En una región históricamente marcada por la escasez de agua y por las promesas rotas de distintos gobiernos, la Corte Constitucional volvió a encender las alarmas. Siete años después de haber declarado el estado de cosas inconstitucional por la grave vulneración de derechos a la niñez Wayuu, la situación sigue sin cambios estructurales.
Lo concluyó la Sala Especial de Seguimiento al revisar el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que ordenó garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira.
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Según el alto tribunal, las medidas adoptadas por el Estado han sido insuficientes, fragmentadas y sin impacto sostenible. Las cifras no son claras, los reportes carecen de coherencia técnica y no permiten verificar mejoras reales en el acceso al agua por parte de las comunidades indígenas, en especial los niños y niñas Wayuu.
La Corte advirtió que los informes entregados por las entidades responsables no permiten verificar avances reales y carecen de unidad, precisión y secuencialidad. En otras palabras, el Estado no solo no ha logrado resolver la crisis, sino que ni siquiera ha logrado medir adecuadamente lo que ha hecho.
Lo más preocupante es que la respuesta institucional ha quedado limitada a intervenciones de corto plazo incluidas en un plan provisional, sin que exista una política pública de mediano y largo plazo para enfrentar de forma sostenible la crisis humanitaria que persiste en este territorio.
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Para la Sala Especial de Seguimiento, esa omisión representa un incumplimiento grave de las órdenes impartidas en 2017 y prolonga la vulneración de derechos fundamentales de una de las poblaciones más vulnerables del país.
La Corte también identificó obstáculos estructurales que explican la ineficacia del Estado. Una institucionalidad incapaz de coordinarse, recursos mal ejecutados, dificultades en la planeación, contratos que no se cumplen y una enorme brecha en la recolección de información confiable. Todo esto mantiene a las comunidades Wayuu atrapadas en un ciclo de desatención que, en muchos casos, tiene consecuencias fatales para niños y niñas que mueren por causas evitables como la desnutrición y la falta de agua potable.
Además, el tribunal exigió mayor transparencia en el seguimiento y ordenó la recolección rigurosa de datos sobre infraestructura y calidad del servicio. Solicitó también revisar los estudios existentes sobre el impacto de la actividad minera en la escasez de agua en la zona, y, en caso de hallarse relación, adoptar medidas de mitigación.
De igual forma, insistió en que las comunidades Wayuu deben ser incluidas de forma efectiva en la planeación y ejecución de cualquier intervención, como sujetos de derecho y no solo como receptores pasivos de decisiones tomadas desde Bogotá.
