Un ejercicio de depuración de la Delegada de Seguridad Territorial y las directivas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) reveló que dentro de los más de tres millones de procesos activos, al menos 25.000 correspondían a personas fallecidas.
El hallazgo sorprendió incluso a los propios investigadores. Durante la revisión de expedientes, se detectaron casos en los que las indagaciones continuaban sin que nadie advirtiera que los implicados habían muerto hace años. Algunos llevaban más de una década en esa condición, pero sus expedientes seguían acumulando diligencias como si aún estuvieran vivos.
“Entre el universo de indiciados, de imputados que tenemos en la Fiscalía, hay miles de personas fallecidas, se hizo el ejercicio de cruzar con la base de datos de la Registraduría y traer de regreso acá, para mirar en cuántos de esos miles de casos deben ir a preclusión por muerte”, dijo el director del CTI, Fabián Andrés Ordóñez.
El informe, que pone en evidencia fallas en los sistemas de actualización de información judicial, también arrojó que los 25 mil procesos de muertos, estaban representados en denuncias, investigaciones de oficio o asignaciones especiales. En ese sentido, el funcionario explicó que para la entidad es un trabajo riguroso establecer en cada uno si las personas sigue con vida, sobre todo porque se trata de un escenario que todos los días suma denuncias.
“Son 44 informes de analistas criminales que sirvieron de base para la estructuración de los planes de priorización de las 35 direcciones de seguridad territorial, que hace la cobertura a la totalidad de los departamentos del país, así como los informes que también de análisis criminal sirvieron de base para estructurar los planes”, señaló el funcionario.
Por ahora, el CTI continúa con la depuración de los archivos para determinar cuántos otros procesos corresponden a personas que ya no pueden ser llamadas a juicio. Mientras tanto, este insólito episodio deja en el aire la pregunta relacionada con los casos “fantasmas” que siguen figurando en los registros judiciales de Colombia.