Diez años después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, Colombia enfrenta una paradoja que inquieta a expertos, exnegociadores y comunidades rurales: mientras la principal guerrilla del continente dejó las armas, la producción de cocaína alcanzó niveles históricos y los grupos armados ilegales se multiplicaron.
Al menos así lo revela un informe del prestigioso diario financiero Financial Times, que, a partir de un análisis y de testimonios de comunidades indígenas en Cauca, concluyó que desde 2019, y tras el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una nueva generación de grupos armados ha ocupado gran parte del territorio y se ha dedicado principalmente a la producción de cocaína con fines económicos, más que a las ideas marxistas que motivaron su creación en el pasado.
El incremento en la producción de droga y la apertura de nuevos mercados ha venido acompañado de violencia y se está convirtiendo en un problema transnacional que ya no solo afecta a Estados Unidos, sino también a ciudades como Amberes (Bélgica), Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Río de Janeiro (Brasil), según Financial Times.
La desmovilización de cerca de 13.000 integrantes de la guerrilla prometía reducir la violencia y permitir que el Estado llegara a territorios históricamente abandonados. Sin embargo, una década después, el panorama es mucho más complejo. El informe publicado por el Financial Times plantea que el fin de las FARC como organización insurgente no significó el fin de las economías ilegales que financiaban la guerra. Por el contrario, abrió una disputa por el control de las rentas criminales que terminó fortaleciendo a nuevos actores armados.
La principal conclusión del análisis es que Colombia dejó atrás un conflicto dominado por una organización político-militar para entrar en una etapa caracterizada por grupos cuya motivación central es económica. La ideología perdió protagonismo frente al negocio.
La situación también ha llegado a nuevos mercados en Europa, un proceso que, según el medio citado, se aceleró durante el gobierno de Gustavo Petro. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó al Financial Times la existencia de bandas del crimen organizado, pero dijo que estas “se aprovecharon de la buena voluntad del gobierno para aumentar su producción”.
El control de estos grupos también abarca la minería ilegal de oro y el tráfico de personas. Además, el 50 % de los municipios de Colombia alberga la presencia de al menos un grupo armado, según la organización de investigación Acled.
La expansión de los cultivos de coca ha sido un factor clave en este fenómeno. De acuerdo con el informe, las mejoras en las prácticas agrícolas y la adopción de métodos de procesamiento más sofisticados han permitido obtener mayores cantidades de cocaína a partir de la hoja de coca. “Los laboratorios de cocaína, que antes eran estructuras destartaladas escondidas en la selva, ahora son más grandes y sofisticados”, señala el artículo.
Según cifras de la ONU, el área cultivada con coca aumentó cerca de un 50 % entre 2018 y 2023, hasta alcanzar las 253.000 hectáreas. El diario financiero sostiene que esta expansión está relacionada con la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato en 2015, una decisión que contribuyó al crecimiento de los cultivos ilícitos.
Y aunque esta medida provocó una caída en los precios de la coca en 2022, los grupos armados encontraron una manera de generar nueva demanda al expandirse hacia Europa, donde el consumo de cocaína ya se acerca a los niveles de Estados Unidos y continúa en aumento. En 2023, la Policía alemana incautó 35,5 toneladas de cocaína en la ciudad de Düsseldorf, un cargamento valorado en unos 2.600 millones de euros. La operación fue posible gracias a información suministrada por las autoridades colombianas.
Sin embargo, quizás la reflexión más importante del reportaje no gira alrededor de la cocaína, sino alrededor de la ausencia institucional.
Tras la salida de las Farc de amplias zonas rurales, especialmente en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander, el Estado no logró consolidar una presencia suficiente en materia de seguridad, justicia, infraestructura y oportunidades económicas. Ese vacío fue llenado rápidamente por estructuras criminales, disidencias guerrilleras y organizaciones narcotraficantes.
Otro aspecto relevante del análisis es que el aumento de la producción no puede explicarse únicamente por la expansión de los cultivos.
La industria de la cocaína se transformó tecnológicamente.
