La crisis diplomática entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño amenaza con transcender de la esfera política y económica a la judicial, tras las amenazas de varios líderes políticos norteamericanos de impulsar sanciones e investigaciones contra el presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano.
El primer campanazo de alerta lo dio el senador republicano Bernie Moreno, uno de los congresistas que le habla al oído al presidente Donald Trump.
“Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso. De hecho, vamos a acelerar esa investigación. Mientras tanto, vamos a incluirlo a él, a su familia y a sus cómplices en la lista OFAC, y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras”, declaró Moreno.
Sus palabras fueron secundadas por Marshall Billingslea, ex subsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo, quien hoy es consultor del Instituto Hudson, una organización dedicada a la investigación de políticas de seguridad y finanzas ilícitas.
En una audiencia pública ante el Senado de EE.UU., aseveró que “el régimen que ha fomentado la plaga socialista, que se ha extendido por Latinoamérica, es el venezolano. Es dinero venezolano corrupto y sucio el que financió la campaña de Petro. También canalizaron dinero hacia México y Brasil”.
La Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente sobre las acciones que tomará en contra de Petro y de Colombia, luego de que Trump declarara el pasado fin de semana que su homólogo era “un líder del narcotráfico” y “un lunático con problemas mentales”.
Extraoficialmente circula una información en los pasillos de Washington, según la cual habría 35 personas de su círculo cercano bajo la lupa.
Petro también ha escalado su discurso, en particular en contra del senador Moreno.
En su último Consejo de Ministros afirmó que el republicano “me tiene ad portas de ser juzgado por el señor Trump y sus jueces, que considero independientes”.
Y luego arremetió, sin mostrar las pruebas, contra un familiar suyo: “El hermano de Bernie Moreno apareció en esa operación de lavado de tierras, la de la Hacienda San Simón. Su otro hermano, expresidente del BID, embajador de Colombia en EE. UU., Alberto Moreno, está metido en otro negocio, el robo del Banco del Pacífico”.
Más allá de la controversia política, ¿qué fundamentos tendría el gobierno de Trump para incluir al mandatario colombiano en el listado negro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), más conocida como Lista Clinton?
De acuerdo con analistas consultados por este diario, el primer factor de descontento es el crecimiento comprobado de los cultivos y la producción de coca durante su administración. Según datos de la ONU, entre 2022 y 2023 las hectáreas sembradas pasaron de 230.000 a 253.000; la producción potencial anual de cocaína, de 1.738 a 2.664 toneladas métricas, que representan el 71,84% de toda la cocaína que circula en el mundo.
Esta es la razón por la cual Trump señala a Colombia de ser “una máquina de fabricar drogas”.
Los estadounidenses siguen con recelo las investigaciones judiciales que salpican la campaña presidencial de Petro. Uno de los expedientes que cursa en la justicia colombiana apunta a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, quien está a la espera del juicio oral por cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Uno de los personajes que le habría donado dinero para la campaña de su papá es Samuel Santander Lopesierra (“el Hombre Marlboro”), un viejo conocido de las cortes norteamericanas, pues fue extraditado a ese país en 2003 por narcotráfico.
Los otros factores a analizar los puso sobre la mesa el propio Billingslea, al mencionar la supuesta financiación proveniente del régimen de Nicolás Maduro. Esta es una hipótesis que ha rondado en las campañas de 2018 y 2022, pero que nunca ha sido probada en los estrados.
Sin embargo, los estadounidenses tienen en su poder a un testigo que podría dar luces sobre el tema: el general (r) venezolano Clíver Alcalá Cordones, extraditado y condenado a 21 años por aprovisionar de armas a las Farc. “Lo más seguro es que le pregunten si va a cooperar con este caso, con la promesa de una rebaja de penas”, dijo uno de los agentes consultados.
Alcalá fue una de las fichas claves del régimen en su momento, y podría despejar las dudas de si hubo o no patrocinio de Maduro al petrismo, como lo asegura Billingslea.
Este exfuncionario también trajo al debate las operaciones en Suramérica de Hezbolá, un grupo político-militar de Líbano que se financia con dineros del narcotráfico y el contrabando global.
Tal cual ha reportado EL COLOMBIANO en artículos anteriores, la DEA, el MI-6 y Europol tienen una investigación abierta que vincula a ese grupo extremista con el contrabandista colombiano Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.
Este personaje, según el propio Petro, infiltró su campaña política con $500 millones de pesos que el entonces candidato, al darse cuenta de quién era el donante, ordenó devolver.
De igual manera, hay sospechas de agencias estadounidenses sobre el llamado Pacto de La Picota y las visitas a las cárceles de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. Este hecho, ocurrido en la campaña de 2022, ha sido denunciado por la oposición en Colombia y está bajo indagación preliminar de la Fiscalía. Incluso, el periodista Gerardo Reyes reveló que tras una denuncia del abogado Richard Díaz, se conoció que por 100 mil dólares el hermano de Petro había ofrecido impedir extradición del narco Carlos Eduardo Restrepo.
Es importante recordar que la Lista Clinton es una sanción administrativa, que no requiere la presentación de pruebas ante un juez independiente, sino que depende de los reportes de operaciones sospechosas de la OFAC, una oficina del Departamento del Tesoro, es decir, del poder ejecutivo.
A las personas afectadas con esa designación se les prohibe tener relaciones económicas y comerciales con empresas de EE.UU., en teoría; pero en la práctica, implica el congelamiento de las cuentas bancarias y todos los activos financieros.
Y, al fin de cuentas, es al perjudicado a quien le toca demostrar que no cometió delitos, para que le revoquen la sanción.
Los analistas no se atreven a asegurar que Trump le dará ese golpe a Petro, aunque admiten que por su naturaleza temperamental e impredescible, ha roto todos los protocolos de la diplomacia.
Ayer volvió a lapidar al Jefe de Estado colombiano con improperios en el Despacho Oval: “Es un matón, está fabricando muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína, fabrican todo tipo de porquerías. Será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país”.
Lo dicho parece ser una respuesta a la entrevista que le concedió Petro a Univisión, en la que afirmó: “La humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras, puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump”.
Ante las afirmaciones de su homólogo en el Despacho Oval, Petro una vez más contestó en tono altivo: “De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE.UU., altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”.
Agregó que “siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”, en referencia a la operación naval de EE.UU. que ha destruido nueve embarcaciones que supuestamente iban con cocaína colombiana hacia Norteamérica, otra señal de que la rivalidad todavía puede empeorar.
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