El expediente que hoy tiene contra las cuerdas al representante Pedro José Suárez Vacca, del Pacto Histórico, no se escribió en el Congreso, sino en un despacho judicial de Tunja. Allí, entre 2008 y 2009, cuando era juez quinto de ejecución de penas, tomó decisiones que hoy la Corte Suprema de Justicia examina bajo una acusación grave: prevaricato por acción agravado y continuado.
En el centro del caso está el nombre de Lelio Nevardo Ávila Santana. Un condenado por tráfico de estupefacientes agravado y secuestro que, según la tesis de la acusación, no podía acceder a detención domiciliaria. Y sin embargo, la obtuvo por decisiones firmadas por el entonces juez Suárez Vacca. La Corte investiga si esas resoluciones fueron abiertamente contrarias a la ley.
El caso avanzó en silencio durante años hasta escalar en 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y, tras cerrar instrucción en tiempo récord, lo llevó a juicio.
Hoy, el proceso está en etapa de juzgamiento, con audiencias públicas desde el 7 de marzo de 2025 y a las que accedió EL COLOMBIANO. Aunque todavía no hay decisión de fondo, el pulso judicial del caso ya se siente: tanto la Procuraduría como la parte civil —la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial— han pedido condena contra el abogado y entonces juez.
Según la resolución de acusación de la Sala Especial de Instrucción las decisiones judiciales que favorecieron a Lelio Nevardo Ávila Santana con la prisión domiciliaria pudieron responder a un “ánimo corrupto”, bajo la premisa de que el condenado le habría pagado 35 millones de pesos al entonces juez Suárez Vacca, hoy congresista del Pacto Histórico reelegido en las elecciones del pasado 8 de marzo.
El juzgamiento, que tramita la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, se apoya en autos judiciales que cambiaron el curso de la pena: una carta manuscrita atribuida al hoy congresista con la frase “no dar papaya”, un peritaje grafológico que apuntaría a su autoría y el testimonio de un exescolta que habló de reuniones, sobres y dinero.
La defensa del congresista, por su parte, ha negado pagos y cuestionado la validez de la carta, advirtiendo inconsistencias en los testigos y sostiene que todo se reduce a decisiones judiciales, no a un delito.
Aunque este proceso no lo acusa de narcotráfico, el expediente revive episodios pasados de Suárez Vacca, como la polémica libertad condicional que le concedió en su momento a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, pues siendo juez de ejecución de penas de Tunja tomó la decisión argumentando el cumplimiento de tres quintas partes de la condena y “comportamiento ejemplar”.
Esta decisión generó un gran revuelo nacional e internacional. Suárez Vacca concedió la libertad a los jefes del Cartel de Cali, quienes estaban recluidos en la cárcel de Cómbita, alegando que ya habían cumplido con los requisitos legales para la libertad condicional. Ese caso terminó a su favor con un auto inhibitorio de la Corte.
El expediente Vacca
La piedra angular de la investigación de la Corte radica en la presunta entrega de 35 millones de pesos que el condenado Lelio Nevardo Ávila Santana habría pagado al entonces juez Suárez Vacca.
Según la hipótesis del caso, este soborno tenía como propósito asegurar la concesión del beneficio de prisión domiciliaria, pese a que Ávila Santana cumplía una condena por delitos de alta gravedad, como tráfico de estupefacientes y secuestro.
El testimonio de John Carlos Mancipe Puerto constituye la pieza central de la acusación presentada por la Fiscalía ante el alto tribunal. Mancipe, cercano al procesado, describió tres episodios concretos en los que, presuntamente, se manejaron sumas de dinero ilícitas vinculadas al caso.
En su relato, el primer episodio se sitúa en el segundo semestre de 2009 cuando se habría entregado un sobre de manila en la residencia de Ávila Santana. El segundo hace referencia a otro sobre que Mancipe habría recogido en Bogotá y entregado personalmente a Suárez Vacca en su despacho en Tunja.