Nuevas variedades de coca, mejores prácticas agrícolas, laboratorios más sofisticados y métodos modernos de procesamiento permitieron multiplicar la productividad. Según datos citados por el periódico británico, el rendimiento por hectárea prácticamente se duplicó en las últimas dos décadas.
Esto significa que el narcotráfico ya no depende exclusivamente de sembrar más coca. También produce más droga a partir de la misma cantidad de hoja.
La transformación ha sido comparable a una modernización empresarial del crimen organizado, algo que explica por qué las estrategias tradicionales de erradicación han mostrado resultados cada vez más limitados.
La presencia del ELN y el Clan del Golfo.
El medio también pone en contexto, por ejemplo, la situación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantiene una importante presencia en Colombia y Venezuela y ha protagonizado ataques armados en distintas regiones del país.
También señala al Clan del Golfo, una organización creada por antiguos integrantes de grupos paramilitares que surgieron en la década de 1990 para combatir a las guerrillas. En la actualidad, esta estructura es considerada una organización criminal dedicada a actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
Quizás el elemento más interesante del debate es que ni los defensores de la negociación ni los partidarios de una ofensiva militar ofrecen respuestas simples.
Los grupos armados actuales son distintos a las antiguas guerrillas. Ya no operan exclusivamente desde campamentos aislados en la selva. Muchos están integrados en comunidades rurales, participan en economías locales y mantienen redes de apoyo construidas durante años.
Eso limita la efectividad de una respuesta exclusivamente militar.
¿Fallida paz total?
El Financial Times también menciona la política de Paz Total con la que Gustavo Petro llegó a la Presidencia. La iniciativa consistía en sentarse a negociar con las organizaciones criminales para alcanzar acuerdos que permitieran reducir la violencia.
Sin embargo, el diario señala que esta estrategia ha tenido “fallos fatales”, debido a la falta de coordinación y a unos objetivos que no han sido suficientemente claros.
El problema, según varios expertos citados por el Financial Times, es que muchos de esos grupos aprovecharon los espacios de negociación para fortalecerse territorialmente.
La crítica más frecuente no apunta a la idea de dialogar, sino a la falta de mecanismos claros para evitar que las organizaciones expandieran sus operaciones mientras las conversaciones avanzaban.
Los datos son difíciles de ignorar. Las autoridades estiman que el número de integrantes de grupos armados pasó de cerca de 13.000 en 2018 a más de 27.000 en la actualidad. Además, la extorsión y el secuestro han mostrado incrementos en varias regiones.
Eso explica por qué antiguos defensores del acuerdo de paz de 2016, como el exnegociador Humberto de la Calle, han expresado fuertes cuestionamientos a la implementación de la estrategia de Paz Total.
En ese contexto, mencionan al candidato presidencial Iván Cepeda, quien según el artículo, fue uno de los artífices de la Paz Total y “sigue creyendo que solo la negociación puede resolver la crisis”. El diario sostiene que su propuesta representa una continuidad de las políticas de Petro, aunque sin explicación clara de cómo pretende desarrollar esas conversaciones con los grupos armados.
También mencionan al abogado Abelardo de la Espriella, a quien describe como un candidato con “abundantes promesas” y ha descartado cualquier negociación, por lo que su discurso está centrado en capturarlos y fortalecer la acción de las Fuerzas Militares.
“Con doble nacionalidad estadounidense y colombiana, también aboga por un Plan Colombia 2.0, una nueva versión del programa de ayuda lanzado en el año 2000, mediante el cual Washington brindó una importante asistencia militar al gobierno de Bogotá para continuar su campaña contra las FARC”, se lee en el artículo.
Para el Financial Times, la segunda vuelta presidencial será determinante para elegir al dirigente que deberá enfrentar el desafío de combatir tanto la producción de cocaína como la violencia. El reto no se limita a departamentos históricamente afectados por el conflicto, como Meta, Caquetá, Arauca, Casanare, Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander, La Guajira y Antioquia, sino también a otras regiones donde la presencia de grupos armados y economías ilegales ha venido creciendo en los últimos años.
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