El país aún no tiene una sola verdad sobre lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando 35 guerrilleros del M-19 intentaron tomarse el Palacio de Justicia en una operación que terminó en desastre. Un violento episodio que dejó cerca de cien muertos y al menos once desaparecidos. Cuarenta años después, la verdad sigue siendo una colcha remendada con testimonios de sobrevivientes, imágenes difusas y versiones enfrentadas sobre lo que realmente pasó en el edificio en llamas.
Durante años, la verdad fue más un campo de batalla que una búsqueda colectiva. Tanto, que solo dos décadas después se conformó una Comisión de la Verdad para intentar descifrar lo sucedido y establecer responsabilidades. Pero incluso sus conclusiones se vieron envueltas en debate. Mientras los informes forenses reconstruyeron con el horror vivido por magistrados, empleados y civiles, las lecturas políticas y mediáticas siguen intentando moldear los hechos a conveniencia.
Y entre quienes más han contribuido a reabrir esa disputa está el presidente Gustavo Petro, quien en los últimos días desempolvó viejos archivos y videos para defender su versión sobre la responsabilidad del Estado en la tragedia. No es un actor ajeno a la historia: en 1985, Petro pertenecía a la cúpula del M-19, grupo que ejecutó el asalto. Por eso, cada vez que interviene en el tema, su palabra agita las heridas, generando una estela de manipulación del pasado.
En ese contexto, el informe de la Comisión, aunque tardío, conserva un valor determinante. Reconstruyó, con base en necropsias, testimonios y peritajes forenses, cómo murieron las 94 personas que perdieron la vida durante la toma y la retoma. No obstante, las causas de muerte solo pudieron ser establecidas con certeza en una minoría de los casos.
De los 94 protocolos de necropsia levantados entre el 7 y el 10 de noviembre de 1985, la causa de muerte se determinó únicamente en 42 cuerpos, mientras que la gran mayoría permanecen en la categoría de indeterminados, debido a la carbonización de los restos y a las graves irregularidades en el manejo de la escena.
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La Comisión subrayó que la dificultad para establecer la verdad forense se originó en la manipulación y ocultamiento de evidencia desde el mismo momento en que culminó la toma.
De los 42 casos documentados, se estableció que 36 murieron por impactos de arma de fuego. Por explosivos ocurrieron dos muertes directas, aunque al menos 13 cuerpos presentaban esquirlas incrustadas. Cuatro personas fallecieron por inhalación de gases y calor extremo.
Los demás cuerpos, especialmente los 60 hallados calcinados, quedaron sin una causa clara de muerte.
El documento concluye que las muertes se concentraron en tres momentos: el ingreso armado del M-19 en la mañana del 6 de noviembre, los hechos ocurridos en el cuarto piso durante ese mismo día y la operación militar de retoma ejecutada el 7. En cada fase hubo víctimas tanto por acción de la guerrilla como de la Fuerza Pública.
El ingreso violento del M-19
Durante el asalto inicial del M-19 murieron varios funcionarios y civiles alcanzados por disparos de fusil, entre ellos los vigilantes del edificio Edgar Gerardo Díaz Arbeláez y Eulogio Blanco, el administrador Jorge Tadeo Mayo Castro, el transeúnte René Francisco Acuña Jiménez y los policías José Fonseca Villada y Jaime Alberto Portilla Franco.
El devastador incendio del cuarto piso
El segundo momento de mayor mortalidad se produjo en la tarde del mismo día. Un incendio arrasó el cuarto piso del edificio, donde se encontraban la Sala Plena de la Corte Suprema y varias oficinas judiciales. Según el informe, de los 94 cuerpos levantados, 60 fueron hallados completamente carbonizados, 30 de ellos en ese nivel. Las irregularidades en el levantamiento y el avanzado grado de incineración impidieron determinar las causas exactas de muerte en la mayoría de los casos.
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Aun así, cita el documento, 20 cuerpos presentaban signos compatibles con lesiones por explosión, entre ellos el del magistrado Fabio Calderón Botero, cuyo cuerpo incompleto mostraba fracturas múltiples y fragmentos metálicos incrustados. Los estudios balísticos revelaron que al menos tres magistrados, Alfonso Reyes Echandía (presidente de la Corte Suprema), Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa, tenían proyectiles de armas no utilizadas por la guerrilla, lo que refuerza las dudas sobre el tipo de armamento empleado durante la retoma militar.
