Durante más de dos décadas, miles de mujeres que sufren endometriosis alzaron su voz para pedir que alguno de los Gobiernos que ocuparon el Estado emitieran políticas para mejorar sus condiciones de vida ante una enfermedad dolorosa e incapacitante. A inicios del Gobierno Petro llegó la Ley, pero está a punto de acabarse y siguen sin implementar las medidas ordenadas en la norma. Además, no han escuchado a las pacientes para organizar los planes de acción.
La denuncia fue hecha por la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad (ASOCOEN), organización sin ánimo de lucro que informó que adelanta nuevas acciones jurídicas y de veeduría ciudadana relacionadas con la implementación de la Ley 2338 de 2023 y de la política pública para la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral de la endometriosis.
Según la organización, en febrero de este año presentó un derecho de petición ante el Ministerio de Salud y Protección Social para solicitar información sobre el plan de acción diseñado para ejecutar la política pública derivada de la ley.
ASOCOEN sostiene que la respuesta recibida incluyó un cronograma general de actividades, pero no contenía detalles suficientes sobre metas, indicadores de seguimiento, mecanismos de participación ni estrategias concretas de implementación.
Ante esta situación, la asociación interpuso una acción de tutela argumentando vulneraciones a los derechos de participación ciudadana, acceso a la información pública y control social. De acuerdo con ASOCOEN, un juez ordenó al Ministerio responder de fondo la solicitud en un plazo de 48 horas.
La organización asegura que, una vez vencido ese término, la cartera de Salud no dio cumplimiento oportuno a la orden judicial. Por esta razón, presentó una solicitud de cumplimiento y de apertura de incidente de desacato. Asimismo, anunció que radicará un escrito de impulso procesal para solicitar avances en el trámite judicial.
ASOCOEN señaló que el caso trasciende el ámbito jurídico y administrativo, al considerar que involucra la participación de las pacientes en la implementación de políticas públicas que afectan directamente su salud y calidad de vida.
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”Lo que está en discusión es el derecho de miles de pacientes a participar en la implementación de las decisiones públicas que impactan directamente su salud y su calidad de vida. También está en juego el reconocimiento del valor que tienen las organizaciones civiles de pacientes en la construcción de políticas públicas basadas en evidencia, experiencia y participación ciudadana”, dice el comunicado.
Allí agregaron: “Las pacientes no pueden ser convocadas únicamente para construir una ley o una política pública y luego ser excluidas de los espacios donde se toman las decisiones sobre su implementación”.
La asociación recordó que participó en el impulso de la Ley 2338 de 2023 y en las mesas intersectoriales convocadas para la construcción de la política pública de endometriosis. También indicó que durante más de una década ha recopilado información sobre las dificultades de acceso al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.
Como parte de las acciones anunciadas, ASOCOEN informó que desarrollará una estrategia de incidencia y veeduría ciudadana que incluirá la divulgación de las actuaciones jurídicas adelantadas, espacios de diálogo con pacientes y profesionales de la salud, seguimiento a la implementación de la política pública y articulación con organismos de control, la academia y organizaciones sociales.
La organización hizo un llamado a pacientes, familiares, profesionales de la salud e investigadores para participar en los procesos de seguimiento y control social relacionados con la implementación de la Ley 2338 de 2023.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado públicamente sobre las afirmaciones realizadas por ASOCOEN.
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