Mancipe también mencionó ante la Corte el transporte de dos fajos de billetes de 50 mil pesos, sujetos con bandas elásticas y marcados con distintivos bancarios, los cuales —según afirmó— entregó directamente al exjuez tras una gestión coordinada con el condenado.
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La Corte Suprema, además, analiza dos autos específicos firmados por Suárez Vacca que permitieron la salida de prisión del secuestrador.
El primero, del 23 de enero de 2008, concedió la detención domiciliaria basándose supuestamente solo en el delito de narcotráfico. El segundo, del 15 de septiembre de 2009, reconfirmó ese beneficio aún cuando ya se conocía formalmente la condena por secuestro, delito que legalmente excluye este tipo de subrogados penales.
Esa corporación investiga además la posible omisión del diligenciamiento de un documento esencial para verificar los antecedentes penales antes de otorgar beneficios, el cual no habría sido consultado rigurosamente en este caso. Otra evidencia clave es una supuesta carta enviada por Suárez Vacca a Ávila Santana mientras este cumplía la detención domiciliaria.
En la misiva, el exjuez buscaba un contacto en el Consejo Superior de la Judicatura a través del padre del condenado, con el fin de tratar temas relacionados con investigaciones administrativas contra los jueces de ejecución de penas de la época.
El testigo clave
John Carlos Mancipe Puerto es el testigo estrella de la Fiscalía en el proceso contra el representante Pedro José Suárez Vacca. Su testimonio es la base de la acusación que señala que el entonces juez habría recibido millonarios sobornos a cambio de beneficios judiciales para un condenado por secuestro.
Testigos del juzgado, citados durante el proceso de juzgamiento, lo recuerdan como una persona que frecuentaba el despacho para realizar “vueltas” o mandados, específicamente pagar recibos de servicios públicos.
El propio Suárez Vacca relató ante la Corte que lo conoció en una campaña política y, al verlo desempleado y con problemas económicos para mantener a su hija, decidió ayudarlo dándole dinero y permitiéndole acompañarlo como amigo. Sin embargo, una de las trabajadoras del juzgado, Olga Lucía Rodríguez, lo identificó directamente como el ”escolta o conductor” del entonces juez. Mancipe asegura que el condenado Lelio Nevardo Ávila Santana pagó un total de 35 millones de pesos al juez.
El procesado subraya que en 2011, bajo juramento ante la Fiscalía, Mancipe negó categóricamente haber entregado o recibido dineros ilegales del juez. Su versión actual sobre los tres pagos habría aparecido recién doce años después ante la Corte Suprema. La defensa sostiene que Mancipe “guarda rencor” hacia Suárez Vacca porque este no lo nombró en un cargo formal en el juzgado a pesar de sus dificultades económicas.
“Era un documento falso”
El testimonio de Pedro José Suárez Vacca, rendido el 8 de abril de 2026 ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema y obtenido por EL COLOMBIANO, estuvo enfocado en defender la legalidad de sus decisiones como juez y en denunciar lo que considera un montaje político sustentado en declaraciones falsas de testigos desacreditados.
Durante su intervención, expuso su perfil profesional como abogado con especializaciones en derecho público, constitucional y penal, además de una maestría en derecho penal. Recordó que se desempeñó como inspector de policía, auxiliar de fiscal y juez de ejecución de penas en Tunja hasta 2011. Tras su salida de la rama judicial, aseguró, se dedicó al litigio y “a la defensa de derechos humanos” antes de ser elegido representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
Sobre su relación con Lelio Nevardo Ávila Santana, sostuvo que únicamente lo conocía en su calidad de interno a disposición del despacho y que solo tuvo contacto personal con él en un almuerzo a finales de 2009, al que asistió por invitación del padre del condenado, cuando este ya cumplía prisión domiciliaria.
En cuanto a John Carlos Mancipe, lo describió como una persona desempleada a la que conoció durante una campaña política y a quien ayudaba económicamente por razones de amistad. Negó que hubiera tenido un rol formal como escolta, aunque reconoció que lo acompañaba con frecuencia. En relación con las decisiones judiciales cuestionadas, Suárez Vacca defendió los autos de 2008 y 2009 por los que se le investiga por prevaricato.
