Tras el fallo de absolución del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el presidente Gustavo Petro publicó varios mensajes en la red social X criticando la decisión de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá.
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El jefe de Estado dijo que supuestamente el fallo “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”.
Se trató de una clara interferencia en la separación de poderes públicos, pero también es una contradicción porque el presidente Petro dijo “respetar” las decisiones de los jueces cuando, en primera instancia, la jueza Sandra Heredia condenó al expresidente Uribe.
Ante estos pronunciamientos, el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermens Darío Lara, en entrevista con EL COLOMBIANO expresa su profunda preocupación por el comportamiento del mandatario y señaló que esos ataques son sistemáticos. Lara es, además, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, pero de una sala distinta a la que tomó la decisión de absolver al expresidente Uribe.
¿Qué opina la Corporación respecto a que un jefe de Estado cambie de parecer frente a una decisión judicial que le es incómoda o adversa, como se vio entre la primera y la segunda instancia del caso del expresidente Uribe?
“Nos parece que este aspecto específico se presenta como un ataque sistemático a las decisiones de los jueces en Colombia por parte del Ejecutivo y otras autoridades que no están de acuerdo con el sentido de los fallos.
Uno de los principios básicos de la independencia de poderes en una democracia es respetar y acatar las decisiones. Se pueden hacer críticas, obviamente, pero no deslegitimar las decisiones judiciales y jurídicas con argumentos eminentemente políticos. Estimamos que es importante que el país siga la senda de la civilidad y el respeto institucional, evitando ataques descalificantes, como ha sucedido con la última decisión del Tribunal Superior de Bogotá”.
Para que la ciudadanía lo entienda, ¿qué efectos tiene para un país que el propio jefe de Estado tenga ese comportamiento?
“Quiero homologar lo que ha sucedido en México con el presidente anterior, quien atacaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los jueces cuyas decisiones afectaban sus intereses. Esto deslegitima de manera infundada el principio de separación de poderes, porque los jueces no podemos responder con argumentos políticos; decidimos con nuestras providencias, que están a disposición de la comunidad. Ataques como estos, como ocurrió en México, descontextualizan el trabajo serio de las cortes y jueces.
El resultado en México fue que su Congreso, dominado por Morena, acabó con la carrera judicial y la Suprema Corte, enviando a todos los jueces a elección popular, cuyos representantes fueron puestos por el mismo movimiento político gobernante. Es trascendental que en Colombia la ciudadanía entienda que tener jueces independientes es garantizar los derechos fundamentales de todos y cada uno de los colombianos.
Son los jueces con independencia quienes asumen una posición de garantes frente a las actuaciones de la policía y de las diferentes autoridades. Esto es parte de una verdadera democracia: la defensa de los derechos humanos a partir de decisiones de jueces autónomos e independientes”.
En esa misma línea, ¿considera que el comportamiento que estaba describiendo, además de poner en peligro la democracia, también representa un riesgo para los propios magistrados y jueces?
“Total, no hay ninguna duda. Nuestra obligación es dar las decisiones de cara a la comunidad y al público, principalmente en audiencia pública.
Si la máxima autoridad de la nación, el Presidente de la República, descalifica una decisión como corrupción —como cuando se insinuó que si la Corte no cambiaba una decisión estaría manifiesto el ‘cartel de la toga’— está hablando de corrupción frente a quienes no podemos responder.
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Sabemos que hay personas que toman estas posiciones muy personales y es muy seguro que puedan atentar contra magistrados, jueces e incluso fiscales cuando ejercen su función y el tema no es del agrado de una autoridad”.
Trasladando el comportamiento del Ejecutivo a otros contextos, como la insistencia en “estirar la ley” para proponer mecanismos como la consulta popular o una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cree que esto tiene efectos negativos para la justicia?
“No me voy a referir puntualmente a eso porque es un tema eminentemente político y no me compete. Insisto en que, como Corporación de Jueces y Magistrados, hacemos estas intervenciones para destacar la necesidad de la independencia judicial. Sin embargo, un tema recurrente en muchos gobiernos de Latinoamérica es que los proyectos políticos chocan con las estructuras constitucionales y legales, y esto no gusta.
Muchos presidentes suben con el voto, tienen órganos legislativos a su favor y quieren implantar el sistema de mayorías en la justicia. Esta no es la forma de entender el poder judicial, porque la independencia y autonomía de los jueces se fundamenta en el respeto de los más desvalidos en la sociedad, aquellos que tienen menos posibilidad de ser defendidos frente al poder del Estado.
Allí está el poder judicial, haciendo lo propio. Hay muchas decisiones que se convierten en un ‘palo en la rueda’ para quienes ejercen ese poder político, lo que lleva a asaltar la Constitución.
Esto ha pasado con figuras como Bukele o Chávez, y sucede en Latinoamérica, sea un gobierno de izquierda o derecha; la visión siempre es que debe hacerse lo que ellos quieren y que nadie pueda oponerse. Este es un grave problema para las democracias en Latinoamérica y en otras partes del mundo”.
Hablando de la Corporación, ¿qué hace falta por parte del Ejecutivo y del Estado para mejorar las condiciones de los jueces y magistrados a nivel nacional?
“Por lo general, en estos países, la rama judicial es la ‘cenicienta’ del sistema constitucional. Siempre hay un déficit y una gran dificultad para que la justicia alcance lo que se necesita. Esto se evidencia en la falta de jueces.
Hay índices de Naciones Unidas y el Banco Mundial que señalan porcentajes requeridos de jueces por población, y estamos lejos de cumplirlos. Incluso, por ser miembros de la OCDE, deberíamos tener más jueces y mayores garantías, pero no cumplimos lo que la OCDE ordena. Algo puntual es que nuestro órgano de gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura, hace lo posible con los escasos fondos que entrega el Gobierno, los cuales son muy insuficientes para prestar el servicio de justicia.
También hace falta conciliar temas de procedimientos y de acceso a la justicia. El problema no se limita a los jueces: el tema penal involucra a la Fiscalía, la Policía Judicial y las personas privadas de la libertad en las cárceles. Hace falta voluntad política para ajustar estos temas. La Fiscalía está congestionada; los fiscales tienen 3.000 o 4.000 carpetas, y no hay suficiente policía judicial. La justicia no funciona porque no se dan los medios necesarios.
El problema no es cambiar la Constitución o las leyes, sino que, sin una voluntad política real para solucionar estos problemas puntuales y coyunturales, seguiremos igual o peor. El sistema tiene tal estrés que los juzgados están atiborrados, no por ineficiencia de los funcionarios, sino porque estamos sobrepasados”.
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