La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, salió al paso de las dudas planteadas por la fiscal Lucy Marcela Laborde, encargada del proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Laborde había expresado su preocupación por posibles intentos de interferir en la investigación, lo que llevó a la jefa del ente acusador a responder de manera oficial.
Camargo aseguró que bajo su administración “no existe ni existirá directriz alguna que afecte la autonomía e independencia de los fiscales”. Según explicó, las medidas adoptadas desde la dirección buscan acompañamiento y buenas prácticas, no interferencia.
El primer punto en desatar el malestar de la fiscal Laborde fue la designación de una fiscal de apoyo, el pasado 8 de septiembre, mediante la Resolución 33. La medida, según la Fiscalía, era un acto administrativo de rutina para “brindar orientación y asesoría jurídica”. Incluso, la misma funcionaria ya había colaborado con Laborde en procesos anteriores. Sin embargo, ante el rechazo de la fiscal encargada y su percepción de que se trataba de una intromisión, la resolución fue revocada el 22 de septiembre.
Otro tema que generó inconformidad fue la convocatoria a una mesa de trabajo realizada el 18 de septiembre. Laborde pidió explicaciones, pero la Fiscalía argumentó que se trataba de un procedimiento habitual, convocado por la fiscal 16 de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
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El objetivo, dijo la entidad, era evitar duplicidades, pues los hechos investigados por Laborde, presuntas irregularidades en contratos de la fundación Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico, guardaban relación con un caso adelantado por esa delegada, a partir de copias enviadas por el fiscal Mario Burgos.
La fiscal Laborde también se quejó por el manejo de solicitudes de la defensa de Nicolás Petro. La funcionaria aseguró haber conocido apenas en esa reunión dos memoriales que pedían aplazar la imputación hasta noviembre. No obstante, la Fiscalía aclaró que los documentos fueron enviados a su correo institucional desde el 9 de septiembre, y que además se remitieron formalmente un día después. “No se ocultó ninguna petición”, enfatizó Camargo, al señalar que incluso hubo respuesta oficial a esas solicitudes el 17 de septiembre.
En su pronunciamiento, la Fiscal General reiteró su respaldo a Laborde y garantizó que su labor “es, ha sido y será preservada”. La aclaración busca despejar cualquier sospecha de presiones internas.
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