Un documento presentado por presidencia ante el Tribunal de Cundinamarca plantea que los señalamientos de Petro sobre fraude no tendrían sustento técnico.
En días pasados, el presidente Petro ha vuelto a advertir sobre un supuesto riesgo de fraude electoral para las elecciones de este año. Sin embargo, La FM tuvo acceso a un documento oficial que plantea otra versión de los hechos.
Se trataría de una respuesta formal, incluida en un expediente judicial, presentada por la misma Presidencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En noviembre de 2025 en una acción popular tramitada ante la sección primera, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, el Gobierno habría tenido la oportunidad de demostrar con pruebas que las advertencias sobre fraude tenían sustento técnico. Sin embargo, no lo habría hecho.
La defensa presentada por Milton Alexander Dionisio Aguirre, asesor jurídico de Presidencia, mediante el oficio OF125-00221256 dejaría claro que lo dicho por Petro no era información objetiva, sino opiniones.
Según el mismo documento, las afirmaciones sobre el software, los kits electorales, los contratos y las empresas proveedoras no estarían respaldadas por auditorías, peritajes ni investigaciones oficiales. Cuando el demandante pidió las pruebas, no aparecieron, cuenta la emisora.
En este caso se estaría presentando un doble discurso: mientras Presidencia defiende la libertad de expresión ante los jueces, ante la opinión pública lanza advertencias acerca de un fraude electoral.
En el expediente, Presidencia habría citado jurisprudencia que establecería que, cuando un mandatario se expresa como opinador, no está obligado a demostrar nada. No obstante, al hablar como autoridad, sí debe respaldar sus afirmaciones.
Pero, en últimas, ¿desde qué posición o figura se encuentra hablando Petro, y cómo sabrían los colombianos cuándo distinguir una de otra?
Detrás del proceso estaría un grupo de abogados expertos en litigio estratégico con el acompañamiento de la Fundación Diplo. Durante este último año de Gobierno, esta red se ha encargado de diferentes iniciativas judiciales en temas como transparencia y confianza institucional, cuyo objetivo ha sido el de obligar a probar lo dicho por el primer mandatario en plaza pública.
En otras palabras, el objetivo de estas acciones ha sido trasladar ante los jueces lo que se dice en la plaza pública y obligar a que se pruebe. Sin embargo, se reitera que en este caso no se habrían presentado pruebas.
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El presidente lleva varios días cuestionando a diferentes entidades del Estado y de la sociedad civil como la Registraduría, la Misión de Observación Electoral (MOE), la Procuraduría y la Contraloría.
De hecho, se refirió concretamente a que “ya vivimos fraude, poniendo formularios con un guion; ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude, sino de desestimularlo”.
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En cuanto a la MOE, el presidente señaló directamente a su directora, Alejandra Barrios: “Alejandra fue amiga mía, pero la MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo”.
Por su parte, dijo a los entes de control: “No, señores de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría: es mentira que hace tres décadas se fortalece el sistema electoral; es una mentira a toda Colombia, burda, completamente falaz. Han caído dos códigos electorales aprobados por el Congreso y tumbados por la justicia”.
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