Desde la oposición cuestionaron que la entidad firmó contratos por más de $6.401 millones para formular políticas que, según la denuncia, ya estaban definidas y debían ejecutarse directamente por la entidad.
A la espera de que el Congreso apruebe una ley que corrija los yerros en la creación del Ministerio de la Igualdad –tras un fallo de la Corte Constitucional que data de 2024–, este lunes se conoció que la entidad habría entregado contratos por más de $6.401 millones para realizar funciones que debieron ejecutarse hace dos años.
Así lo denunció la senadora Paloma Valencia, quien sostuvo que, a través de un fondo paralelo, el Ministerio firmó dos contratos con la Universidad Nacional para diseñar la política de campesinado y formular la línea base de la política contra la discriminación.
No obstante, reclamó que esos lineamientos ya habían sido definidos hace dos años en el Plan Nacional de Desarrollo y advirtió que debían ser implementados directamente por el Ministerio. “Sin embargo, los documentos finales serán entregados entre mayo y julio de 2026, a pocas semanas del cambio de Gobierno y cuando la entidad estaría en proceso de liquidación por decisión judicial”.
Según la también candidata presidencial del Centro Democrático, el primer contrato fue firmado el 18 de noviembre de 2025 por valor de $4.976 millones y, de acuerdo con Valencia, “contempla millonarios anticipos: $1.990 millones por el plan de trabajo y $1.492 millones por la metodología”. Con todo, el documento final será entregado hasta el 18 de julio.
Por otro lado, el segundo contrato, suscrito apenas el 28 de enero de 2026, asciende a $1.425 millones e incluye un anticipo del 40%; es decir, alrededor de $570 millones. No obstante, la entrega del informe está prevista para finales de mayo.
Valencia reveló que entre 2025 y 2026 al Ministerio y su fondo se habrían vinculado aproximadamente 6.322 personas con un costo de $241.896 millones; sin embargo, alegó que, pese a semejante número de trabajadores, no habrían sido capaces de formular directamente estas políticas públicas. Por ello, calificó la situación como “un derroche burocrático injustificable”.
Además, cuestionó que, de concretarse la liquidación del Ministerio, los documentos contratados quedarían sin aplicación práctica, pues el nuevo Gobierno llegaría con sus propias directrices.
“Seguiré en la batalla por destapar el derroche del Ministerio de Igualdad y su Fondo paralelo”, precisó Valencia, quien pidió mayor transparencia en la publicación de contratos e informes en el SECOP.
En mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró nula la ley que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, debido a vicios de trámite como la falta de análisis de impacto fiscal. Es decir que, por el momento, la cartera solo podrá existir mientras esté vigente el Gobierno de Gustavo Petro.
La Corte les dio un plazo al Gobierno Nacional y al Congreso para que corrijan esos vicios de trámite. Tendrán que hacerlo antes de que termine el año 2026, pues a partir de entonces la citada ley perderá sus efectos.
Frente a este fallo, la Casa de Nariño tiene dos caminos: presentar un nuevo proyecto de ley, que subsane los vicios de trámite durante su discusión en el Congreso; o reasignarle todas sus funciones y recursos a otras entidades del Estado. Para eso es el plazo otorgado por los magistrados.
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