Ni insultos, ni amenazas, ni fotografías ofensivas, ni tocamientos sin consentimiento, tampoco estarán permitidas las consignas misóginas o pancartas de campaña que atenten contra la integridad o dignidad; todas las expresiones de violencia machista contra las mujeres que participan en procesos políticos serán castigadas y rechazadas legalmente. Estos son los detalles de la Ley 2453 de 2025 sancionada recientemente por el presidente Gustavo Petro.
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La discusión en torno a la violencia de género en la política colombiana ha estado álgida los últimos días: han aparecido mensajes en los baños del congreso denunciando acoso, y varias congresistas aseguran que el protocolo de género del congreso no funciona; además, durante la plenaria de la mujer, 11 proyectos fueron abandonados en la Cámara por falta de quorum.
Todos estos sucesos han puesto tenso el panorama político, y faltando menos de un año para que comiencen las elecciones presidenciales y legislativas, el Gobierno Nacional intenta frenar la brecha de género en el país. Una brecha que, por cierto, según ONU Mujeres, es más grande que el promedio en América Latina.
Además del presidente Petro, la ley fue firmada por los ministros Ángela María Buitrago (Justicia), Carlos Alfonso Rosero (Igualdad y Equidad) y Armando Benedetti (Interior).
El propósito, asegura el texto, es “establecer medidas para la prevención, atención, seguimiento y sanción de la violencia contra las mujeres en política, a fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos políticos y electorales y participen en forma paritaria y en condiciones de igualdad en todos espacios de la vida política y pública, incluidos los procesos de elección, participación ciudadana y representación democrática, democracia interna de las organizaciones políticas y en el ejercicio de la función pública, especialmente tratándose de los cargos de elección popular y los ejercidos en los niveles decisorios de las diferentes ramas del poder público y demás órganos del Estado”.
Esta ley aplicará en todos los niveles de la estructura y organización del Estado: en lo nacional, departamental, distrital, municipal, local y comunitario; además, también estará lista para ser aplicada durante las elecciones atípicas de 2025. Pero, ¿qué establece este nuevo texto?
Primero, define la violencia política como “cualquier acción, conducta u omisión que cause daño físico, psicológico o moral con la intención de restringir el ejercicio de sus derechos”. Además, establece que dicha violencia puede ser ejercida tanto en lo público como en lo privado, por lo que se juzgarán y evaluarán todos los casos que lleguen a presentarse sin importante dónde o cómo fue cometida la agresión.
Según las cifras entregadas por los congresistas al momento de aprobación del proyecto de ley en su último debate, cerca del 64 % de las mujeres que ostentan cargos de elección popular han sufrido conductas relacionadas con la violencia política, particularmente la restricción en el uso de la palabra (23,8 %) y la ocultación de recursos financieros o administrativos durante la gestión (22,31 %).
Es por eso que el proyecto también identifica diferentes tipos de violencia: “la violencia contra las mujeres en política puede incluir, entre otras, violencia verbal, física, sexual, psicológica, moral, económica o patrimonial, digital y simbólica”.
El último ítem, que establece la violencia simbólica, podría tomar vital importancia durante las jornadas de campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
La ley define la violencia simbólica como “aquella que a través de actos recurrentes de violencia contra las mujeres refuerza los estereotipos de género usando imágenes, gestos, comentarios, íconos o signos que reproducen la idea de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, sujetas a los procesos electorales y sus funciones públicas naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad y limitando su derecho a participar sin obstáculos en la vida pública”.
Es decir: los mensajes de campaña no podrán contener burlas hacia el físico de una mujer; tampoco podrá ridiculizarla por su forma de hablar o vestir, ni podrán sugerir que las mujeres son eslabones débiles frente a los hombres. Algo importante teniendo en cuenta que, en la lista de precandidatos, hay varios nombres de mujeres sonando, como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Vicky Dávila.
“La política no tiene porque ser un ambiente violento para nosotras las mujeres, debe ofrecer condiciones seguras para que podamos ingresar a procesos de liderazgo, en condiciones de equidad, sin reproducir patrones de subordinación”, dijo la representante Catherine Juvinao, una de las ponentes de la iniciativa, cuando la ley fue aprobada.
En caso de que alguna de las mujeres que participan en procesos políticos y electorales identifique que está siendo víctima de violencias basadas en género, podrán acudir a diferentes sanciones y medidas de reparación:
1. Medidas cautelares de restitución de los derechos limitados o menoscabados; en caso de haber sido censuradas, apartadas o no les hayan desembolsado un presupuesto equitativo.
2. Vinculación al Programa integral de Garantías a lideresas Defensoras de Derechos Humanos en cabeza del Ministerio del Interior y demás organismos de acompañamiento psicológico, político y social de las diferentes instancias del Gobierno.
3. La restitución inmediata en el cargo o función al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia política.
4. Retractación o rectificación y disculpa pública de los actos constitutivos de violencia contra mujeres en política empleando el mismo despliegue, relevancia y trascendencia que tuvo la agresión.
Además, la ley establece medidas para mejorar la equidad y seguridad dentro de los partidos políticos; no sólo en el ámbito de participación, sino también en el económico.
Todos los partidos están obligados a seguir las recomendaciones de la ley, mientras que las autoridades electorales estarán obligadas a promover el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas libremente, así como a identificar posibles amenazas y vulneraciones en los procesos electorales.
Además, las mujeres que sean víctimas de violencias basadas en género durante su ejercicio político, podrán acudir a otras leyes que las protejan y que establezcan penas y sanciones en la justicia ordinaria. Al mismo tiempo, podrán consultar y pedir ayuda con la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y las personerías.
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