El brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate cuando comandó el Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre diciembre de 2007 y junio de 2009.
El oficial retirado ratificó ese reconocimiento durante las audiencias públicas que comenzaron el 30 de junio en Barranquilla y continuarán del 28 al 30 de julio en Valledupar, donde comparece ante las víctimas, la justicia y el país. Además, anunció que entregará las medallas que recibió por los resultados operacionales obtenidos durante ese periodo.
Con este reconocimiento, Hernández Martínez se convirtió en el octavo general retirado del Ejército Nacional que acepta su participación en asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate ante la justicia transicional. En total, 25 comparecientes ratificarán los reconocimientos de responsabilidad que previamente habían presentado por escrito y solo siete de ellos habían sido condenados por estos hechos en la justicia ordinaria.
Las diligencias hacen parte del Subcaso Costa Caribe de la JEP, que documentó el asesinato de 604 personas presentadas falsamente como bajas en combate en siete departamentos de la región entre 2002 y 2008.
Reconocimiento por los hechos ocurridos en el Batallón La Popa
Hernández Martínez estuvo al frente del Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre diciembre de 2007 y junio de 2009. Durante ese periodo, la unidad reportó 22 operaciones militares con un saldo de 37 bajas en combate. Sin embargo, la Sala de Reconocimiento estableció que 24 de esas muertes, cerca del 65 %, correspondieron a asesinatos presentados ilegítimamente como resultados operacionales.
La JEP le atribuyó responsabilidad como coautor mediato por asesinatos y desapariciones forzadas. De acuerdo con la investigación, el entonces comandante conoció denuncias reiteradas sobre irregularidades en las bajas reportadas por el batallón, contribuyó a su encubrimiento y permitió la continuidad de la estructura criminal al aprovechar la ausencia de controles efectivos, las falencias disciplinarias y la falta de investigaciones.
La investigación también estableció que el oficial retirado nunca fue investigado ni recibió decisiones judiciales en su contra por estos hechos en la justicia ordinaria. Durante su permanencia en esa unidad militar fue reconocido por sus resultados operacionales y, en abril de 2008, la Primera División del Ejército lo distinguió como la “figura del trimestre”.
Ahora, Hernández Martínez anunció que entregará las medallas que recibió por esos resultados. Durante la audiencia pública aceptó su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas.
“Comparezco hoy ante ustedes con profunda vergüenza, dolor y con pleno reconocimiento de responsabilidad por los crímenes atroces cometidos durante el grado de teniente coronel en el Batallón ‘La Popa’”, dijo.
Y añadió: “Con vergüenza reconozco que mi manera de ejercer el mando, la presión por los resultados que transmití, la estructura que mantuve, los resultados que validé y los controles insuficientes que permití, contribuyó esencialmente a que esta práctica criminal continuara”.
La JEP documentó un patrón criminal en la Costa Caribe
Según la investigación de la JEP, integrantes de distintas unidades militares de la Costa Caribe cometieron de manera sistemática asesinatos y desapariciones forzadas para presentarlos como bajas en combate. El tribunal concluyó que estas acciones respondían al propósito de mostrar resultados operacionales y que fueron ejecutadas mediante un sistema de presiones, incentivos y mecanismos de encubrimiento.
La investigación señala que los responsables utilizaron estrategias de hostigamiento, entrampamiento y engaño para captar y retener a las víctimas antes de asesinarlas.
Entre las víctimas identificadas por la JEP se encuentran 26 niñas y niños, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres, una de ellas embarazada.
El magistrado Óscar Parra Vera, relator del Subcaso Costa Caribe, indicó que los hechos documentados por la JEP en esta región elevan el universo de víctimas a aproximadamente 750 personas.
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“Con lo documentado por la JEP en esta región, el universo de víctimas asciende, aproximadamente, a 750 personas, lo que evidencia la dimensión de estos crímenes y la importancia de realizar estas dos jornadas de audiencia: la primera en Barranquilla y la segunda en Valledupar. Esta diligencia ha estado precedida por espacios de escucha, preparación y diálogo en los que las víctimas han ocupado un lugar central, no solo como destinatarias de justicia, sino como voces indispensables para comprender la profundidad del daño causado”, afirmó el magistrado.
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