La cifra parte de un diagnóstico del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (CREI), impulsado por el Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares.
Los ingresos anuales que perciben los grupos terroristas y de crimen organizado en Colombia rondan los 40,5 billones de dólares, una cifra que supera el Presupuesto General de la Nación.
Este es uno de los principales hallazgos del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (CREI), una estrategia lanzada por el Ministerio de Defensa para articular a todas las fuerzas y programas sociales del Estado en contra de las finanzas criminales.
“El problema de narcotráfico no solo se resuelve con armas, por eso estamos implementando la estrategia 30% de intervención de la Fuerza Pública y 70% de acción unificada del Estado. Y ese 30% debe ser con total contundencia contra las economías ilícitas”, declaró el ministro Pedro Sánchez, durante un evento público realizado este miércoles en Bogotá.
Desde el año pasado, el CREI viene elaborando un diagnóstico de las arcas delincuenciales, estimando que esos 40,5 billones de dólares ($149.443 billones de pesos) son la sumatoria de los ingresos del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro, entre otros rubros.
En Colombia, el Presupuesto General de la Nación para 2026 es de $546,9 billones de pesos, es decir, US136.700 millones de dólares, mucho más bajo que la cifra de los ilegales.
Los expertos recalcaron que, a pesar de los constantes golpes a estos grupos criminales, el flujo de dinero es constante, lo que les permite reconstruir rápidamente su estructura.
De acuerdo con información de la Fiscalía, en Colombia operan más de 2.000 agrupaciones de crimen organizado, desde las que actúan a nivel nacional (como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc), hasta aquellas que solo delinquen en un barrio o comuna.
Dentro de las recomendaciones del CREI, está la implementación de programas sociales y políticas públicas que permitan reducir la dependencia de las comunidades de aquellas economías ilícitas impulsadas por los grupos armados.
Esto se observa con especial preocupación en regiones como el Catatumbo, Bajo Cauca, Urabá, sur de Bolívar, Cauca y Nariño, donde los ingresos de gran parte de la población dependen de actividades ilícitas.
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