Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, es uno de los 16 exjefes paramilitares que decidió suspender su colaboración como gestor de paz del Gobierno. La colaboración del excabecilla del Bloque Cacique Nutibara es clave, entre otras cosas, para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín.
Los exparamilitares vienen acumulando una serie de desencuentros con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, encabezada por Otty Patiño. La colaboración de estos excapos estaría en vilo, afirmaron ellos, si continúan los incumplimientos del Gobierno.
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Michell Pineda es abogado de alias Don Berna y en diálogo con EL COLOMBIANO manifestó las preocupaciones que llevaron a su cliente a apartarse, de momento, de la política de paz total del presidente Gustavo Petro.
El abogado manifestó que la Oficina de Otty Patiño ha entrado en un proceso de “subversión” a las órdenes del presidente Gustavo Petro de retomar el proceso de Santa Fe de Ralito y que, por tanto, no se puede seguir sosteniendo relación con esa oficina.
“La última posibilidad que se daría, para que no se pare un proceso que ha sido de los más exitosos, es que el presidente retome los diálogos directamente”, apuntó Pineda.
Frente al caso puntual de Don Berna, el abogado señaló que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz no le ha dado las condiciones “mínimas” para que su cliente pueda continuar en las labores humanitarias que venía adelantando.
“Por ejemplo, hubo una visita de funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y, por la información de inteligencia que él recordaba (Don Berna), se logró establecer con claridad el cuadrante donde debían seguir las búsquedas de los desaparecidos. En diciembre se conoció la buena noticia de una recuperación de cuerpos”, apuntó Pineda
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El abogado aseguró que su cliente también venía entregando información de los bienes de justicia y paz.
“Imagínese todo lo que se pudo lograr si el Comisionado hubiese permitido, al menos por una sola vez, la comunicación por medios idóneos o la reubicación en una cárcel donde no tuviera el riesgo de ser castigado por otros presos”, apuntó Pineda.
El abogado aseguró que el 12 de diciembre del año pasado todo estaba listo para establecer comunicación. Afirmó, incluso, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había dado la autorización. Sin embargo, la Cancillería y la Oficina del Comisionado no entregó credenciales.
“Ese día se perdió la oportunidad de que él contara al país todo lo que estaba ocurriendo frente al proceso de La Escombrera. Ese es uno de los elementos que ayudan a probar que hay un trato asimétrico”, añadió.