La masacre en el baño: operación rastrillo
El último episodio ocurrió el 7 de noviembre, en el baño del entrepiso entre el segundo y el tercer piso, donde cerca de 60 rehenes civiles, entre ellos magistrados, empleados y visitantes, permanecieron hacinados por más de 24 horas. Según la reconstrucción de la Comisión, ocho personas murieron allí o al intentar salir, la mayoría por lesiones de arma de fuego a corta distancia.
Los protocolos de necropsia de Aura María Nieto de Navarrete, Luz Stella Bernal Marín y Luis Humberto García arrojaron resultados positivos a pólvora, señal de disparos a menos de un metro, sin precisión sobre el responsable. En ese momento, había fuego cruzado entre Ejército y guerrilleros.
Entre los muertos también estaba el magistrado Horacio Montoya Gil, quien habría fallecido por una explosión provocada al momento de la entrada del Ejército, aunque su cuerpo también presentaba una herida de bala.
Muerte del magistrado Manuel Gaona
En ese grupo también figura el magistrado Manuel Gaona Cruz, integrante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Su muerte, ocurrida en las últimas horas de la toma, quedó registrada en los testimonios recopilados por la Comisión.
De acuerdo con el relato del conductor Jorge Reina, quien sobrevivió al asedio y permaneció junto a Gaona hasta el final, el magistrado se encontraba refugiado con cerca de sesenta rehenes en un baño del entrepiso del edificio. Allí permanecieron hacinados durante más de 24 horas, desde el mediodía del miércoles 6 hasta el jueves 7 de noviembre, en condiciones extremas.
El espacio, de apenas veinte metros cuadrados, se convirtió en una trampa mortal. Los rehenes soportaron el ruido de los disparos de fusiles, granadas y rockets, así como el estruendo constante de los tanques que atacaban desde el exterior. La oscuridad, el calor sofocante, la falta de agua y alimento, el olor de la pólvora y de los cuerpos heridos crearon un ambiente de asfixia y desesperación.
En su declaración ante la Comisión, Reina narró que en medio del caos escuchó una voz que ordenaba salir. Herido en una pierna, logró ponerse de pie y avanzar hasta la puerta del baño. Detrás de él, el magistrado Gaona intentó seguir las instrucciones de los insurgentes.
“Salí y me quedé en la puerta del baño. En esas salió entonces el doctor Gaona, y le dijeron: ‘Usted hágase allá por la orilla de la pared’. Él se hizo por la pared y por detrás le dispararon en la nuca”, relató Reina ante los investigadores.
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El testigo agregó que tras el disparo, el magistrado cayó al suelo sin vida. Los que intentaban salir detrás de él también fueron atacados. “Los que iban saliendo los iban asesinando en el descanso de la escalera”, afirmó. Para salvarse, Reina se lanzó al piso y se ocultó debajo de los cuerpos heridos y muertos.
El disparo que acabó con la vida de Manuel Gaona Cruz fue a corta distancia, por la nuca, y según el testimonio, provenía de los guerrilleros del M-19 que custodiaban el baño. Así lo consignó el informe de la Comisión de la Verdad, que incluyó su caso entre las muertes atribuibles al grupo insurgente durante la toma del Palacio de Justicia.
También se documentan los casos del abogado Carlos Horacio Urán y los empleados Lisandro Romero, Luz Stella Bernal, Aura María Nieto y Luis Humberto García, todos con heridas de bala a quemarropa, pese a que fueron vistos con vida tras la retoma bajo custodia de militares.
Responsabilidades
La Comisión de la Verdad estableció que las muertes del primer día fueron consecuencia directa del accionar del M-19, mientras que la mayor parte de las víctimas, incluidos magistrados, funcionarios y civiles, fallecieron durante la retoma militar. Los hallazgos forenses apuntan a un uso desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército y a posibles ejecuciones extrajudiciales, hechos que permanecen impunes cuatro décadas después.
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