de los problemas de sostenibilidad). Confundir un problema estructural de sostenibilidad con un problema de liquidez es parte del problema”, explicó.
De hecho, a principios de año, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a las EPS del régimen contributivo, elevó un llamado al Gobierno Nacional para que ajuste el porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024. Se trata del pago que le realiza el Estado a las EPS por cada afiliado que tienen para cubrir las prestaciones del Plan de Beneficios en Salud (PBS).
En diciembre pasado, el Ministerio de Salud anunció que este porcentaje quedó en el 16,23 % para los regímenes contributivo y subsidiado. No obstante, para Acemi este porcentaje les preocupa –por eso habían pedido que se fijara en 18 %– porque hay factores que no se están teniendo en cuenta para este incremento.
Una de ellos son las frecuencias de uso de los servicios, la inflación y la devaluación de la moneda colombiana que afecta el valor de los medicamentos e insumos médicos. En ese sentido, Acemi asegura que muchas EPS van a estar incumpliendo indicadores financieros y la Supersalud se vería en la obligación de intervenirlas o liquidarlas.
Además, el gremio recordó que el Estado les adeuda $2,6 billones por concepto de la figura de presupuestos máximos de los años 2021 y 2022: es decir, las atenciones en salud que no están incluidas en el PBS.
Desde el Congreso de la República, la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) sostuvo que el informe de la Contraloría confirma que “el sistema de salud está desfinanciado, que desde hace años gasta más de lo que recibe y que sin los ajustes respectivos ninguna EPS será viable. ¿Qué es lo grave aquí? Que la reforma del gobierno no resuelve en nada la crisis financiera: de hecho la agrava”.
En ello coincidió el representante Andrés Forero (Centro Democrático), quien insistió en que el informe “confirma insuficiencia crónica de recursos de la salud agravada por este gobierno. Disyuntiva ha sido garantizar reservas técnicas o continuidad en atención. Reforma no resuelve problema de financiamiento del sistema: lo agrava”.
El expresidente César Gaviria, por su parte, cuestionó al contralor encargado Zuluaga y puso el dedo en la llaga al decir que el informe era un “análisis superficial” y que ayuda a la teoría de acabar con las EPS como lo quiere Petro.