Explicó que en enero de 2008 solo tenía conocimiento del delito de tráfico de estupefacientes, por lo que atribuyó la concesión inicial del beneficio a un “error inducido” por un “documento falso que reportaba una supuesta absolución por secuestro”. Añadió que, al advertir la irregularidad, revocó esa medida en marzo del mismo año.
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Suárez Vacca defendió los dos autos por los que se le acusa de prevaricato, insistiendo en que sus decisiones se ajustaron al marco jurídico vigente en su momento. En relación con el auto de enero de 2008, explicó que para entonces solo tenía conocimiento del delito de tráfico de estupefacientes, por lo que atribuyó la concesión del beneficio a un “error inducido” derivado de un supuesto documento falso que llegó al despacho y que informaba una supuesta absolución por el cargo de secuestro.
Respecto al auto de septiembre de 2009, ya con conocimiento de la condena por secuestro, sostuvo que su decisión se basó en una interpretación constitucional que priorizaba los derechos de los menores, dado que el condenado era padre cabeza de familia.
En ese sentido, argumentó que aplicó la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema, citando incluso una sentencia de 2007, para sustentar el principio de favorabilidad por encima de las restricciones legales. El exjuez también enmarcó sus actuaciones en el contexto de una alta carga laboral. Señaló que su despacho manejaba cerca de 2.000 procesos y emitía alrededor de 110 decisiones semanales, lo que —según explicó— implicaba delegar en el Centro de Servicios Administrativos la verificación de la autenticidad de los documentos que ingresaban al juzgado.
“Jamás, jamás recibí dineros”
En cuanto a la carta manuscrita enviada a Ávila Santana, confirmó su existencia, pero insistió en que tuvo un propósito estrictamente institucional. Según explicó, buscaba que el padre del condenado facilitara un contacto con magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de exponer las inconformidades de los jueces de ejecución de penas frente a investigaciones impulsadas en ese momento por el entonces ministro Valencia Cossio, las cuales calificó como injustificadas.
Suárez Vacca negó haber recibido dinero, insistiendo en que las acusaciones carecen de sustento. “Jamás, jamás recibí dineros de ninguna persona ni fueron enviados dineros con este señor John Carlos”, declaró ante la Corte.
La defensa ha hecho énfasis en las contradicciones del testigo, especialmente en que en 2011, bajo juramento ante la Fiscalía, Mancipe negó haber participado en la entrega o recepción de recursos ilegales relacionados con los procesos del entonces juez. Para el hoy congresista, este cambio de versión mina la credibilidad de la acusación.
A ello se suma la hipótesis de un posible entramado externo. Suárez y el oficial Álvaro Villalba afirmaron que Mancipe habría recibido ofrecimientos económicos del entorno de Fernando Londoño Hoyos para declarar contra el exjuez o participar en un montaje. El hecho se relaciona con una vieja disputa entre ambos, que en 2012 derivó en la destitución e inhabilidad por 12 años del exministro tras sus críticas al juez Pedro José Suárez por la libertad concedida a los hermanos Rodríguez Orejuela.
Según el relato de Villalba, Mancipe incluso habría intentado presionar a Suárez Vacca con esa información, al decirle: “Pedro, me están ofreciendo dinero, ¿qué me ofreces tú?”.
En ese contexto, su abogado José María Pedraza sostiene que no existieron los pagos que describe la Fiscalía —los cuales ascenderían a 35 millones de pesos— y que, por el contrario, el testigo habría intentado obtener un beneficio económico de sectores adversos al entonces juez.
También destacó que otro denunciante, Jorge Armando Munera, habría reconocido en la Corte que firmó la acusación sin conocer los hechos, motivado por razones ideológicas. En conjunto, la defensa del hoy congresista apunta a sostener que sus decisiones fueron producto de interpretaciones jurídicas válidas y no un “acuerdo ilícito”. El proceso tendrá que ser fallado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.
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