La paz total, la política de Gobierno con la que el presidente Gustavo Petro busca pacificar a Colombia, se ha convertido en una locomotora que por ahora arrastra 10 vagones en los que se han subido 10 estructuras ilegales que buscan negociar un cese definitivo de hostilidades y acciones violentas.
Danilo Rueda, comisionado de Paz, confirmó que estos grupos ilegales mostraron el deseo de llegar a una mesa de negociación y que, como condición inicial, se les exigirá que “dejen de torturar, no desaparecer y no matar”.
De estos 10 grupos ilegales, uno es el ELN, la única guerrilla activa en el conflicto armado colombiano. A esta se han sumado disidencias de las Farc como los frentes 36 y 18, que operan en Antioquia; las columnas Adán Izquierdo, con injerencia en Valle y Quindío; y la Dagoberto Ramos, con fuerte presencia en Cauca.
También le dijeron sí al “tren de la paz” todas las estructuras del Clan del Golfo, cuyas bases principales de operaciones están Antioquia, Córdoba y Chocó; y sus enemigos de Los Caparros.
Al llamado de la paz total también acudió la Segunda Marquetalia, una disidencia que reúne un puñado de exguerrilleros de las Farc que le dieron la espalda al pasado Acuerdo de Paz, del que se destaca “Iván Márquez”, quien según el comisionado Rueda, se recupera en una clínica de Caracas, Venezuela, luego de un ataque de las disidencias del frente 10, el 30 de junio de 2022. Su grupo está refugiado en territorio venezolano ante el arrinconamiento de grupos enemigos y de la Fuerza Pública colombiana.
“Las FARC-EP nos hemos planteado (...) la solución política a la violencia desatada por el Estado, por tal motivo invitamos al nuevo Gobierno, en cabeza del doctor Gustavo Petro y la doctora Francia Márquez, como genuinos representantes de las aspiraciones de las clases populares, para que en común acuerdo creemos un clima propicio para un acuerdo de cese al fuego bilateral”, fueron las palabras del Estado Mayor del grupo armado con las que se montó a la locomotora de la paz.
Ya hay rieles para transitar
Como todo tren, el de la paz ya cuenta con unos rieles que le sirven de base para avanzar en la consecución del objetivo final: el desarme y el cese de un fuego definitivo.
Para esto, el Gobierno de Gustavo Petro cuenta con el borrador (ver facsímil) con el que se busca silenciar fusiles en los distintos territorios. Dice el proyecto que se debe crear “una normativa que permita la persecución y judicialización de estructuras criminales de alto impacto, a través de un procedimiento que viabilice su presentación a la justicia en un mismo lugar y de manera colectiva”, es decir, un proyecto que como lo han expresado distintos representantes del alto gobierno, se enfocaría más en la justicia restaurativa que en la punitiva.
“Se incorpora el principio restaurativo de la pena tanto en su finalidad y ejecución, lo que ha estado en mora en nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de que la comunidad observe que quien ha sido verdugo de la población necesariamente tiene que acometer actos de restauración del tejido social; y permite, al victimario, liberarse del estigma para poder ser reinsertado en la comunidad”, dice el articulado.
Basado en la anterior premisa, el analista del conflicto, Juan Carlos Ortega, asevera que el nuevo proyecto de paz total tiene tanto de ambicioso como de arriesgado, “y más porque, aunque el gobierno ha hecho énfasis en que se dará un tratamiento diferenciado, en el fondo todos los grupos que se acojan tendrán beneficios similares”. Y cuando habla de “todos los grupos”, Ortega hace énfasis en que no se puede desconocer que en la negociación entrarían bandas como los Pachelly (Bello, Antioquia) y los Pachenca (Santa Marta), que alzaron la mano para subirse al tren de la paz total.
